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132.553 candidatos se inscribieron para las elecciones territoriales 2023 en todo el país

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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, informó que, con corte al 3 de agosto, se registra un total de 132 553 candidatos inscritos para participar en las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre y destacó el aumento del 13,73 % en el número de aspirantes inscritos, con respecto a los comicios de autoridades locales del 2019 (116 546).

“Se incrementó de manera muy amplia la inscripción de candidatos a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales. Se registró un aumento del 13,73 % frente a las elecciones del 2019. Ha sido un éxito la participación en Colombia y esto es un triunfo de la democracia y de la Organización Electoral”, dijo el registrador nacional.

De los 132.553 candidatos, 251 se inscribieron para el cargo de gobernador, 93 lo hicieron a través de coaliciones, 9 por grupos significativos de ciudadanos, 1 por movimientos sociales y 148 por partidos o movimientos políticos; y 3.894 candidatos se inscribieron para las Asambleas Departamentales: 1.201 por coaliciones, 33 por grupos significativos de ciudadanos y 2.660 por partidos o movimientos políticos.

Por su parte, para Alcaldías se inscribieron 6175 candidatos, de estos, 1821 lo hicieron a través de coaliciones, 168 por grupos significativos de ciudadanos y 4186 por partidos o movimientos políticos. Para Concejo, se inscribieron 106 429 aspirantes, así: 8050 por coaliciones, 1180 por grupos significativos de ciudadanos, 13 por movimientos sociales y 97 186 por partidos o movimientos políticos.

Para las Juntas Administradoras Locales (JAL) se inscribieron 15 804 candidatos, a través de coaliciones (1608), grupos significativos de ciudadanos (50), movimientos sociales (9) y partidos o movimientos políticos (14.137).

De las 132.553 candidaturas inscritas, 104 268 fueron aceptadas de manera presencial y 22 536 de forma digital. Las 5749 candidaturas restantes, no fueron aceptadas por el no cumplimiento de la totalidad de requisitos.

El Registrador Nacional señaló que, de los candidatos inscritos, 14.431 están entre los 18 y 25 años, 31.372 entre los 25 y 35 años, 35.321 entre los 35 y 45 años, 28.597 entre los 45 y 55 años, 16.971 entre los 55 y 65 años, y 5.861 de 65 años en adelante. Así mismo, sostuvo que, de los candidatos inscritos, 80 344 corresponden a hombres, es decir, el 61% y 52 209 a mujeres, equivalente al 39% del total de aspirantes.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, recordó que, hasta hoy, 4 de agosto, se podrá realizar la modificación de candidatos y listas de candidatos por renuncia o no aceptación. Además, explicó que ahora la Procuraduría General de la Nación revisará el listado de candidatos inscritos para detectar eventuales antecedentes e inhabilidades que luego estudiaría y declararía el Consejo Nacional Electoral.

Por último, es de recordar que el domingo 6 de agosto se publicará la lista definitiva de aspirantes a cargos o corporaciones de elección popular para el periodo 2024 – 2027, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral de estos comicios. “Estas cifras
reveladas hoy pueden variar. El martes de la semana próxima se entregarán las cifras
regionales”, enfatizó.

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

  1. ↩︎
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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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