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500 policías dispuestos a garantizar una navidad segura y más cerca al ciudadano

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Con una ceremonia policial, desde la plazoleta Coral Palace, el señor coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval, comandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presentó a la comunidad sanandresana el Plan ‘Navidad Segura’, más cerca del ciudadano, el cual a partir de hoy y hasta el próximo
16 de enero, tendrá como principal objetivo garantizar la seguridad y convivencia entre los residentes y visitantes al territorio insular.

Más de 500 Policías de las diferentes especialidades serán los encargados de volcarse a las calles y custodiar de manera permanente los escenarios preferidos por residentes y turistas para su sano esparcimiento; así mismo, se desarrollarán controles especiales, focalizados en temas específicos como, protección a la infancia y adolescencia, control a la venta de pólvora, acompañamiento a los establecimientos bancarios, recomendaciones a los turistas y actividades de prevención y seguridad vial. Esta labor policial, será instalada y ejecutada en cumplimiento a la estrategia presidencial, plan de choque, ‘El que la hace la paga’: más cerca del ciudadano.

En esta época de fin de año, turistas y residentes que disfrutaran de la majestuosidad del mar de los siete colores, podrán contar con la presencia permanente de las diferentes especialidades del servicio de policía, quienes además de velar por la seguridad de la ciudadanía, estarán prestos a brindar acompañamiento en cualquier requerimiento, “en estas fiestas estamos prestos a garantizar un servicio de policía más cerca del ciudadano”, concluyó el señor coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval, comandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Veeduría Heredad San Andrés señala presuntas investigaciones de la Fiscalía contra Naranjo Recycling

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En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.

El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.

Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.

La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia”, dice el artículo de la Veeduría Heredad San Andrés.

El Home Noticias

Heredad basa su nota en una publicación de El Home Noticias emitida el 11 de diciembre de 2023 y que, entre otras cosas, reseña sobre este tema que La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.

Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.

Las evidencias

En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.

De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo  Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.

Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.

No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.

Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».

Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.

Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?”, se pregunta El Home Noticias.

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Procuraduría pide acciones urgentes por nuevo naufragio de migrantes en San Andrés

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La Procuraduría General de la Nación lamenta los hechos acaecidos en la tarde del martes 09 de julio de 2024, en donde nuevamente una embarcación al parecer con 20 migrantes a bordo, naufragó en aguas del archipiélago de San Andrés, dejando preliminarmente como saldo cuatro personas desaparecidas, una víctima fatal y 15 personas rescatadas por la Armada Nacional, entre los que se encuentran seis menores de edad.

La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno. 

El ente de control había alertado, desde octubre de 2023, sobre la existencia de una ruta VIP que pasaba por este departamento del país con destino a Nicaragua. Es evidente que, a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Procuraduría, sigue siendo precario el control de ingreso a las islas y el zarpe de embarcaciones con destino a Centro América.

Esta ruta parece estar operando diariamente, sin ningún control por parte de las autoridades del archipiélago.

Reiteramos el llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago, así como a la DIJIN y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con celeridad en las investigaciones y la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes que operan en la isla.

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En protección de Bienestar Familiar niño migrante en San Andrés Islas

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como medida de restablecimiento de derechos, ubicó en hogar sustituto a un niño de 2 años, que viajaba junto con sus padres en un barco que transportaba población migrante y que naufragó en las aguas del archipiélago de San Andrés.

Una vez la entidad fue notificada de los hechos, designó a un equipo de Defensoría de Familia que activó la ruta de atención y verificación de derechos de seis menores de edad rescatados por las autoridades, cinco de los cuales fueron reunificados con sus familiares en la sede de Migración Colombia en la Isla.

En el caso del niño de 2 años, cuyos padres aún se encuentran desaparecidos, la autoridad administrativa decidió establecer contacto con los abuelos del niño, quienes residen en Ecuador, para brindarles acompañamiento psicosocial y orientarlos sobre el proceso que deben adelantar en Colombia para la reunificación familiar.

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