A la cárcel, mujer por porte ilegal de arma de fuego en San Andrés – El Extra
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A la cárcel, mujer por porte ilegal de arma de fuego en San Andrés

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Por solicitud de un fiscal de la Seccional San Andrés Isla, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Mónica Patricia Chaverra Víctor, quien al parecer portaba de manera ilegal un revólver y seis cartuchos calibre 38.

Su captura tuvo lugar el pasado 25 de marzo en el barrio Morris Landing, tras ser requisada por agentes de la Policía Nacional.

La Fiscalía imputó a la mujer, de 40 años, el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y municiones, al que no se allanó.

  • Información y foto publicada por la Fiscalía General de la Nación

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Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura de la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang

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Por: Antonio Colmenares

El pasado 10 de noviembre de 2026 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, específicamente la Sala de Decisión, resolvió admitir la solicitud de pérdida de investidura promovida por el señor Martín Emilio Cardona Mendoza contra la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.

Ordenó además, notificar personalmente a la accionada Elizabeth Jay-Pang Díaz, de acuerdo con la Ley y notificar al Ministerio Público.

Anota la admisión que se debe notificar a la parte solicitante, de acuerdo con la ley. 

Según el documento del Consejo de Estado, Martín Emilio Cardona Mendoza presentó solicitud de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, por la presunta violación del régimen de incompatibilidades relativas a las prohibiciones de gestionar asuntos particulares ante entidades públicas y de celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas que sean contratistas del Estado, respectivamente. 

Cardona expuso que, el 20 de abril de 2026, el Consorcio Parque Archbold cedió a Josef Concretes Ltda. derechos económicos hasta por $50.189.100, derivados del contrato de una obra pública relacionada con la construcción de escenarios deportivos. 

Se aseguró que el representante legal y socio mayoritario de la sociedad cesionaria era Norbert Vonblon Pomare, cónyuge de la congresista, y que esta última figuraba como gerente suplente de dicha sociedad. 

Según la argumentación, la Gobernación aceptó la cesión mediante la Resolución núm. 003483 del 29 de mayo de 2026. 

Se consideró entonces que la representante a la Cámara habría incurrido en la incompatibilidad del numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política, por su eventual intervención en las gestiones adelantadas ante la Gobernación para obtener la aceptación de la cesión.

  • Este es el Auto de la admision por parte del Consejo de Estado para la solicitud de perdida de investidura
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Dos personas capturadas en Maria La Baja (Bolivar) por presuntamente extorsionar con falsos perfiles en San Andrés para no publicar contenido intimo

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Un presunto esquema de extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería fue puesto al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que permitió asociar hechos delictivos que habrían afectado a por lo menos 14 personas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por estos hechos fueron judicializados Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, señalados de presuntamente contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería para persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido íntimo. Posteriormente, al parecer, exigían dinero bajo amenazas de divulgar el material en redes sociales y otras plataformas.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en otros casos los investigados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para intimidar a los ciudadanos y exigirles pagos a cambio de no atentar contra sus vidas.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables utilizaban diferentes identidades para establecer contacto con las víctimas y solicitaban transferencias de dinero a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.

La investigación permitió relacionar hechos ocurridos durante el último año y establecer, hasta el momento, un total de 14 personas afectadas, tanto hombres como mujeres. Los dos procesados fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el municipio de María La Baja, Bolívar, desde donde presuntamente se desarrollaban estas actividades ilícitas.

Una fiscal Gaula les imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ambos procesados no aceptaron los cargos. Por decisión de un juez penal de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía reiteró que la información se divulga por razones de interés general, en el marco de las investigaciones adelantadas para esclarecer estos hechos que habrían afectado a ciudadanos del archipiélago.

  • Información, fotos y videos fueron publicados por la Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría destituyó por 15 años a exagentes de la Policía por caso de la narco avioneta en Providencia

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia a bordo de una avioneta, en mayo de 2021.

En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que los entonces agentes fueron quienes se encargaron de embarcar el alcaloide en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que la aeronave iniciara su desplazamiento a la terminal aérea El Embrujo, que sirve a Providencia, lugar donde fue incautado por las autoridades.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados.

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