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Judiciales

Absuelto el ex congresista Julio Gallardo del escándalo de las computadoras cuando fue presidente de la Cámara

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al expresidente de la Cámara de Representantes Julio Eugenio Gallardo Archbold, condenado por el llamado cartel de la toga.

Gallardo fue absuelto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por el cual había sido acusado tras presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el representante legal de la Comercializadora Feralg Ltda y Alfredo Ape Cuello, sucesor del entonces presidente de la Cámara de Representantes.

El objeto del contrato, suscrito en agosto de 2016, se centraba en la adquisición de equipos de cómputo e impresoras, al igual que otros elementos informáticos con destino a los integrantes de esa Corporación.

En su momento, Dairo Antonio Tapia Mejía, apoderado judicial de la Cámara de Representantes presentó una demanda civil argumentando que esa corporación pudo verse afectada patrimonialmente por la conducta punible de Gallardo Archbold, así como el daño moral causado “por los escándalos de corrupción que se suscitaron con la celebración de ese contrato” y que alegaban presuntos sobrecostos en los mismos.

Gallardo Archbold también fue absuelto por el delito de peculado

El abril de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al expresidente de la Cámara del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo. La decisión se tomó luego de evaluar su participación en la firma de contratos de prestación de servicios entre 2005 y 2006.

El alto tribunal analizó cinco contratos en particular: 01 y 059 de 2006 y los contratos 265, 382 y 10 de 2005; y encontró que el contrato 01 de 2006 se ajustó a la ley y se realizaron las cuantificaciones de honorarios conforme a los criterios establecidos, sin evidencias de sobrecostos o detrimento patrimonial. “La celebración del contrato se ajustó a las previsiones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993″, afirmó la Sala.

En relación con los otros contratos, la Corte no encontró pruebas suficientes para demostrar culpabilidad alguna por parte de Gallardo Archbold, quien fue acusado de firmarlos con la intención de apropiarse de recursos estatales.

“No se demostró actuar doloso de Gallardo Archbold”, concluyó la Sala al referirse a los contratos 265 y 059 de 2006.Además, respecto a los contratos 382 de 2005 y 10 de 2006, “no se logró acreditar que el acusado los hubiese suscrito con conocimiento y voluntad de disponer de recursos estatales a favor de terceros”. Esta falta de evidencia favoreció la aplicación del principio de resolución de la duda a favor del acusado.

Por lo tanto, la Corte Suprema absolvió a Gallardo Archbold de todos los cargos. Este fallo se producía en un contexto donde varias de sus acciones como legislador estaban bajo la lupa de la justicia, principalmente debido a la interpretación de que los contratos suscritos eran innecesarios y contrariaban la política de racionalización del gasto público implementada en ese momento.

Su participación en el ‘cartel de la toga’

En otro proceso judicial, Gallardo Archbold no corrió con la misma suerte. Dentro del llamado cartel de la toga, fue condenado por cohecho. Un juzgado de circuito de Bogotá lo encontró culpable de entregar la suma de $200 millones entre 2014 y 2015, con el objetivo de influir en una investigación en su contra llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia durante su período como congresista entre 2014 y 2018.

De acuerdo con las investigaciones, el excongresista hizo llegar el dinero del soborno a través del abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, con lo que se pudo materializar el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Tomado de INFOBAE

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Incautan una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína en aguas de San Andrés

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Durante el desarrollo de actividades de patrullaje y control marítimo en el departamento del Archipiélago, la Armada de Colombia en una operación multinacional con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos – JIATFS, incautó más de una tonelada de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados a bordo de una motonave tipo Go Fast que navegaba de forma sospechosa y a gran velocidad aproximadamente a 107 millas náuticas de la isla de San Andrés.

La operación inició al recibir una alerta sobre la presencia de una embarcación sospechosa, momento en el que se desplegó una Unidad Reacción Rápida – URR de la Estación de Guardacostas de San Andrés, que luego de una intensa persecución interceptó la motonave y puso fin a su intención criminal. Durante la interdicción, los tripulantes de la motonave arrojaron al mar diferentes bultos, que fueron recuperados por personal de Guardacostas. Al interior de la embarcación fueron encontrados cinco tripulantes, tres de nacionalidad nicaragüense y dos costarricenses a bordo de la embarcación.

Posteriormente, los sujetos junto al alijo incautado fueron conducidos al muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés y puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.

Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la Prueba de Identificación Preliminar Homologada- PIPH, la cual arrojó resultado positivo para 1,1 toneladas de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Cabe destacar que las sustancias incautadas están avaluadas en el mercado ilegal en más de siete millones de dólares.

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Capturado sujeto que habría amenazado y hurtado a funcionario de la Fiscalía en San Andrés

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Al avalar los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal en la isla de San Andrés, un juez de control de garantías impuso aseguramiento en centro carcelario a Jordan Orlando Pusey Jones, de 33 años.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 1 de julio en un establecimiento público del barrio Loma Barack a donde llegó el procesado en compañía de otros hombres.

Al identificar que allí se encontraba un funcionarios de la Fiscalía, presuntamente lo amenazó con un arma de fuego por laborar en la entidad donde se adelantan varios procesos judiciales en su contra. Posterior a ello le hurtó una cadena de oro.

Durante el robo, Pusey Jones habría lesionado a otra persona que se encontraba departiendo en el lugar.

La Policía Nacional capturó al ahora procesado en el barrio Mattlina Hill a quien la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado agravado, amenazas contra servidor público, lesiones personales dolosas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuegos.

Ninguno de los cargos fue aceptado.

Pusey Jones presenta otras anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, hurto y amenaza de testigos.

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Tribunal Administrativo del Archipiélago decretó medida de suspensión provisional del acto de elección del alcalde de Providencia

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Por: Antonio Colmenares M.

El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, resolvió decretar medida de suspensión provisional del acto de elección de Alex Alberto Ramírez Nuza como Alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas para el periodo 2024-2027.

La solicitud de aplicar esta medida cautelar la hizo el demandante Gilbert Kenin Bush Brown, quien denunció una presunta doble militancia como causal de nulidad electoral.

El proceso apenas comienza con la aceptación del medio de control de nulidad electoral por parte del Tribunal, lo que supone que ahora las partes deberán presentar pruebas que permitan al Tribunal fallar de fondo sobre el tema.

Alcalde

El alcalde Alex Ramírez, por intermedio de su apoderado judicial “manifestó oponerse a la prosperidad de la medida preventiva, afirmó que las pruebas que fueron arrimadas con el medio de control son de carácter indiciario no siendo posible determinar los elementos mínimos de fecha, hora y lugar para determinar con certeza la existencia de la conducta prohibida alegada por el demandante, como tampoco presentó documentos, argumentos y justificaciones que permitan concluir y demostrar que resultaría más gravoso para el interés público, negar la medida cautelar que conceder la existencia de un perjuicio irremediable de no concederse la medida cautelar.

Sobre la calidad del soporte probatorio que justifica la medida cautelar reprochó de estos la falta de requisitos legales y técnicos aseverando que ni las fotografías arrimadas, como tampoco del video pueden determinarse los elementos de temporalidad y territorialidad necesarios para la doble militancia y que además el demandante pretende hacer valer como prueba unos vínculos o links a los cuales no es posible acceder y que no cumplen con las exigencias descritas en la Ley 527 de 1999. Que no hayan sido alterados o modificados,por lo tanto, no resultaría posible apreciarlos como pruebas que demuestren las narraciones hechas en el acápite de hechos.

Asegura que contrario a lo expuesto por el demandante, la figura de la doble militancia está determinada en la Ley tan sólo para partidos o movimientos políticos mas NO para movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos como sería del caso del demandado con su movimiento REDI.

Para el demandado se encuentra probado con la certificaciónCNE-S-2024-001280-DVIE-700 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que “el Movimiento Reverdecer para las Islas “REDI” no cuenta con personería jurídica vigente”, por lo tanto, no sería aplicable la figura de la doble militancia.

Alega que la corporación debe tomar una decisión similar a la tomada en el proceso con radicado8001233300020230005900 en auto 137 del día 24 de noviembre de 2023 ya que de lo contrario estaría contradiciendo el precedente horizontal con fuerza vinculante y que, para apartarse de él, el tribunal debería exponer la carga argumentativa que lo justifique”, dice el documento.

Medida cautelar

Es claro que las normas indican que la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Según la ley, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Pero también las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto y podrán ser decretadas de oficio.

Análisis del Tribunal

El Tribunal estudiará los requisitos de procedencia, iniciando por los generales o comunes de índole formal.

En relación con estos se observa que la solicitud de medida cautelar se efectuó en el marco de un proceso declarativo delos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. También se constata que la medida cautelar fue solicitada en el cuerpo de la demanda, razón por lo cual se acreditan los requisitos sobre la procedencia de la medida cautelar de índole formal.

Siguiendo con la línea de estudio de las medidas cautelares propuesta por el Consejo de Estado, ahora corresponde revisarlos requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material.

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