Judiciales
Admiten demanda contra la designación de un militar como el gobernador (e) de San Andrés
Fuente: El Espectador
Se trata del contraalmirante Juan Francisco Herrera, quien fue designado en ese cargo en octubre de 2018. La demanda dice que el oficial estaba inhabilitado para asumir como máxima autoridad del departamento.
El 19 de octubre de 2018 fue designado como gobernador encargado para el departamento de San Andrés el contraalmirante Juan Francisco Herrera. La decisión fue del gobierno nacional luego que por escándalos de corrupción se suspendiera y llevara a la cárcel al mandatario Ronald Housni Jaller y se recibió con polémica en la isla por tratarse de una persona externa al departamento. Ahora, el Consejo de Estado admitió una demanda en contra de su nombramiento.
La demanda la interpuso Leandro Pájaro Balseiro, quien argumentó que Herrera estaba inhabilitado para el cargo ya que para el momento de su designación se desempeñaba como comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, máxima autoridad naval militar el territorio, lo que iría en contravía de varias disposiciones legales como la Ley 617 de 2000.
En esa norma se dice que no podrá ser elegido o designado como gobernador quien en los 12 meses anteriores haya ejercido como autoridad política o militar del departamento. La acción judicial además afirma que la designación fue irregular porque el contraalmirante no fue postulado en una terna por el partido político al que pertenece el detenido Jaller.
“En esta omisión incurrió no sólo el actual gobernador encargado, sino la presidencia de la República al desconocer tanto los mandatos constitucionales como legales anunciados”, alegó el demandante. El despacho del magistrado Alberto Yepes Barreiro de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda quien pidió que den respuesta a estos argumentos tanto al gobernador, como a la Agencia Jurídica del Estado.
Juan Francisco Herrera tomó el cargo más importante del archipiélago, diez días después de que el Tribunal Superior de Bogotá enviara a la cárcel al gobernador suspendido Ronald Housni Jaller, junto a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, luego de que la Fiscalía lo solicitara para “evitar que entorpecieran la investigación”. A ambos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos; sumando un total de 39 cargos en su contra.
Antes de la imputación contra Housni, este había sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación en abril de 2018, por la crisis de salud que atraviesa el departamento. Tras la suspensión, pasaron como gobernadores encargados Sandra Howard, viceministra de turismo; y Alain Manjarrés, actual secretario de gobierno de San Andrés.
En procesos distintos, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes obtuvo sanciones privativas de libertad en contra de dos menores por sus responsabilidades en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Los hechos se registraron en diferentes sectores de San Andrés Isla.
La primera decisión judicial afectó a un adolescente de 17 años, quien con arma de fuego le quitó la vida a un hombre el pasado 2 de febrero en el barrio El Cliff.
Labores investigativas lograron establecer que la víctima llegó a su casa y cuando se disponía a guardar su motocicleta, fue sorprendido por el joven, que en compañía de otra persona le dispararon con arma de fuego.
Por disposición judicial, el menor estará privado de la libertad por tres años en un centro de atención especializado.
Asimismo, fue sancionado otro adolescente de 16 años por dispararle en seis oportunidades a un hombre, provocándole la muerte. El hecho sucedió el 3 de abril último, en el sector de Morris Landing.
De acuerdo con la investigación, el ataque se registró por rencillas entre la familia del
menor y la víctima.
Un juez de Infancia y Adolescencia determinó que el joven permanezca seis años privado de la libertad en un centro de reclusión de menores.
• Esta información la publica la Fiscalía General de la Nación por razones de interés general.
Un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar (Cavif) logró que un juez de control de garantías enviara a prisión a un hombre de 23 años por su presunta responsabilidad el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptó.
Los hechos están relacionados con las supuestas agresiones que le realizó el hoy procesado a su pareja sentimental de 36 años, el 5 de junio del presente año, en el barrio Obrero del archipiélago.
De acuerdo con la investigación, el hombre le habría pedido a la mujer que lo ayudará a conseguir un dinero prestado y como ella no le respondió, al parecer, la golpeó en su cabeza.
Momentos después, se presume que, la hirió con arma blanca en el brazo y con objeto contundente la golpeó de nuevo en la cabeza y el estómago hasta que perdió el conocimiento.
Vecinos que se encontraban cerca de la residencia, lograron auxiliarla y trasladarla al hospital donde le brindaron atención médica.
El procesado que fue capturado el pasado 7 de septiembre, en el barrio Black Dog por funcionarios del CTI de la Fiscalía.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en su contra a más de cinco años de prisión por entregar una millonaria suma de dinero para intentar entorpecer una investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra el exrepresentante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo Archbold, congresista entre 2014 y 2018, por intentar utilizar el engranaje corrupto del cartel de la toga a su favor, la cual torcía expedientes en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados y abogados, a quienes congresistas y gobernadores investigados pagaban millonarios sobornos. La decisión la tomó el Tribunal al confirmar la decisión de primera instancia que había tomado el 30 de junio de 2022 el juzgado noveno penal del circuito de Bogotá.
La investigación confirmó que Gallardo Archbold sostuvo reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno (exfiscal anticorrupción), entre 2014 y 2015, y le entregó $200 millones para que intercediera y buscara la forma de favorecerlo en un proceso penal que se seguía en su contra. Este dinero fue repartido entre Moreno y el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos.
Con la entrega del dinero, según la hipótesis del caso, Gallardo Archbold esperaba que una pesquisa en su contra quedara archivada en la Corte Suprema. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y el excongresista pidió a Moreno la devolución del dinero. Este último le regresó el soborno, pero igual lo mencionó una vez empezó a ventilar nombres para recibir beneficios judiciales.
A través de un comunicado, el ex Representante Julio Gallardo se pronunció ante el anuncio del Tribunal:
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