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Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas II

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Por Alberto Escobar Alcalá

Cuando hacia entrega de escrito titulado «Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas», dando un parte de calma por haber cesado el peligro por las fueres brisas producidas por el coletazo del huracán ETA, con los respectivos daños patrimoniales que había causado a las personas apostados en el borde costero sur-oeste. Lejos estaba de imaginarme que, sobre las islas, se precipitaba un torrencial aguacero que inundo a una gran parte de la población del sector norte, identificados como el Distrito 4, que comprende los barrios Back Road, School House, Natanias, Serranilla y otros aledaños que cada cuanto llueve copiosamente estos sectores sufren con los estragos que les dejan en sus residencias.

 

Esta problemática tiene su origen en la mala o nula planificación, cuando la clase política se dio a la tarea de realizar soluciones de viviendas comunitarias, sin tener en cuenta el daño que se hacía al frágil ecosistema, taponeando los desagües naturales, conocidas por su nombre original con «Cave» (Cuevas): Gully» (Arroyos), que, al construir por encima de ellos, se impidió que las aguas pudieran continuar su desagüe natural.

 

El problema está creado y como dice el adagio popular «no hay que llorar sobre la leche derramada». Esta problemática ha sido preocupación de las distintas administraciones, algunos con paliativos como entregarles a las Juntas de Acciones Comunales bombas eléctricas para que realicen el desagüe de las aguas cada cuanto llegan las lluvias. El gobierno que presidio la doctora Aury Guerrero Bowie, que en la campaña los acompaño con frazadas y otras ayudas por la inundación que ocurrió en el año 2011, y fue así que en su gobierno se creó un proyecto para darle una solución definitiva a través de alcantarillado pluvial, que conocí y supe que fue presentado al gobierno nacional, con el que se comprometió el expresidente Santos a conseguir los recursos necesarios para su financiación como gestión del alto gobierno. El proyecto para ese año tenía un costo en la suma de treinta y nueve mil millones de pesos ($39.000.000.oo), que posterior y sorpresivamente el Ministro Vivienda, Agua y Territorio para la época doctor German Vargas Lleras, le cambio el origen de los recursos, y condicionó la financiación del proyecto a que saliera de las partidas que le correspondían al Departamento en la Comisión Nacional de Regalías, y desde allí empezaron los tropiezos de la necesaria obra que le  daría  solución definitiva a las inundaciones en esos barrios.

 

Traigo como anécdota,  que cuando vino el expresidente Juan Manuel Santos Calderón a acompañarnos por la pérdida de los 75.000 kilómetros de Mar Terrorial, en las reuniones que se hicieron  en el centro de convenciones del hotel Acuarium, tuve la oportunidad de recordarle al señor presidente que cuando el venía a las regiones se hacían importantes anuncios pero cuando él se iba quedaban enredados en los mandos medios y mencioné de manera explícita el apoyo en que se había  comprometido con el alcantarillado pluvial. Lo que me valió una reprimenda presidencial, recordándome que el gobierno central cumplía con sus compromisos, posición que fue segundada por el recién llegado a la Consejería para las Regiones Alejandro Char, quien manifestó que todo estaba acordado con el gobierno departamental, pero no se volvió saber nada el proyecto. Traigo esto a colación para significar que esta problemática siempre ha estado en la preocupación de los distintos gobiernos.

 

Ahora corresponde buscar el proyecto donde quiera se encuentre y ponerlo sobre la mesa de las discusiones en la solución de los problemas que aquejan al Archipiélago y de seguro se trataran con la visita presidencial.

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Veeduría Heredad San Andrés señala presuntas investigaciones de la Fiscalía contra Naranjo Recycling

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En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.

El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.

Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.

La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia”, dice el artículo de la Veeduría Heredad San Andrés.

El Home Noticias

Heredad basa su nota en una publicación de El Home Noticias emitida el 11 de diciembre de 2023 y que, entre otras cosas, reseña sobre este tema que La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.

Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.

Las evidencias

En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.

De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo  Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.

Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.

No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.

Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».

Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.

Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?”, se pregunta El Home Noticias.

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Procuraduría pide acciones urgentes por nuevo naufragio de migrantes en San Andrés

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La Procuraduría General de la Nación lamenta los hechos acaecidos en la tarde del martes 09 de julio de 2024, en donde nuevamente una embarcación al parecer con 20 migrantes a bordo, naufragó en aguas del archipiélago de San Andrés, dejando preliminarmente como saldo cuatro personas desaparecidas, una víctima fatal y 15 personas rescatadas por la Armada Nacional, entre los que se encuentran seis menores de edad.

La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno. 

El ente de control había alertado, desde octubre de 2023, sobre la existencia de una ruta VIP que pasaba por este departamento del país con destino a Nicaragua. Es evidente que, a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Procuraduría, sigue siendo precario el control de ingreso a las islas y el zarpe de embarcaciones con destino a Centro América.

Esta ruta parece estar operando diariamente, sin ningún control por parte de las autoridades del archipiélago.

Reiteramos el llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago, así como a la DIJIN y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con celeridad en las investigaciones y la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes que operan en la isla.

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En protección de Bienestar Familiar niño migrante en San Andrés Islas

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como medida de restablecimiento de derechos, ubicó en hogar sustituto a un niño de 2 años, que viajaba junto con sus padres en un barco que transportaba población migrante y que naufragó en las aguas del archipiélago de San Andrés.

Una vez la entidad fue notificada de los hechos, designó a un equipo de Defensoría de Familia que activó la ruta de atención y verificación de derechos de seis menores de edad rescatados por las autoridades, cinco de los cuales fueron reunificados con sus familiares en la sede de Migración Colombia en la Isla.

En el caso del niño de 2 años, cuyos padres aún se encuentran desaparecidos, la autoridad administrativa decidió establecer contacto con los abuelos del niño, quienes residen en Ecuador, para brindarles acompañamiento psicosocial y orientarlos sobre el proceso que deben adelantar en Colombia para la reunificación familiar.

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