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Judiciales

Arresto por irrespetar a un juez durante una audiencia es constitucional: Procuradora Margarita Cabello

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que las medidas de arresto establecidas en las jurisdicciones civil y penal para quien le falte el respeto a un juez durante una audiencia o impida u obstaculice la realización de una diligencia se ajustan a la Constitución.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público indicó que las normas demandadas, contempladas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 44) y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, art. 143), señalan claramente las conductas que pueden dar lugar a la imposición de un arresto y respetan las exigencias de los principios de tipicidad y proporcionalidad.

Precisó que las disposiciones examinadas estipulan un procedimiento para la imposición de esa sanción, que incluye escuchar al interesado y motivar la decisión, lo cual restringe la arbitrariedad y el autoritarismo del funcionario judicial, cuya decisión en todo caso está sometida a diversos controles.

La Procuradora sostuvo que la sanción de arresto es idónea para cumplir con la finalidad planteada, pues “se logra razonablemente motivar a los ciudadanos a no lesionar la majestad de la justicia y facilitar el correcto desarrollo de las causas jurisdiccionales”, recalcó.

Puntualizó que la disposición examinada “resulta necesaria, porque no existe una medida igual de eficaz para lograr la finalidad perseguida y menos lesiva para los derechos fundamentales”.

El Código General del Proceso contempla una sanción de arresto de hasta 15 días a quien obstaculice o impida la realización de una audiencia, mientras que en el Código de Procedimiento Penal es hasta por 30 días. Entre tanto, ambas jurisdicciones establecen un arresto de hasta cinco días por irrespetar a los jueces de la República durante una diligencia.

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Procuraduría inhabilitó por 13 años al ex Gobernador Everth Hawkins y al ex secretario de salud Julián Davis por contrato de publicidad en la pandemia

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 13 años al exgobernador de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins y al exsecretario de salud del departamento, Julian Roberto Davis Robinson, por irregularidades en un contrato por alrededor de $ 500 millones.

El Ministerio Público confirmó que los funcionarios suscribieron y avalaron la firma de un contrato de prestación de servicios con la Noel Foto S.A.S., y su representante legal, Henry Ramírez García, para la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas.

La entidad ratificó que en el bilateral el disciplinado incurrió en detrimento del patrimonio público por el valor de $ 204.700.003, lo equivalente al 41 % de los recursos, los cuales habrían sido invertidos en propaganda audiovisual y radial para la difusión de la situación sanitaria y medidas de protección ante el virus de COVID-19.

El ente disciplinario confirmó que el servicio gratuito correspondía a la realización de radiodifusión sonora, por los operadores o programadores de televisión y por los demás medios de comunicación masiva, según lo había dispuesto el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país, razón por la cual, no se necesitaba de la suscripción del negocio jurídico y pago alguno con cargo a recursos públicos.

Además, se verificó en fallo de primera instancia que, el exsecretario certificó y aseguró que cada una de las actividades del contrato 291 de 2020 se habían llevado a cabo de manera satisfactoria, cuando se verificó que fue innecesario pagar la prestación de estos servicios en la isla.

Finalmente, la procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta de los servidores como gravísima, a título de dolo por vulnerar los principios de moralidad administrativa y de economía.

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A la cárcel en San Andrés hombre que habría abusado sexualmente de una mujer

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Por solicitud de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la isla de San Andrés, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Doniguel Enrique Torres Pacheco, quien habría abusado sexualmente de una mujer.

De acuerdo con la investigación, el hombre transportaba en su motocicleta a la víctima, de 20 años, pero al parecer la hizo descender en un sector despoblado y mediante el uso de la fuerza la habría accedido carnalmente. Este hecho tuvo lugar el 7 de septiembre de 2023, en el sector de Tom Hooker de la isla.

Torres Pacheco de 32 años, fue capturado mediante orden judicial el pasado 16 de febrero y la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento, el cual no aceptó.

Por disposición judicial su reclusión se llevará a cabo en la Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés.

• Información publicada por la Fiscalía General de la Nación

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A la cárcel, tercer capturado por homicidio en medio de un velorio en Matlina Hill

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Tras valorar el material probatorio recaudado por un fiscal de la Unidad de Vida en la isla de San Andrés, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad a Keiner Junior González Quejada, alias C Pequeño, quien habría participado en un ataque con arma de fuego a un grupo de personas que asistían a un velorio.

Este hecho ocurrió el pasado 21 de enero en el sector de Loma de Perry Hill, donde el procesado, al parecer, desde una motocicleta disparó contra los presentes. En el ataque resultó muerta una mujer 60 años y por este crimen ya se encuentran privados de la libertad, Fanor Monroy Olivo y Ryan Víctor Mora Meriño.

En un allanamiento realizado por la Policía Nacional este 15 de febrero, en el sector de Orange Hill, fue capturado el hoy procesado, de 18 años.

La Fiscalía imputó a González Quejada por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, a los que no se allanó.

El indiciado cumplirá su detención preventiva en la Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés.

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