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Auditoría General de la República empoderó a Contralorías Territoriales a ejercer control inmediato sobre recursos invertidos para atender crisis

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Esta medida se adopta teniendo en cuenta lo dispuesto la Ley 80 de 1993 y a las medidas que se deben adoptar tras la declaratoria de la urgencia manifiesta.

Dando cumplimiento a los dispuesto en los Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, en lo que respecta a la obligación que tienen los sujetos de control de enviar la documentación relacionada a la declaratoria de una urgencia manifiesta al funcionario u organismo que ejerzan la función de vigilar el buen uso de los recursos públicos, y tras el anuncio de la Auditoría General del República en la que empodera a los organismos territoriales de control fiscal en el país, la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encargada de vigilar y salvaguardar los recursos públicos del departamento, se permite informar a la comunidad que viene trabajando arduamente para hacer seguimiento a los contratos que se han suscrito en el departamento y en el municipio de providencia para enfrentar la crisis del COVID-19.

“Es importante comunicarle a la comunidad que estamos haciendo el trabajo de control fiscal como nos corresponde y como lo indica la Ley, y con el respaldo y empoderamiento de la Auditoria General de la República estamos haciendo el control inmediato sobre la urgencia manifiesta y los recursos invertidos para atender la crisis, de allí que ya tengamos el consolidado de todos los contratos que ha celebrado tanto por la Gobernación de San Andrés, como la alcaldía del municipio de Providencia para enfrentar la crisis” explicó Justiniano Brown Bryan Contralor General del Departamento.

Con el respaldo, las competencias y lineamientos impartidos por la Auditoría General de la República a los entes de control en los territorios, el ente de control fiscal de los isleños obtiene la facultad de hacer un seguimiento para verificar la transparencia e idoneidad de los mismos, y si dan lugar a una revisión, serán incluidos en el Plan General Anual de Auditorias el cual ya se encuentra en la etapa de reformulación.

De acuerdo a los informes remitidos, el ente de control fiscal pudo conocer que a la fecha la Gobernación de San Andrés, mediante Decreto 128 del 18 de marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria, y bajo la figura de urgencia manifiesta ha celebrado ocho (8) contratos por valor de $5.271.832.400 pesos.

Entre tanto, con el informe remitido por la alcaldía municipal de Providencia, la Contraloría General del Departamento pudo establecer que la administración municipal a la fecha ha celebrado cuatro (4) contratos amparados en el Decreto 042 de 2020 por medio del cual declaro la urgencia manifiesta, la suma de estos contratos ascienden a los $515.584.680 pesos.
Cabe señalar que, una vez el ente de control fiscal fue notificado por los sujetos de control señalados, inició con su equipo auditor la revisión de la información, para lo cual solicitará en los próximos días toda la documentación que soporta el proceso contractual, desde la celebración hasta la efectiva ejecución.

“La revisión y el seguimiento a estos contratos lo haremos como lo indica y nos faculta la Ley y el régimen de control fiscal vigente, esto permitirá a la entidad tener la capacidad y la claridad para determinar si han existido o no irregularidades en la contratación para atender esta emergencia” puntualizó Brown Bryan.

Son más de 5 mil 700 millones de pesos que se han invertido en el territorio insular para atender la crisis, lo que obliga a la Contraloría General del Departamento a cumplir con su misión de estar vigilante para salvaguardar los recursos de los isleños teniendo en cuenta que la crisis sanitaria aún persiste y que, a la fecha, tanto gobernación como alcaldía continúan celebrando contratos para atender la emergencia y garantizar el bienestar y la salud de la comunidad isleña.

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Isleños a brodo de crucero piden a gritos que se les permita desembarcar en el Archipiélago.

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Semanario El Extra conoció en exclusiva estas fotografías de los 52 sanandresanos y providencianos que se encuentran a bordo de un crucero de la Royal Caribbean, y que llevan varios meses en cuarentena a bordo de la embarcación.

Los isleños le piden al Gobierno Nacional y Departamental que se acelere la gestión para descender en San Andrés, esto debido a que ayer partieron de Puerto Limon (Costa Rica) hacia Honduras.

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Gobernador convocó a la Asamblea Departamental para sesiones extraordinarias

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A través del decreto 161 de 2020, el Gobernador del Departamento Evert Hawkins Sjogreen, convocó a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias por un espacio de 25 días.

Las sesiones que se iniciarán a partir de este jueves 07 de mayo a las 5:00 p.m. busca
que la duma del departamento estudie iniciativas que requieren tener el concurso de
la corporación del archipiélago para tener definido el norte con que sep royectará
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO, y es el proyecto de ordenanza por medio del cual
se adopta el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

Asi mismo, el gobernador del departamento estará presentando otro proyecto de
ordenanza pormedio del cual la Asamblea Departamentalle otorga facultades
Protempore.

El decreto igualmente contempla que las sesiones se realicen bajo todas las medidas
estrictas de bioseguridad que se requieren, es decir manteniendo los espacios entre
personas, uso de tapabocas y de gel antibacterial, esto con el fin de acogerse a las
medidas adoptadas por el gobierno nacional y departamental.

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ABC: Nuevas medidas para proteger el empleo

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El Gobierno declaró la ampliación de la emergencia económica con el fin de seguir mitigando los efectos de la pandemia. En aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas, se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan tenido una reducción del 20% en su facturación.

De igual forma, se aplaza para diciembre el pago del impuesto de renta que está próximo a causarse. A continuación, se explican estas medidas:

¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio?

Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas, frente al mes de abril de 2019. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero cuando el COVID-19 no estaba en el país.

La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo una reducción del 20% en la facturación

¿Qué tiene que hacer una empresa para aplicar al subsidio?

La empresa debe tener bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite. Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto.

Es necesario aclarar que el sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.

Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PILA

¿Cuál es el costo de la medida y de dónde saldrán los recursos?

El subsidio tendrá un costo aproximado de $2 billones mensuales, es decir, cerca de $6 billones para los tres meses que regirá la medida. Los recursos vienen de los esfuerzos del Gobierno de conseguir recursos a través de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.

¿Cuánto es el monto del subsidio?

El monto es de $350 mil mensuales por empleado.

¿Cuándo empezará a regir la medida?

Se está trabajando para que la medida sea efectiva a partir de la primeralisto quincena de mayo.

¿Cuántos empleados se verán beneficiados?

Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida

¿Cómo se asegurará el Gobierno que el subsidio esté siendo utilizado para pagar nómina?

En el segundo giro se confirmará a través del sistema PILA que efectivamente los recursos se utilizaron para pagar nómina.

Adicionalmente, se puede verificar posterior a esta situación si se hizo el pago al empleado.

Quienes no dirijan los recursos al pago de la nómina estarán cometiendo el delito ‘fraude a subvención’, tipificado en el código penal.

¿En qué consiste el aplazamiento del impuesto de renta?

Básicamente el impuesto de renta está próximo a causarse. Para dar flujo de caja a las empresas, esta obligación se aplazará para diciembre, cuando esperamos que esta situación esté mejor.

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