Aumento salarial de servidores públicos para 2026 será del 7%  – El Extra
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Aumento salarial de servidores públicos para 2026 será del 7% 

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El Gobierno Nacional expidió los decretos que fijan el aumento salarial del 7% para este 2026 de los servidores públicos que laboran en las entidades nacionales de las ramas Ejecutiva y Judicial. El incremento también se aplica a los docentes.

Este ajuste salarial se había fijado desde abril de 2025 en la Mesa de Negociación del Sector Público que está integrada por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales.  

En la negociación que ocurre cada dos años, se pactó que para este 2026 se tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más el 1,9%. La inflación anual del país contabilizó el año anterior 5,1%. 

El aumento salarial de la Rama Legislativa (Senado y Cámara de Representantes) así como para uniformados, empleados oficiales y servidores de entidades territoriales, se fijará de acuerdo con la autonomía de la que gozan, pero deberán tomar como referencia lo acordado en la Mesa de Negociación del Sector Público. 

Los decretos también señalan que el incremento salarial tiene retroactivo, es decir, que deberá aplicarse y pagarse el incremento desde enero de este año. 
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Los decretos además de la firma del presidente de la República, Gustavo Petro; están firmados por del ministro de Hacienda, Germán Ávila y la directora de Función Pública, Mariella Barragán.

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Procuraduría investiga e ex Gobernadores de San Andrés por presunto incumplimiento en fallo de tutela: Nicolás Gallardo le respondió a la Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores del Archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026), por el presunto incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba adoptar medidas para mitigar los efectos de la sobrepoblación y garantizar condiciones adecuadas de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la administración de Everth Hawkins se habrían omitido acciones necesarias para cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, particularmente en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), el control de construcciones ilegales y barrios subnormales, así como la regulación del crecimiento del parque automotor.

En cuanto a Nicolás Gallardo, la Procuraduría cuestiona el presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas específicamente con el control del ingreso y crecimiento de vehículos, motocicletas, mulas y carros de golf en el departamento.

LA RESPUESTA DE NICOLÁS GALLARDO

Tras conocerse la formulación de cargos, en un documento de respuesta se relacionaron las actuaciones adelantadas durante la administración de Nicolás Gallardo para atender la problemática del crecimiento del parque automotor.

Entre las acciones expuestas se encuentra la realización del censo vehicular de 2024 y la presentación ante el Tribunal Administrativo de un informe comparativo entre los censos de 2017 y 2024, en el que se evidenció un incremento del 8,75 % del parque automotor durante ese periodo.

Asimismo, se indicó que la administración solicitó al Tribunal Administrativo una medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Esta petición fue acogida mediante auto del 26 de mayo de 2025, que ordenó la restricción por un periodo de tres meses.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, se solicitó una prórroga de dicha medida por dos años. Sin embargo, mediante auto del 6 de abril de 2026, el Tribunal negó la solicitud.

El documento también señala que el 2 de junio de 2026 la administración volvió a acudir al Tribunal para reiterar la necesidad de adoptar medidas de regulación del ingreso vehicular.

Adicionalmente, se informó sobre una solicitud formal presentada ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el Archipiélago, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad.

  • Carta del Ex Gobernador Nicolás Gallardo en respuesta a la Procuraduría

SIN PRONUNCIAMIENTO CONOCIDO DE EVERTH HAWKINS

En el caso del exgobernador Everth Hawkins, hasta el momento no se conoce una respuesta pública frente a los señalamientos formulados por la Procuraduría en este proceso disciplinario.

La entidad calificó provisionalmente las faltas atribuidas a ambos exmandatarios como graves, a título de culpa grave.

El proceso disciplinario deberá continuar su curso para determinar las responsabilidades correspondientes, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados.

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Procuraduría envió a juicio disciplinario al exsecretario de Infraestructura Cristian Cañón quien habría ejercido el cargo estando inhabilitado

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024 -2026), Cristian Fernando Cañón Bernal, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.

Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la corporación autónoma Cardique.

La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.

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Armada Nacional capturó 44 hondureños por pesca ilegal en aguas del Archipiélago

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La Armada Nacional, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capturó a 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, en inmediaciones de isla Cayo Serranilla, al norte del archipiélago. Durante la operación fueron incautadas 20 embarcaciones menores, equipos de buceo y 241 kilogramos de recursos marinos.

El procedimiento se inició cuando el buque de la Institución Naval detectó una embarcación pesquera que operaba como buque nodriza y desde la cual se desplegaban embarcaciones menores, conocidas como pangas, para realizar faenas de pesca. Tras verificar con la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de San Andrés, se estableció que la embarcación no contaba con autorización para ingresar a aguas colombianas ni para desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros.

Al advertir la presencia de la Armada Nacional, el pesquero emprendió la huida y abandonó en el sector a las personas que se encontraban en las pangas. Ante esta situación, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las embarcaciones y sorprendió en flagrancia a los 44 extranjeros mientras realizaban actividades de pesca con equipos de buceo y transportaban recursos marinos.

Posteriormente, en el muelle de The Cove, en San Andrés, se realizó la inspección y verificación del material incautado, con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca. El procedimiento permitió establecer que transportaban 142 kilogramos de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de peces de diferentes tamaños, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

También fueron incautadas 20 pangas, 143 tanques de buceo, manómetros y otros elementos utilizados para la extracción de especies marinas.
Migración Colombia adelantó las verificaciones de identidad y situación migratoria de los 44 ciudadanos hondureños. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Esta operación se suma a los controles realizados recientemente en inmediaciones de isla cayo Serranilla, donde unidades de Guardacostas efectuaron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera ubicada fuera del mar territorial colombiano, en la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, hasta que salió de dicha área e ingresó a aguas hondureñas.

Estas acciones buscan proteger los ecosistemas de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad marina. Sus arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares son fundamentales para la conservación de numerosas especies y el sustento de las comunidades del archipiélago.

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