La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, por presuntamente haber definido condiciones operativas que no garantizan la seguridad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio público portuario para el muelle de Providencia. Así mismo, se abrió investigación al operador portuario Sai Tugs S.A.S. y, a la sociedad Inversiones One Piece S.A.S., por presuntas irregularidades en el uso de una barcaza que se ancló al muelle durante cuatro meses, con el aparente fin de privilegiar las operaciones de algunos usuarios en particular, en detrimento de los intereses legítimos de los demás usuarios.

Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “la Superintendencia adelantó una averiguación preliminar diligente y atenta en la recolección de pruebas, que generó una orden administrativa y ahora esta imputación de cargos. Nunca improvisamos, y menos en un caso en el que la debida prestación del servicio en el muelle es indispensable para la isla de Providencia”.

La Averiguación Preliminar

Tras una averiguación preliminar que involucró múltiples pruebas recaudadas en visitas de inspección, recepción de declaraciones y análisis de material documental, se determinó que el muelle de Providencia aparentemente no cuenta con protocolos de funcionamiento transparentes que contribuyan a la debida prestación del servicio público portuario de manera segura, eficiente y de calidad.

En el mismo acto administrativo, la Superintendencia de Transporte abrió investigación contra el operador portuario SAI TUGS S.A.S. y la sociedad INVERSIONES ONE PIECE S.A.S. por aparentemente haber establecido un modelo operativo favorable para las investigadas frente a los demás usuarios del muelle, y con ello, se habría restringido el acceso a los demás usuarios en condiciones de igualdad, lo cual estaría generando condiciones discriminatorias en el acceso de los usuarios del muelle de Providencia, presuntamente con el beneplácito de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas.

Posibles sanciones

En caso de ser encontradas responsables de infringir las normas del régimen portuario, las investigadas podrían enfrentar multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos, calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el cual se impone la multa. A su vez, esta Entidad podrá ordenar la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos por parte del infractor.

Recursos 

Contra el acto administrativo de apertura de investigación no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 del 2011. La Superintendencia de Transporte garantizará el debido proceso y el derecho de defensa.

En un trabajo conjunto entre la Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía y fuerzas militares de Estados Unidos y Panamá, se logró la incautación de 632 kilos de Clorhidrato de cocaína, que iban a bordo de una lancha tipo go fast.

En el hecho dos personas de nacionalidad colombiana fueron capturadas.

Con los argumentos de Nicaragua con respecto a una presunta violación de sus derechos soberanos en virtud del fallo proferido por La Haya en 2012 por la autoridad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus aguas, inició el primer día de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe entre ese país y la república de Colombia.

De acuerdo con el gobernador del Departamento Everth Hawkins Sjogreen, quien hace parte el equipo técnico de profesionales isleños presentes en la ciudad, el día miércoles 22 de septiembre será el turno de Colombia, por lo que ya se cuentan con los argumentos, discursos y pruebas necesarias para defender su postura y, lo más importante, gestionar por el bienestar de la comunidad isleña.

“Lo más importante es que para las próximas fechas, Colombia estará también presentando y alegando sus contramemorias. Una de ellas es sobre las líneas bases que trazó Nicaragua que violan el derecho internacional y los derechos ancestrales del pueblo raizal”, explicó el dirigente.

El mandatario agregó que es “muy satisfactorio” hacer parte de esta comisión, pues junto con el grupo de raizales destinados para tal propósito, se va a dar a conocer un documento en el que reposa toda la información recopilada y contada por los isleños, comunidad afectada por las determinaciones internacionales que, después de casi una década de la determinación, sigue acarreando consecuencias en la economía y desarrollo del pueblo raizal.

“Como gobernador, siento la satisfacción de que este trabajo que construimos con el Raizal Team sea tema de discusión por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Están por primera vez conociendo de nosotros, conociendo a los raizales y esto nos llena de mucha satisfacción”, destacó el mandatario isleño.

Defender la soberanía y los derechos ancestrales del pueblo raizal son las prendas de garantía decretadas por el presidente de Colombia Iván Duque a los comisionados que se encuentran en La Haya para continuar batallando por el reconocimiento de los derechos humanos, la protección ambiental, la seguridad alimentaria y el acceso a los recursos naturales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.