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Capitanía de Puerto 07: La talanquera de los pescadores y empresarios de transporte de pasajeros

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Las quejas de la comunidad pesquera y del transporte marítimo de las islas no cesan, parece ser el unisonó a lo largo de los años que pasan y cada vez es peor.

La administración que le asignaron al parecer a dedo, a la persona que sitúan a vacacionar en el mar de los 7 colores, ¿Alguna vez se ha evaluado la misión que le encomiendan al administrador del puesto de Capitán de Puerto? Parece que no, parece ese administrador al que le aplica el dicho “mando mando…aunque mande mal”
Mejor dicho, todas esas personas encargadas de tramitar permisos siempre se salen con la suya en base a métodos, requisitos y miles de papeleos que muchas veces son imposibles de cumplir por parte de los pescadores artesanales.

DENUNCIA

Como irresponsable, así catalogo uno de los empresarios del sector pesquero y de transporte marítimo en el archipiélago, a los funcionarios de CP-07, encargados de expedir los documentos que se requieren para poder zarpar y desarrollar las faenas de pesca.

“Hay falta de respeto, falta de compromiso, falta de profesionalismo de parte de Los funcionarios de la DIMAR en San Andrés isla, ya que ven a los usuarios y pescadores artesanales como usuarios sin dignidad”, funcionarios que desconocen lo que es sentir “hambre” de comida, que sufren algunas familias en San Andrés, parece ser que también desconocen el significado de seguridad alimentaria, ya que reciben un sueldo fijo quincenal, o será cierto que no les están pagando a tiempo, víctimas de la mala administración.

Así lo denuncio el señor Juan Carlos Martínez, quien agrego que no les dan la importancia y respeto que ellos se merecen.

TRAMITOLOGÍA

Aunque en el país el tema de la tramitología parece ser un proceso superado, esta entidad (CP-07) sigue estancada en este tipo de irregularidades y papeleos, como por ejemplo, solicitar un perito para renovar certificados, es una completa humillación, así lo denunció el empresario Juan Carlos Martínez ciudadano colombiano, Raizal, quien ha sido víctima de la ineficiencia de los funcionarios de la CP-07 en tres ocasiones.

Primera denuncia

Por acatar las normas de la marinamercante, se exige certificado de navegabilidad que implica subir a un dique seco cualquier embarcación, en mi caso la de nombre “Perla Negra II”, ya que es de amplio conocimiento que en la isla no se tienen diques, por lo que hay que obligatoriamente realizar la navegación en la ruta San Andrés-Cartagena, lo que conlleva a un alto riesgo de perder patrimonio económico, la vida de los tripulantes y la mía misma, ya que son embarcaciones que son certificadas para realizar operaciones en áreas protegidas y no en navegación de altura, es decir alejados a más de 12 millas de costa, cabe recordar que la distancia entre San Andrés-Cartagena la distancia es de 385 millas náuticas, a pesar de eso tomamos el riesgo y llegamos a Cartagena con la lengua afuera hablando literalmente, son 4 noches y 5 días de navegación, pero realmente lo trágico o desgastante es cuando empieza todo el proceso, parece más bien que llegáramos a Rusia o Cuba, porque después de sobrevivir a todas las exigencias de los peritos de Cartagena, que incluyen todos sus gastos de movilidad, el zarpar para retornar a casa es casi imposible, ya que parece uno secuestrado, pagando hotel, transporte, alimentación y movilidad entre otros, debido a que los peritos se unen con las agencias marítimas para escudriñarte hasta el último centavo que tengas.

“Recuerdo que en una ocasión tuve que llamar al entonces Almirante Villegas, para que me ayudara a salir de ese cautiverio al que estaba siendo sometido”, así continúo narrando su denuncia el señor Martínez.

Volviendo al tema del Perla Negra II, casi un año después de ser abordados por guardacostas de la Armada a casi 200 millas náuticas de San Andrés, me llego una notificación de una multa por navegar a las tres de la tarde sin luces, con certificados vencidos, hecho este que me indignó aún más de CP-07, ya que para poder zarpar desde la isla, tuve que solicitar un permiso a la Capitanía de Puerto y el capitán de puerto luego de haber expedido ese permiso, evadió su responsabilidad, sencillamente manifestando que no estaba vinculado a la investigación, diciéndome que debería buscar un abogado para que me representará “hágame el favor será que es un falso positivo” dijo en forma exclamativa el señor Juan Carlos Martínez, quien agrego que lo citaron en la CP-05 de Cartagena para escuchar su versión, lo que resulto una completa encerrona de la cual tiene evidencias, investigación que tampoco fue tenida en cuenta, al final la decisión de ellos fue el tener que pagar una multa por cuantía que superó los 5 millones de pesos, eso por obedecer las normas de la DIMAR, vuelve y reza el dicho “El que manda, manda, aunque mande mal”.

Segunda denuncia

“En este caso menciono al capitán William Lugo de la DIMAR Bogotá, solicite perito para inspeccionar y certificar una lancha Fondo de vidrio de nombre Lorena II, con dos motores fuera de bordo eléctrico, Marca Torquijo de fabricación alemana, proyecto amigable con el medio ambiente; el señor Lugo dio concepto favorable después de hacer las pruebas con perito abordo, que en su momento fue Herleim Castilla, pasaron 4 meses de ir y venir a las oficinas de capitanía de puerto, de escuchar evasivas, mentiras y excusas hasta que por fin pude hablar directamente con el administrador de esa oficina y quien me dice que él no firmara esos certificados, porque él quiere que le ponga un sistema de gobierno hidráulico, ¡oh sorpresa… ese es un dictador¡ así reacciono el señor Martínez ante tajante respuesta entregada por el encargado de la CP-07.

En resumen el Capitán, ayudante, cocineros y demás tripulantes de la embarcación quedaron sin trabajos, sin sueldos, hecho lamentable, pero lo que siempre uno escucha es que la DIMAR es una entidad que ayuda a las empresas a salir adelante y no a hundirlas como en este caso, mejor dicho solicítanos ayuda urgente de las autoridades para que miren que pasa con esta entidad que en vez de ayudar, lo que hacen es quebrar a los isleños que queremos trabajar en pro de los sustentos de las familias de las islas.

“Tramites que manejan a su discreción, antojo y no de una manera profesional como debe hacerse, lo que deja en plena evidencia que a la hora cumplir, se les cumple, pero a la hora de ellos cumplir no nos cumplen” expreso el señor Martínez quien ha visto vulnerados sus derechos como empresario de las islas, ya que ha tenido que esperar hasta un año para que le resuelvan la expedición de documentos.

La situación es bastante caótica en la isla y estos señores de DIMAR, cada vez colocan más talanqueras para seguir desarrollando una labor que por generaciones se ha realizado y esta entidad (DIMAR) en vez de apoyar está atacando y afectando las familias que derivan su sustento de la pesca y de paso la seguridad alimentaria en el archipiélago.

Expedir un certificado de navegación se convirtió en una odisea, ya que además de todos los documentos que se exigen, muchas veces en las islas no se pueden expedir y mucho menos en la ciudad de Cartagena, lo que quiere decir que definitivamente es un imposible practicar hoy en día la pesca artesanal en las islas, denuncio con impotencia, decepción y con ganas de dejar todo, por lo imposible que se vuelve conseguir unos permisos que permitan realizar las faenas de pesca y de paso apoyar a familias que derivan sus sustentos de la pesca.

Tercera denuncia: Motonave Bacanrull

Esta es una embarcación que se construyó en Cartagena con fondos de varias familias que buscan apoyar en la seguridad alimentaria con la pesca.

Desde el mes de abril del presente año se viene solicitando a través de una agencia marítima de la ciudad de Cartagena la asistencia de un perito para documentar la embarcación, logrando el nombramiento de un perito llamado Roger de la capitanía de puerto 05, quien manifiesta no tener experiencia para inspeccionar naves para pesca, pero que él consultó con unos compañeros y le indicarón que exigir, así lo evidencio el señor Martínez cuando el perito le pregunto ¿cómo se hacia la pesca vertical y horizontal?, que ¿qué era una naza?, ¿que si eso tenía que ver con la luna?, en vista que percibí que eso era otro secuestro, más bien decidió hacer otro esfuerzo y a través de la Marítima Howard pude trasladar la embarcación pesquera hacia la isla, al menos ya estábamos en casa, dijo el denunciante de esta odisea con la DIMAR.

Retomamos el tema de los certificados y vamos por el mismo camino que les está pasando al gremio de los operadores turísticos, ineptitud de los funcionarios y la seguridad alimentaria en riesgo nuevamente.

El llamado es a DIMAR Bogotá o a quien regule esta mala administración y como sé que esta denuncia los va a molestar y, me convertiré en objetivo, estaré enviando copias de estas denuncias a entidades como DIMAR Bogotá, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y todos los entes que tengan que ver con este tipo de problemas que nos pasan a los gremios pesqueros y empresarios de transporte de pasajero marítimo en el archipiélago.

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Veeduría Heredad San Andrés señala presuntas investigaciones de la Fiscalía contra Naranjo Recycling

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En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.

El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.

Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.

La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia”, dice el artículo de la Veeduría Heredad San Andrés.

El Home Noticias

Heredad basa su nota en una publicación de El Home Noticias emitida el 11 de diciembre de 2023 y que, entre otras cosas, reseña sobre este tema que La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.

Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.

Las evidencias

En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.

De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo  Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.

Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.

No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.

Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».

Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.

Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?”, se pregunta El Home Noticias.

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Procuraduría pide acciones urgentes por nuevo naufragio de migrantes en San Andrés

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La Procuraduría General de la Nación lamenta los hechos acaecidos en la tarde del martes 09 de julio de 2024, en donde nuevamente una embarcación al parecer con 20 migrantes a bordo, naufragó en aguas del archipiélago de San Andrés, dejando preliminarmente como saldo cuatro personas desaparecidas, una víctima fatal y 15 personas rescatadas por la Armada Nacional, entre los que se encuentran seis menores de edad.

La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno. 

El ente de control había alertado, desde octubre de 2023, sobre la existencia de una ruta VIP que pasaba por este departamento del país con destino a Nicaragua. Es evidente que, a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Procuraduría, sigue siendo precario el control de ingreso a las islas y el zarpe de embarcaciones con destino a Centro América.

Esta ruta parece estar operando diariamente, sin ningún control por parte de las autoridades del archipiélago.

Reiteramos el llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago, así como a la DIJIN y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con celeridad en las investigaciones y la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes que operan en la isla.

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En protección de Bienestar Familiar niño migrante en San Andrés Islas

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como medida de restablecimiento de derechos, ubicó en hogar sustituto a un niño de 2 años, que viajaba junto con sus padres en un barco que transportaba población migrante y que naufragó en las aguas del archipiélago de San Andrés.

Una vez la entidad fue notificada de los hechos, designó a un equipo de Defensoría de Familia que activó la ruta de atención y verificación de derechos de seis menores de edad rescatados por las autoridades, cinco de los cuales fueron reunificados con sus familiares en la sede de Migración Colombia en la Isla.

En el caso del niño de 2 años, cuyos padres aún se encuentran desaparecidos, la autoridad administrativa decidió establecer contacto con los abuelos del niño, quienes residen en Ecuador, para brindarles acompañamiento psicosocial y orientarlos sobre el proceso que deben adelantar en Colombia para la reunificación familiar.

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