Judiciales
Capturan y judicializan a otro sujeto implicado en ataque armado contra una familia en Morris Landing
Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de San Andrés permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en la cárcel Nueva Esperanza a Yorman Berrío Pico, de 21 años.
Los hechos que involucrarían al procesado sucedieron el 23 de octubre de 2025 en el barrio Morrislanding donde varios integrantes de una misma familia fueron atacados por hombres armados.
El día de los hechos el procesado, en compañía de Juan David Cabarcas Pérez y Néstor Daniel Torres Flores, al parecer, dispararon contra la familia que estaba reunida. La agresión provocó heridas a tres personas de 62, 40 y 25 años, respectivamente.
Labores de policía judicial evidenciaron que en el atentado fueron utilizados fusiles de largo alcance, de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares, y una pistola. Se cree que este hecho obedeció a rencillas previas entre las familias, las cuales datan de 2018.
Por esto Berrío Pico fue imputado con delitos de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no aceptó.
El ahora implicado fue capturado por la Policía Nacional el pasado 16 de abril en Morrislanding, en cumplimiento de una orden judicial.
Por estos mismos hechos Torres Flores, de 24 años, y Cabarcas Pérez, de 36, fueron detenidos el 23 de febrero pasado.
Actualmente se encuentran privados de la libertad enestablecimientos de reclusión.
Judiciales
Dos personas capturadas en Maria La Baja (Bolivar) por presuntamente extorsionar con falsos perfiles en San Andrés para no publicar contenido intimo
Un presunto esquema de extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería fue puesto al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que permitió asociar hechos delictivos que habrían afectado a por lo menos 14 personas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Por estos hechos fueron judicializados Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, señalados de presuntamente contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería para persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido íntimo. Posteriormente, al parecer, exigían dinero bajo amenazas de divulgar el material en redes sociales y otras plataformas.


De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en otros casos los investigados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para intimidar a los ciudadanos y exigirles pagos a cambio de no atentar contra sus vidas.
Las autoridades señalaron que los presuntos responsables utilizaban diferentes identidades para establecer contacto con las víctimas y solicitaban transferencias de dinero a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.


La investigación permitió relacionar hechos ocurridos durante el último año y establecer, hasta el momento, un total de 14 personas afectadas, tanto hombres como mujeres. Los dos procesados fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el municipio de María La Baja, Bolívar, desde donde presuntamente se desarrollaban estas actividades ilícitas.
Una fiscal Gaula les imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ambos procesados no aceptaron los cargos. Por decisión de un juez penal de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía reiteró que la información se divulga por razones de interés general, en el marco de las investigaciones adelantadas para esclarecer estos hechos que habrían afectado a ciudadanos del archipiélago.
- Información, fotos y videos fueron publicados por la Fiscalía General de la Nación

Judiciales
Procuraduría destituyó por 15 años a exagentes de la Policía por caso de la narco avioneta en Providencia
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia a bordo de una avioneta, en mayo de 2021.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que los entonces agentes fueron quienes se encargaron de embarcar el alcaloide en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que la aeronave iniciara su desplazamiento a la terminal aérea El Embrujo, que sirve a Providencia, lugar donde fue incautado por las autoridades.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados.
Judiciales
Juez Primero Penal dejó en libertad al exgobernador Everth Hawkins Sjogreen y la dictó medida de aseguramiento condicionada al cumplimento de seis requisitos entre ellos presentaciones periódicas y restricción para salir del país entre otros
Por: Antonio Colmenares M.
En la audiencia de imputación de cargos por los presuntos delitos de extorsión y secuestro extorsivo agravados que se le atribuyen al exgobernador Everth Hawkins Sjogreen, el Juez primero Penal decidió que la medida más adecuada es la medida de Aseguramiento sin pérdida de libertad pero con la obligación que debe cumplir con seis requisitos.
La medida proporcional según el juez es la no privativa de la libertad, pero Everth Hawkins debe suscribir un acta de compromiso en donde asegure que se somete a vigilancia de una persona o de una entidad, en este caso el Inpec.
Debe presentarse en forma periódica y cuando sea requerido, pero semanalmente ante el juez coordinador en Barranquilla.
Guardar buena conducta, además le queda prohibido salir delpaís y debe permanecer en Barranquilla y no debecomunicarse con los demandantes y ese tipo decomunicaciones debe hacerlas a través de la defensa.
Esta decisión constituye una medida de aseguramiento condicionada a lo ya establecido.

En concepto del juez primero penal la fiscal “se quedó corta”, según sus propias palabras debido a que inicialmente se hablaba de concierto para delinquir, extorsión y secuestro extorsivo agravados, pero en la audiencia de imputación solo aparecen la extorsión y el secuestro extorsivo.
Además, aclaró el Juez, que casi se cumple un año del hecho de secuestro que según la demandante ocurrió en noviembre del año 2025 y le extrañó que se hubiera dejado pasar tanto tiempo sabiendo de la gravedad del presunto delito.
Ante la decisión del juez la fiscal María Claudia Díaz, solicitó un receso para preparar su recurso de reposición y tras ese espacio manifestó que “los jueces están bajo el imperio de La ley y la su decisión es arbitraria”, dijo textualmente y afirmó que encontró falencias en la decisión porque no tuvo en cuenta que “cuando se trata de este tipo de delitos no hay beneficios” y citó la ley.
Seguidamente pidió al juez de segunda instancia que tenga en cuenta la normatividad procesal vigente que, según su punto de vista, el juez primero penal no observó.
El defensor Jhonatan Pelaez Saens argumentó su apelación solicitando al juez primero penal que le pida al juez de segunda instancia que le revoque la medida y que le dé la libertad plena.
La representante de la Procuraduría, Natalia Catalina Orozco,estuvo de acuerdo con la decisión del juez pero se apartó de la solicitud de la defensa.
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