Con 63.000 millones de pesos se están atendiendo infraestructuras educativas afectadas por crisis climática – El Extra
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Con 63.000 millones de pesos se están atendiendo infraestructuras educativas afectadas por crisis climática

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De las 3.006 sedes afectadas por la temporada de lluvias entre 2022 y 2024, están siendo intervenidas 150 sedes educativas con la instalación de aulas y mejoramientos en 70 municipios de 20 departamentos.

Así lo hizo saber la ministra de Educación, Aurora Vergara, en el marco del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo (CNGR), liderado por el presidente Gusta Petro esta semana, durante el cual se presentaron acciones preventivas para enfrentar el fenómeno de La Niña este año, así como otros eventos relacionados con el cambio climático.

Con estas obras, destinadas a atender las infraestructuras educativas afectadas por fenómenos naturales de variabilidad climática, se benefician 38.828 estudiantes.

La inversión para estas intervenciones alcanzó los 63.650 millones de pesos, mediante un contrato ejecutado por la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter.

La ministra presentó, en ese escenario, el balance de las acciones ejecutadas desde 2023, los recursos invertidos y la estrategia ‘Escuela Protectora y Segura’, mediante los cuales se ha mitigado y brindado atención al sector educativo en materia de gestión del riesgo.

La alta funcionaria advirtió que, con base en el Decreto 1810 de 2023, por medio del cual se prorroga la situación de Desastre Nacional, se requiere la asignación de 70.000 millones de pesos más para intervenir en las vigencias 2024 y 2025, para 150 sedes educativas rurales afectadas por la ola invernal.

Obras

Entre las obras y acciones que se vienen ejecutando se destacan las adelantadas en los municipios de Suárez y Rosas en el departamento del Cauca y el reasentamiento de las comunidades de Pogue en Bojayá y Boraudo en Lloró, departamento de Chocó.

Suárez: Actualmente avanza la ejecución de 4 mejoramientos de infraestructura educativa, que representan una inversión superior a los 3.511 millones de pesos, para la atención de 1.595 estudiantes de las sedes focalizadas.

Rosas: Se están ejecutando obras en 7 infraestructuras educativas pertenecientes a los proyectos priorizados de temporada de lluvias, financiados con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, con una inversión de 1.326 millones de pesos, que beneficiarán a 980 estudiantes en las sedes focalizadas.

Departamento de Chocó: Las acciones están orientadas al reasentamiento integral de las comunidades de Pogue y Boraudo con la construcción de espacios educativos pertinentes y de calidad para educación inicial, básica y media, por valor de 3.500 millones de pesos cada uno.

Acciones preventivas: Se activaron los protocolos para el conocimiento y la reducción del riesgo en 27 sedes educativas que se encuentran ubicadas en inmediaciones del volcán Puracé, en las cuales hay 1.914 estudiantes matriculados, 1.043 indígenas y 12 miembros de negritudes, y que podrían resultar afectadas ante una posible erupción volcánica.

De otra parte, las acciones preventivas se han extendido a la costa Caribe, donde hay 114.837 estudiantes de 3.963 sedes educativas que podrían verse afectados cuando inicie la temporada de ciclones y huracanes.

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Procuraduría investiga e ex Gobernadores de San Andrés por presunto incumplimiento en fallo de tutela: Nicolás Gallardo le respondió a la Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores del Archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026), por el presunto incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba adoptar medidas para mitigar los efectos de la sobrepoblación y garantizar condiciones adecuadas de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la administración de Everth Hawkins se habrían omitido acciones necesarias para cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, particularmente en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), el control de construcciones ilegales y barrios subnormales, así como la regulación del crecimiento del parque automotor.

En cuanto a Nicolás Gallardo, la Procuraduría cuestiona el presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas específicamente con el control del ingreso y crecimiento de vehículos, motocicletas, mulas y carros de golf en el departamento.

LA RESPUESTA DE NICOLÁS GALLARDO

Tras conocerse la formulación de cargos, en un documento de respuesta se relacionaron las actuaciones adelantadas durante la administración de Nicolás Gallardo para atender la problemática del crecimiento del parque automotor.

Entre las acciones expuestas se encuentra la realización del censo vehicular de 2024 y la presentación ante el Tribunal Administrativo de un informe comparativo entre los censos de 2017 y 2024, en el que se evidenció un incremento del 8,75 % del parque automotor durante ese periodo.

Asimismo, se indicó que la administración solicitó al Tribunal Administrativo una medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Esta petición fue acogida mediante auto del 26 de mayo de 2025, que ordenó la restricción por un periodo de tres meses.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, se solicitó una prórroga de dicha medida por dos años. Sin embargo, mediante auto del 6 de abril de 2026, el Tribunal negó la solicitud.

El documento también señala que el 2 de junio de 2026 la administración volvió a acudir al Tribunal para reiterar la necesidad de adoptar medidas de regulación del ingreso vehicular.

Adicionalmente, se informó sobre una solicitud formal presentada ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el Archipiélago, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad.

  • Carta del Ex Gobernador Nicolás Gallardo en respuesta a la Procuraduría

SIN PRONUNCIAMIENTO CONOCIDO DE EVERTH HAWKINS

En el caso del exgobernador Everth Hawkins, hasta el momento no se conoce una respuesta pública frente a los señalamientos formulados por la Procuraduría en este proceso disciplinario.

La entidad calificó provisionalmente las faltas atribuidas a ambos exmandatarios como graves, a título de culpa grave.

El proceso disciplinario deberá continuar su curso para determinar las responsabilidades correspondientes, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados.

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Procuraduría envió a juicio disciplinario al exsecretario de Infraestructura Cristian Cañón quien habría ejercido el cargo estando inhabilitado

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024 -2026), Cristian Fernando Cañón Bernal, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.

Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la corporación autónoma Cardique.

La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.

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Armada Nacional capturó 44 hondureños por pesca ilegal en aguas del Archipiélago

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La Armada Nacional, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capturó a 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, en inmediaciones de isla Cayo Serranilla, al norte del archipiélago. Durante la operación fueron incautadas 20 embarcaciones menores, equipos de buceo y 241 kilogramos de recursos marinos.

El procedimiento se inició cuando el buque de la Institución Naval detectó una embarcación pesquera que operaba como buque nodriza y desde la cual se desplegaban embarcaciones menores, conocidas como pangas, para realizar faenas de pesca. Tras verificar con la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de San Andrés, se estableció que la embarcación no contaba con autorización para ingresar a aguas colombianas ni para desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros.

Al advertir la presencia de la Armada Nacional, el pesquero emprendió la huida y abandonó en el sector a las personas que se encontraban en las pangas. Ante esta situación, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las embarcaciones y sorprendió en flagrancia a los 44 extranjeros mientras realizaban actividades de pesca con equipos de buceo y transportaban recursos marinos.

Posteriormente, en el muelle de The Cove, en San Andrés, se realizó la inspección y verificación del material incautado, con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca. El procedimiento permitió establecer que transportaban 142 kilogramos de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de peces de diferentes tamaños, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

También fueron incautadas 20 pangas, 143 tanques de buceo, manómetros y otros elementos utilizados para la extracción de especies marinas.
Migración Colombia adelantó las verificaciones de identidad y situación migratoria de los 44 ciudadanos hondureños. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Esta operación se suma a los controles realizados recientemente en inmediaciones de isla cayo Serranilla, donde unidades de Guardacostas efectuaron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera ubicada fuera del mar territorial colombiano, en la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, hasta que salió de dicha área e ingresó a aguas hondureñas.

Estas acciones buscan proteger los ecosistemas de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad marina. Sus arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares son fundamentales para la conservación de numerosas especies y el sustento de las comunidades del archipiélago.

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