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Judiciales

Condenado a 66 meses de prisión por porte ilegal de armas

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El Juzgado Único Penal del circuito especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, decidió aceptar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado y el señor, Brayner José Mendoza Davis.

En consecuencia, se le condena a la pena principal de 66 meses de prisión, en calidad de cómplice de la conducta punible de Fabricación, Trafico y Porte de Armas, Municiones de Uso Restringido, de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas o Explosivos que se encuentra tipificado en el artículo 366 del C.P., modificado por el artículo 20 de la Ley 1453 del 2011.

Además, condenó a sé Mendoza Davis a la pena accesoria privativa de otros derechos consistentes en la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena principal, sumado a la privación del derecho a la tenencia y porte de arma por un tiempo igual a la pena privativa de la libertad, las cuales se ejecutarán simultáneamente con la primera.

Se reconoció como tiempo cumplido de la pena lo que lleva privado de la libertad. El Juzgado ordenó el Comiso Definitivo de dos (2) Armas de Fuego: uno tipo pistola marca Glock, número externo NUX 457, con un proveedor y 16 cartuchos Calibre 9 milímetros y uno tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, número de serie FT25414, con empuñadora color negro y cuerpo del arma con acabado arenizado color gris, con tres cartuchos calibre 38, incautados en este proceso, a favor de las Fuerzas Armadas de Colombia, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sentencia.

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Presidencia de la República remitió documento a la Fiscalía en el que pide investigar a los ex gobernadores Everth Hawkins y Alen Jay

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La Presidencia de la República a través del Grupo de Atención a la Ciudadanía envió un documento al Jefe de la Subdirección de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación, para que hagan lo de su competencia ante la solicitud de un ciudadano que reclama investigación contra dos actores de la anterior administración del Departamento Archipiélago.

El ciudadano Richard Martínez Oliveira envió una carta a la Presidencia pidiendo que se reabra la investigación contra el exgobernador Everth Hawkins Sjogreen y del encargado temporal de la gobernación, Alen Jay Stephens, por el caso de la entrega de un hotel por parte de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.

La Presidencia remitió la comunicación radicada en el Grupo de Atención a la Ciudadanía, suscrita por Richard Martínez Oliveira, en la que por hechos expuestos en el escrito manifiesta, “queda más que demostrado, tal como se lo hemos informado a la Fiscalía, que el exgobernador Hawkins, actuando de mala fe con la sociedad, engañando a la Fiscalía, mintió al decir que no había recibido el hotel -no hay nombre de cuál hotel- a fin de desencantarse -debe ser desencartarse- del asunto”.

Continúa el escrito de Martínez indicando que “el hotel -no dice que hotel- sí lo recibieron en 2021 durante el encargo de Allen Jay, al entregarle el cargo al indiciado, este sabía que ya la gobernación del departamento ya recibió el hotel, tal como lo certifica la SAE.

Por lo anterior, se solicita con el mecanismo respectivo, no solo desarchivar la presente indagación, sino que se le imputen cargos al indiciado Julio Hawkins Sjogreen y a Allen Leonardo Jay Stephens por delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y concierto para delinquir”, dice el documento.

La oficina del Grupo de Asistencia Social de la Presidencia de la República, dio traslado de esta manera al escrito en mención para que en el ámbito de las funciones y competencias de la Fiscalía, de conformidad con lo establecido por la ley, se ordene a quien corresponda evaluar el caso expuesto en el documento y tomar acciones a que haya lugar.

Aquí el comunicado:

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Capturado infraganti sujeto que le había hurtado una cadena de oro a una mujer

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En labores de vigilancia y control por el sector de las Américas se acerca una ciudadana manifestando que en el sector de Rock Holle un sujeto de sudadera color oscuro, gorra oscura y con la cara cubierta con un pasamontañas, quien se movilizaba en una motocicleta, le había hurtado mediante raponazo una cadena de oro.

De inmediato se realiza la verificación donde la señora se percata sobre un particular que se encontraba con las mismas características llegando al semáforo de cinco esquinas.

Es allí donde la víctima señala y reconoce al ciudadano manifestando que fue quien la hurto, por tal motivo se le practicó el registro a personas al sujeto, donde se le encontró el objetó hurtado.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policia para luego ser dejado a disposición de la autoridad competente.

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En audiencia de verificación de Cumplimiento, el Tribunal administrativo, decidió medida previa que debe cumplir la Gobernación

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La Medida Previa ordenada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago consiste en que el gobernador del Departamento a través de las Secretarías correspondientes debe realizar un censo sobre todos los lotes que se encuentren en situación de ilegalidad, creando barrios subnormales y de invasión en la Isla de San Andrés.

Además, elaborar también un Plan de Acciones concretas para recuperar dichos espacios, resultado del censo y establecer prioridades para atender los casos más graves. Este plan deberá, hacerse en un plazo de dos meses y debe remitir al Tribunal el respectivo cronograma.

Ordena además el Tribunal que las autoridades de control deberán continuar ejerciendo el control y vigilancia, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago -Coralina-

.¿Qué pasó?

En ejercicio de una acción de tutela, Harrington Mcnish Pomare pidió la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la “titulación del territorio ancestral”, al ambiente sano y a la “autodeterminación de los pueblos”, que estimó vulnerados por la Presidencia de la República y Otros. Por haber reunido los requisitos contemplados en el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000, mediante auto del 01 de septiembre de 2014, se admitió la presente acción constitucional, ordenando correr traslado a la entidad tutelada para que se pronunciara sobre los hechos de la tutela.

El 11 de septiembre de 2014, esta Colegiatura profirió Fallo de tutela en primera instancia y posteriormente, se hizo la modulación de su numeral quinto a través de providencia de fecha 02 de mayo de 2016.

Las órdenes judiciales después de la modulación de la Sentencia quedaron así:

“Tercero: Tutélase el derecho fundamental de la vida en condiciones dignas del ciudadano Harrington Mc’nish Pomare, conforme lo expresado en la parte considerativa de esta providencia.

Cuarto: En consecuencia, Ordénase al Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia Santa Catalina, que implemente de manera inmediata los mecanismos jurídicos dentro del marco de su competencia, materiales, de gestión, operativos, de conducción y orientación institucional, tendientes a dar solución a la problemática de sobrepoblación que pone en entredicho la vida en condiciones dignas en el territorio insular, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de este fallo.

Quinto: Para el cumplimiento de la anterior orden, la Gobernadora del Departamento Archipiélago:

a) En su condición Presidente de la Junta Directiva de la Occre y de acuerdo a sus facultades o atribuciones constitucionales y legales, procederá a organizar la oficina de control de circulación y residencia -Occre- con una estructura administrativa y una planta de personal acorde con la tarea misional que se le ha encomendado, con personal especializado para asumir funciones migratorias, de policía administrativa, de organización poblacional, etc., para su correcto y eficiente funcionamiento, de conformidad a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005, y/o las normas que la modifiquen o reglamenten, dentro del término máximo de nueve meses, contados desde la notificación de ésta providencia.

b) Ejercerá a través de las correspondientes dependencias un control riguroso prohibiendo el levantamiento de barrios subnormales y cualquier construcción sin lleno de los requisitos del POT, o en áreas que por Ley o por fallos de este Tribunal no se permite levantar construcciones.

c) El Señor Gobernador por conducto del Director del Departamento de Planeación Departamental y/o a quien corresponda, remitirá al Tribunal reporte bimensual de las solicitudes de licencias de construcción radicadas, el número de licencias de construcción concedidas y denegadas por el Departamento de Planeación Departamental. De igual manera, informará bimensualmente Ios hallazgos de levantamiento de barrios subnormal es y construcciones sin el lleno de los requisitos del POT y/o normas urbanísticas en la Isla de San Andrés, por parte de los inspectores del Departamento de Planeación Departamental.

d) Ejercerá a través de la dependencia administrativa respectiva, un control efectivo sobre el parque automotor, tomando las medidas dentro de sus competencias constitucionales y legales, para evitar el aumento y crecimiento desmesurado de vehículos-automotores, motocicletas, mulas, carros golf, etc., en territorio del Departamento.

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