A través de redes, algunos de los pasajeros que llegaron a la isla de San Andrés en los primeros vuelos tras autorizarse la apertura del terminal aéreo Gustavo Rojas Pinilla, denunciaron mal estado de los baños y el abordaje por la pista, entre otros inconvenientes.

Llama la atención que desde mayo se trabajaba por parte de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco que confirmaba: “Ya la Aeronáutica tiene un protocolo listo, hay unas obras que se están ejecutando en este momento en el aeropuerto. Aspiramos a que se puedan adelantar lo más rápido posible y estamos a la espera para mirar cual será ese protocolo con los pasajeros que empezarán a montarse en los aviones para que puedan venir a San Andrés”, pero cinco meses después los mismos pasajeros desmienten que se haya llevado a cabo estos trabajos.

Por ELIZABETH MEJÍA SALAZAR

Como una medida inconveniente por parte del Juez de Garantías, -teniendo en cuenta la crítica situación por el Covid 19 en la Isla-, calificó el reconocido abogado y también exmandatario local,  Álvaro Archbold la medida de aseguramiento domiciliaria para el gobernador Everth Hawkins Sjogreen.

“No diría que es una media exagerada, creo que es inconveniente. No digo ni grande ni pequeña sino inconveniente, porque había otras opciones de medida de aseguramiento no privativas de la libertad; (el Juez hoy) ha debido dejar al gobernador en libertad para seguir haciendo su labor y lo que ha hecho mal que lo corrija, pero no era el momento”, ratificó el abogado.

Asimismo destacó que el tema de mayor importancia para el Archipiélago es la creación de la nueva ESE Hospital, la cual se verá afectado de una u otra forma por dicha determinación.

Un panorama que no sólo deja al Gobernador ante la inminente privación de la libertad, separándolo del cargo, sino también habla del aislamiento preventivo al que debe ser sometido el Secretario de Salud, Julián Davis, además del tema de salubridad pública por acumulación de cadáveres y la precaria situación de la única funeraria que existe en San Andrés.  ,“Es el peor de todos los escenarios imaginables. Una situación muy triste para el Archipiélago ”, señaló el exmandatario.

Consultado acerca de la tendencia política de la decisión del Juez, Archbold Nuñez consideró que las declaraciones dadas por Hawkins Sjogreen a los medios nacionales, luego de la publicitada  visita del Fiscal General, Francisco Barbosa a la Isla, no le favorecieron al Gobernador y terminaron por pasarle factura. “Se le fueron la luces, no había necesidad de salir a dar esas declaraciones sabiendo que ya había una investigación en su contra”,  puntualizó.

De otro lado, el abogado raizal también se pronunció acerca de los hechos de desobediencia social y el poco cumplimiento ciudadano frente a las medidas adoptadas por la administración para el control del Covid 19. “Se ha debido instalar una Línea de Mando, como lo ejecutaron en Barranquilla, Cartagena, Montería o Bogotá. A partir de allí la ciudadanía entendió que el contagio no era un juego y se concientizó”.

Finalmente al ser interrogado sobre los reclamos de algunos sectores políticos sobre los 9 meses de gobierno,  Archbold  puntualizó:  “El gobernador ha debido oxigenar hace mucho rato el Gabinete, no le funciona. Es una equipo  demasiado político con gente que no tiene la idoneidad, salvo alguno que otro secretario”.

El jueves próximo se realizará una visita de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria con el fin de evaluar el avance de los compromisos contractuales para la construcción de infraestructura que complementa la puesta en operación de la planta RSU en el Magic Garden.

Con base en una comunicación de la gobernación según la cual el operador Interaseo no ha cumplido con los trabajos, para lo cual se le adjudicó el Magic Garden y que “no se tiene el cierre perimetral y continúan los malos olores en el sector”, la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria, Ana Pechthalt, hizo el anuncio de la realización de la visita del jueves dentro del proceso, pero de acuerdo a lo que  pueda evidenciar, solicitará a la autoridad competente para que convoque al comité de seguimiento del fallo para que se presente un el informe actualizado y cabe la posibilidad de considerar una inspección judicial.

La funcionaria advirtió que se investigará sobre un posible detrimento patrimonial contra quienes estuvieron en la contratación para analizar desde el origen el caso de la planta RSU.

La base de esa investigación sería conocer si se cumple con lo ordenado por la justicia colombiana de que se ponga en funcionamiento la planta RSU en la que se invirtieron más 24.380 millones de pesos en el año 2012.

La obra se había programado para que estuviera funcionando en septiembre de 2012 y se había adelantado que la capacidad de generación de la planta es de 1,8 megavatios (Mw) y consumiría, en promedio, 28 toneladas de basuras al día, pero no se han cumplido los objetivos y a pesar de las acciones judiciales, todo de queda en una larga lista de desacatos.