La Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, informó sobre el hallazgo de varios casos de presunto detrimento patrimonial que solo en el caso de la gobernadora encargada Tonney Gene Salazar asciende a de 4.168 millones 620 mil 846 pesos.

La observación se hizo “sobre 82 contratos y convenios auditados, 50 hallazgos administrativos, entre los cuales se determinó que dos tienen una presunta incidencia disciplinaria y que 40, de los 50 hallazgos, tienen incidencias fiscales por presuntos detrimentos en el patrimonio de los isleños”, indica el comunicado oficial del ente de control.

“Hemos identificado muchos contratos que no cumplieron con el debido proceso y que carecen de evidencias claras, tanto en lo administrativo como en su ejecución, por ejemplo: la Contraloría pudo identificar que, en el contrato 1753 de 2019, el cual tuvo como objeto la prestación de los servicios logísticos requeridos para la organización, montaje y desmontaje y producción de eventos institucionales de la Gobernación del Departamento, presentó hallazgos administrativos y fiscales, por cuanto no hubo una correcta supervisión del contrato y se hicieron pagos demás al proveedor del servicios por una suma que asciende a los 35 millones de pesos”, señaló el Contralor Departamental Justiniano Brown Bryan.

De otra parte, la Contraloría informo que, también llamó la atención de la entidad el Contrato 1863 de 2019, cuyo objeto fue prestar servicios integrales de aseo, cafetería y jardinería, incluyendo el mantenimiento y suministro de insumos, equipos y elementos necesarios para el aseo de algunos bienes inmuebles e instituciones educativas de la gobernación departamental, contrato que tuvo un valor de $1.726.394.278 y que se ejecutó durante seis meses.

De acuerdo con la auditoría realizada, este contrato tuvo un detrimento cercano a los 722 millones de pesos por cuanto se observó una diferencia entre lo pagado al contratista y lo que estos finalmente terminaron pagando a sus operarios y en lo relacionado al uso de insumos de aseo para cumplir a cabalidad el contrato.

Entre tanto, en el contrato 2610 de 2019, que tuvo como objeto la organización y realización de un torneo boxístico comunitario, por valor de $ 136.000.000 millones de pesos, la contraloría identificó que hubo un presunto detrimento al patrimonio por cuanto las actividades de juzgamiento y arbitraje, estadísticas y anotadores, tuvieron un costo de $19,000,000 de pesos, así como la contratación para ese mismo evento de un sonido sobre tarima carpa, camerino, micrófonos, decoración, montaje y desmontaje por valor $25,000,000, a razón de $5,000,000 por día. Así las cosas, se efectuaron pagos por un día de más, consistente en la suma de $5,000,000 de pesos”

De acuerdo con el informe definitivo de este contrato, el hallazgo administrativo con connotación fiscal es por valor de $37.000.000 de pesos, entre tanto, otro de los contratos que resalta el ente de control fiscal de los isleños, y sobre el cual se generó un presunto detrimento al patrimonio, estuvo relacionado a la contratación de actividades recreativas y lúdicas con el objeto de contribuir al proceso de juego de roles con los niños y jóvenes de sectores vulnerables en San Andrés Isla, por valor de $166,500.000 pesos para ejecutarlos en cinco días incluyendo tarima, sonido y otros elementos que no se utilizaron, toda vez que las actividades, según los informes, se ejecutaron en  algunos centros culturales, iglesias, CDI y salones comunales.

Otro de los contratos que llamó la atención del equipo auditor es el 3043, por valor de $193.000.000 de pesos, cuyo objeto fue desarrollar actividades para fortalecer espacios de participación de las organizaciones juveniles de la isla de San Andrés como medio para mejorar la convivencia social y en relación con el medio ambiente, mediante el reconocimiento de sus valores ancestrales, y el cual también se ejecutó en cinco días.

“Estos son algunos de los resultados del trabajo comprometido y serio del equipo auditor y de todos los funcionarios de la Contraloría Departamental, quienes tienen claro que debemos trabajar por un Control Fiscal Participativo con Resultados”, declaro Brown Bryan.

Cabe señalar que el proceso auditor se cumplió a cabalidad analizando 82 contratos de la administración departamental en los que se identificaron 50 hallazgos administrativos, de los cuales 40 tuvieron connotaciones fiscales y 2 incidencias disciplinarias.

Contralmirante

La Contraloría Departamental también identificó más de 20 hallazgos fiscales durante el Gobierno del Contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal.