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Contraloría estableció 7 hallazgos fiscales por valor de $36.879 millones sobre recaudo, administración y uso de recursos por Tarjeta de Turismo en San Andrés

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La Contraloría General de la República estableció 7 hallazgos con incidencia fiscal por un monto de $36.879 millones, 14 con presunto carácter disciplinario y 3 con presunta incidencia penal, en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Municipio de Providencia y a la ESE Hospital Departamental de San Andrés para el periodo 2019 a 15 de mayo de 2023, donde evaluó la gestión fiscal en los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos endógenos por concepto de la tarjeta de turista y la contribución para el uso de la infraestructura pública turística.

Los resultados de la evaluación arrojaron un Concepto Adverso para la gestión adelantada por estas tres entidades, dada la inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.

Un hecho que configura hallazgo fiscal por $1.225 millones se relaciona con la construcción de una pista de bicicross en el Municipio de Providencia, la cual se encuentra abandonada sin que se hubiera cumplido el objeto del contrato afectando así el beneficio esperado para la comunidad. Se advierten deficiencias desde el proceso de estructuración del proyecto, en el que no se adelantaron las gestiones correspondientes a la obtención de permisos y licencias ante las autoridades ambientales.

Así mismo, hay casos cuantificados en $4.869 millones que evidencian falta de controles en el proceso de recaudo por concepto de tarjeta de turista, al identificar números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo del recurso a la Tesorería del Departamento.

También $155 millones invertidos por la Gobernación en el Centro de Salud San Luis que corresponden a la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento. A la fecha las pólizas de garantía están vencidas, evidenciándose que la Gobernación no realizó ninguna gestión que permitiera salvaguardar dicha inversión.

Otras situaciones cuestionadas

Adicional a lo anterior, la actuación evidenció otras situaciones que configuran condiciones que afectan notoriamente el beneficio esperado para la comunidad con el recaudo y ejecución de los recursos cobrados por la tarjeta de turista; especialmente en lo que concierne a $29.706 millones que corresponden a recursos no ejecutados del convenio interadministrativo suscrito con FINDETER, de los que no se disponen los soportes que den cuenta del ingreso a las cuentas bancarias de la Tesorería Departamental.

Igualmente, hay $504 millones entregados por el Hospital Departamental en calidad de anticipo al contratista por concepto de adquisición de vehículos eléctricos, uno de ellos para adecuarse como ambulancia medicalizada, sin que a la fecha de liberación del informe se evidenciara la entrega de los bienes ni la instalación de la planta fotovoltaica que garantice el cargue de energía que haga factible su funcionamiento, hecho relevante si se tiene en cuenta el propósito de tales vehículos en la mejora de la prestación del servicio de salud en el Departamento.

Aunado a ello, $390 millones por la elaboración e instalación de letreros artísticos en el Departamento, algunos de los cuales reflejan incumplimiento de las especificaciones técnicas, de tal forma que garantizaran resistir las condiciones climáticas de la isla. A esto se suma que el acuerdo de condiciones económicas del contrato inicial y de la adición resultan disímiles a pesar de ejecutarse en condiciones semejantes de modo, tiempo y lugar.

No existen mecanismos de seguimiento

Los resultados de la evaluación también destacan la ausencia de mecanismos de seguimiento, validación y control que garanticen el adecuado registro y administración de los recursos. En consecuencia, se estableció falta de oportunidad en las transferencias que debe realizar la Gobernación en favor del Municipio; y disparidad entre distintas fuentes de información en lo que concierne al recaudo y transferencia según los términos de ley.

El informe, realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, señala situaciones en que se presentan incluso cambios en la destinación específica que debería aplicar, en especial para los recursos asignados a contribución para infraestructura pública turística. Tales situaciones se replican a nivel del Municipio de Providencia y en conjunto sustentan la formulación de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal.

Los hallazgos dan cuenta de falencias en la labor de recaudo y administración de los recursos, en el registro a nivel contable, presupuestal y de tesorería, y en la ejecución de los mismos a través de contratación suscrita por los sujetos auditados, las cuales requieren acciones por parte de estos con miras a garantizar los propósitos establecidos en la Ley que creó tales tributos y contribuciones, enfocados a mejorar las condiciones del Archipiélago, de la comunidad turista y residente, y de su infraestructura.

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

  1. ↩︎
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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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