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Nacional

Contraloría hace un llamado a entidades territoriales a gestionar de la mejor manera los recursos del FOME para el regreso a clases presenciales

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La Contraloría General de la República identificó, junto al Ministerio de Educación, que de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con las que se ejecutan $400 mil millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para el financiamiento de los planes de regreso a clases presenciales con esquema de alternancia (Directiva 017 de 2020), se ha ejecutado el 61,8% ($247.263 millones) y hay $152.787 millones (38,2%) sin ejecutar.
De acuerdo con la información oficial 42 ETC ya regresaron a clases presenciales en el primer semestre del año, 47 ya anunciaron regreso a presencialidad durante el mes de julio, 4 no han confirmado inicio de regreso a la presencialidad y 3 han aplazado dicho proceso.
Esto indica que de las 18.239 instituciones educativas que hay en el territorio nacional, 7.721 (3.134 oficiales y 4.587 no oficiales) han regresado a clases presenciales con alternancia, o sea el 42,3% (1.663.009
estudiantes).
“La Contraloría General de la República, desde el carácter preventivo, ha venido realizando un seguimiento a los más de $400 mil millones que ha dispuesto el Ministerio de Educación a través de recursos del FOME para la financiación de los protocolos de bioseguridad, y así desarrollar el regreso seguro a clases presenciales de las instituciones educativas. Es por ello que en este momento hacemos un llamado a las ETC para que ejecuten dichos recursos y se garantice el servicio educativo a los 9 millones 800 mil estudiantes en el territorio nacional”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
Y agregó: “Debemos destacar que dichos recursos los destinó el Ministerio de Educación para que las Secretarías de Educación adquirieran Elementos de Protección Personal (EPP); la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos para garantizar las condiciones de bioseguridad en IE oficiales, y la realización de las adecuaciones necesarias para cumplir los protocolos dispuestos. Así que el llamado es a que se garantice el cumplimiento de la finalidad de los recursos públicos”.
De acuerdo con el informe presentado al ente de control, hasta la fecha las 42 ETC que ya ingresaron a la presencialidad son:
Julio 6: Antioquia, Apartado, Bello, Bolívar, Caldas, Chocó, Envigado, Guainía, Guaviare, Huila, Itagüí, Manizales, Sabaneta, Quibdó, Quindío, Rionegro, Turbo, Vichada.
Julio 7: Palmira, Zipaquirá.
Julio 8: Bogotá, San Andrés.
Julio 12: Amazonas, Armenia, Atlántico, Casanare, Cauca, Córdoba, Facatativá, Florencia, Girardot, Medellín, Mosquera, Pereira, Putumayo, Risaralda, Tolima, Tumaco, Santander, Sucre, Vaupés (área urbana y el 19 de julio en área rural), Yopal.
Y las ETC que han confirmado que ingresarán a la presencialidad con alternancia son:
Julio 15: Chía, Cundinamarca, Fusagasugá, Funza, Jamundí, Malambo, Neiva, Sahagún, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Soacha, Tunja, Valledupar.
Julio 19: Arauca, Barranquilla, Boyacá, Cartago, Cesar, Ibagué, La Guajira, Maicao, Meta, Montería, Popayán, Riohacha, Tuluá, Uribia y Villavicencio.
Julio 21: Bucaramanga, Cúcuta, Floridablanca, Girón Norte de Santander, Barrancabermeja, Piedecuesta.
Julio 26: Buga, Buenaventura, Cali, Caquetá, Ipiales, Lorica, Nariño, Pasto, Pitalito, Yumbo, Valle del Cauca.
En el esquema de especial seguimiento que viene desarrollando la Contraloría General de la República se han identificado casos que generan alarma sobre la ejecución de los recursos del FOME, como es el caso de aquellas ETC que, a pesar de haber ejecutado los dineros, no registran aún fecha definida de inicio de clases presenciales.
Hay algunas ETC que ya han ejecutado más del 21% de los recursos FOME pero que aún no registran ante el Ministerio de Educación inicio de clases, entre las cuales se destacan:
1. Magangué, con el 99,9% de los recursos ejecutados.
2. Dosquebradas, con el 84,8%
3. Cartagena, con el 68,0%
4. Santa Marta, con el 66,8%
Y en el caso de las ETC que no han ejecutado los recursos dispuestos para la organización del servicio educativo y que, además, no registran fecha de inicio de clases presenciales, se resaltan:
1. Ciénaga, con una ejecución del 19,9%
2. Duitama, con el 4,4% de ejecución
3. Magdalena, sin ninguna ejecución de los recursos dispuestos (0,0%).
“La Contraloría continúa realizando seguimiento a la ejecución de los recursos del FOME en el país, y hace un llamado de atención en este sentido.
Especialmente a las 7 ETC que aún no han reportado regreso a la presencialidad y más aún a aquellas que ni han ejecutado los recursos en la generación de los protocolos de seguridad y tampoco definen el regreso de sus estudiantes a las aulas”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.
“Estamos hablando del servicio educativo de los niños del país, de aquellos que han pasado más de un año sin poder volver a las aulas de clase, entendiendo todas las implicaciones que esto trae y recordando el fallo de Control de Legalidad de la Directiva del Ministerio de Educación, emitido por el Consejo de Estado, el cual señala, tanto a la cartera de Educación como a las Secretarías, que su obligación es velar porque todos los prestadores del servicio educativo avancen en la definición de las condiciones para el retorno gradual y progresivo a las aulas, con las normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales”, subrayó.
“El mismo Consejo de Estado ha destacado que pueden existir situaciones particulares, en el que los padres de familia pueden exigir un tratamiento distinto, pero ha aclarado que la modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial. Es por ello que hacemos el llamado a la responsabilidad que tienen las ETC de ejecutar los recursos públicos para los fines pertinentes, a fin de garantizar el derecho a la educación en medio de la pandemia”, concluyó recalcando Pineda Téllez
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, junto a la ciudadanía, hace seguimiento a la ejecución de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para la mitigación de la emergencia COVID -19, dispuestos en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a través de los mecanismos de Especial Seguimiento y el “Sistema de Control Fiscal Participativo”.

Actualidad

Contraloría advierte sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar tarifas de energía

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La Contraloría General de la República consideró que resultan innecesarias e inoportunas las medidas que propone el Proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria en el sector energético”.

El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Minas y Energía desarrolla el contenido de la Ley 142 de 1994 sobre servicios domiciliarios y la Ley 143 de 1994 (ley eléctrica).

Los aspectos que pretende desarrollar como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación, ya se encuentran reglamentados e instituciones como la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM las vienen adelantando.

Las Decisiones ordenadas en el proyecto establecen plazos para comenzar su ejecución de entre tres y seis meses, lo que se puede interpretar como procastinación frente a decisiones que ya debieron estar adelantadas por parte del Gobierno Nacional.

La Contraloría hace un llamado a que se active la institucionalidad, se designen los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, para que puedan cumplir con sus funciones y competencias, lo anterior incluye la posibilidad de expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro el año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula” vigente. Y que, como consecuencia de lo anterior, se agilice la
planeación y se prioricen las conexiones a los proyectos de generación disponibles.

Es verdaderamente increíble que, de seis Comisionados requeridos, sólo se haya nombrado uno y un posible segundo Comisionado no se haya podido posesionar por exceder la edad requerida por la función Pública.

Por último, cabe recordar que, desde octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática Energética, la CGR se encuentra a la espera de los proyectos, planes y programas que esa cartera llevara a cabo para el Cambio a la Transición Energética sin que se afecten las Finanzas Públicas y la Seguridad Energética del País.

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Judiciales

14 capturados en Cartagena por presunta distribución de drogas

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Se presume que la organización distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de
cocaína diarias, con las que obtenían más de 200 millones de pesos mensuales de ganancias.

Ante el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación un juez de control de  garantías aseguró a 14 presuntos integrantes de un grupo delincuencial por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Las investigaciones dan cuenta de que, las sustancias alucinógenas eran transportadas desde Bogotá D.C. hasta Cartagena (Bolívar), para luego ser comercializadas en los barrios La Esperanza, La Candelaria, Flor del Campo y Colombiatón de esa ciudad, y en el corregimiento de Barú (Bolívar).

Durante 15 diligencias de allanamientos realizadas el pasado 23 de febrero por la Policía Nacional en el área metropolitana de Cartagena, fueron capturadas 13 personas, mientras que un hombre fue detenido en vía pública del municipio de Chía (Cundinamarca).

Se presume que la organización distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de cocaína diarias, con las que obtenían ganancias por más de 200 millones de pesos mensuales.

En el operativo judicial las autoridades incautaron marihuana, base de coca, celulares, entre otros elementos materiales probatorios.

Los procesados fueron identificados como:
1. Anyi Paola Vega Zúñiga, alías Anyi
2. Erick Antonio Sierra Jiménez, alías Pocho
3. Yaneris Zúñiga Melgarejo, alías Yaneris
4. Víctor Alfonso León Blanquicet, alías Negro
5. Yurleidis Mendoza Rubio, alías La Ñata
6. Sandra Milena Meza de Arcos, alías Sandra

7. Keiver José Martínez Ortega, alías Menor
8. Jairo Andrés Hernández Torres, alías Pata Palo
9. Rodolfo Díaz Mármol, alías Rodolfito
10. Jorge Eliecer Cantillo Guzmán, alías El Gato
11. Damián Andrés Gómez Rodríguez
12. Gustavo Carriazo Barón
13. Jesús Pérez de Arco
14. Jesús Alberto Castro León

Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a diez de los procesados y los otros cuatro recibieron medida privativa de la libertad en sus domicilios.

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Actualidad

Registraduría aprobó el calendario electoral para las elecciones interpartidistas del 4 de junio

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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, firmó la resolución 2886 del 3 de febrero de 2023 que fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición a cargos o corporaciones de las elección territoriales de 2023.

Con la publicación del calendario electoral se da inicio a las diferentes etapas y actividades a desarrollar para la realización de estas consultas populares, que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo hasta el 4 de marzo para que comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos.

Así mismo, desde el 1 de abril inicia el período para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional; este plazo se extenderá hasta el 4 de mayo de 2023, un mes antes de dichas consultas.

La resolución número 0585 de 25 de enero de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral fijó el 4 de junio de 2023 como fecha para la realización de consultas populares para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos para las elecciones de 2023.

A continuación, se relacionan las fechas de las diferentes actividades a desarrollar para las consultas interpartidistas.

4 de febrero: Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas (4 meses antes de la votación)

4 de marzo: Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos.

Podrá realizarse propaganda electoral empleando el espacio público. Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.

Publicación del Censo Electoral (3 meses antes de la elección).

6 de marzo: Podrá realizarse propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público.

10 de abril: Inicia la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

20 de abril: Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que participen en la consulta presenten las preguntas a realizar al Consejo Nacional Electoral.

30 de abril: Vence el término para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos. En caso de que las preguntas sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.

4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta.

5 de mayo: Vence el plazo para que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que se le hayan devuelto las preguntas presentadas que no fueron aprobadas, las subsanen en el término máximo de cinco (5) días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta.

12 de mayo: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección)

19 de mayo: Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (10 días antes de la elección).

20 de mayo: Fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación (15 días antes de la votación).

25 de mayo: Publicación de la lista de los jurados de votación (10 días calendario antes de la votación).

2 de junio: Inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros (48 horas antes de iniciarse el escrutinio).

4 de junio: Día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

5 de junio: Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

6 de junio: Inician los escrutinios generales.

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