Judiciales
Corte Suprema de Justicia negó tutela a José Manuel Gnecco Valencia que pretendía sacar su caso de San Andrés por considerar que corren peligro los actores del proceso
La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar la acción de tutela interpuesta por el abogado José Manuel Gnecco quien está privado de la libertad por ser acusado por la Fiscalía de ser sospechoso de haber asesinado a su esposa y prima Maria Mercedes Gnecco Serrano.
La Corte ordenó además, que si la decisión no es impugnada, será remitido el expediente a la Corte Constitucional para revisión eventual.
¿Por qué la Tutela?
Mediante un apoderado, Gnecco Valencia presentó el recurso de amparo porque consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, porque el Tribunal Superior del Distrito Judicial había rechazado una solicitud de cambio de radicación.
Lo que ocurrió fue que entre el 26 y el 30 de junio de 2022 se adelantó, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de San Andrés, audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Gnecco Valencia, procesado por los presuntos delitos de homicidio, porte de armas de fuego, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falsedad en documento privado, debido a que -supuestamente- el 5 de octubre de 2021 le habría disparado a su esposa, María Mercedes Gnecco Serrano, ocasionándole la muerte.
La audiencia de formulación de acusación se celebró el 4 de noviembre de 2022 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, y la audiencia preparatoria se realizó en sesiones de 30 de noviembre de 2022 a 17 de abril de 2023. Y el 8 de junio de 2023, el defensor de Gnecco Valencia radicó solicitud de cambio de radicación con el argumento de que han sucedido eventos que representan “un grave riesgo de afectación de la seguridad o integridad personal de los intervinientes, e, incluso, de los servidores públicos”.
El apoderado de Gnecco Valencia se basó en que “del descubrimiento del arma de fuego que disparó el proyectil que segó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano, así como de la identidad de las personas que fueron capturadas en flagrancia, portándola”, se desprende que la pistola pertenecía -fue robada por los dos capturados- a la Banda de los Pusey (o los Salsipuedes), que sería una organización criminal dedicada a hurtar y extorsionar.
El abogado aclaró que no pretendía anticipar la teoría del caso de la defensa, sino advertir los riesgos implícitos ‘para todos’ por el desarrollo de la audiencia de juicio oral en la Isla de San Andrés -que además pueden afectar la independencia de la administración de justicia-, “donde se facilita en extremo para la delincuencia el control de entrada y salida de personas, y sobre el desarrollo de las declaraciones y pruebas, entraña ostensible riesgo para la seguridad y la integridad personal de los intervinientes y los servidores públicos”.
En procesos distintos, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes obtuvo sanciones privativas de libertad en contra de dos menores por sus responsabilidades en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Los hechos se registraron en diferentes sectores de San Andrés Isla.
La primera decisión judicial afectó a un adolescente de 17 años, quien con arma de fuego le quitó la vida a un hombre el pasado 2 de febrero en el barrio El Cliff.
Labores investigativas lograron establecer que la víctima llegó a su casa y cuando se disponía a guardar su motocicleta, fue sorprendido por el joven, que en compañía de otra persona le dispararon con arma de fuego.
Por disposición judicial, el menor estará privado de la libertad por tres años en un centro de atención especializado.
Asimismo, fue sancionado otro adolescente de 16 años por dispararle en seis oportunidades a un hombre, provocándole la muerte. El hecho sucedió el 3 de abril último, en el sector de Morris Landing.
De acuerdo con la investigación, el ataque se registró por rencillas entre la familia del
menor y la víctima.
Un juez de Infancia y Adolescencia determinó que el joven permanezca seis años privado de la libertad en un centro de reclusión de menores.
• Esta información la publica la Fiscalía General de la Nación por razones de interés general.
Un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar (Cavif) logró que un juez de control de garantías enviara a prisión a un hombre de 23 años por su presunta responsabilidad el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptó.
Los hechos están relacionados con las supuestas agresiones que le realizó el hoy procesado a su pareja sentimental de 36 años, el 5 de junio del presente año, en el barrio Obrero del archipiélago.
De acuerdo con la investigación, el hombre le habría pedido a la mujer que lo ayudará a conseguir un dinero prestado y como ella no le respondió, al parecer, la golpeó en su cabeza.
Momentos después, se presume que, la hirió con arma blanca en el brazo y con objeto contundente la golpeó de nuevo en la cabeza y el estómago hasta que perdió el conocimiento.
Vecinos que se encontraban cerca de la residencia, lograron auxiliarla y trasladarla al hospital donde le brindaron atención médica.
El procesado que fue capturado el pasado 7 de septiembre, en el barrio Black Dog por funcionarios del CTI de la Fiscalía.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en su contra a más de cinco años de prisión por entregar una millonaria suma de dinero para intentar entorpecer una investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra el exrepresentante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo Archbold, congresista entre 2014 y 2018, por intentar utilizar el engranaje corrupto del cartel de la toga a su favor, la cual torcía expedientes en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados y abogados, a quienes congresistas y gobernadores investigados pagaban millonarios sobornos. La decisión la tomó el Tribunal al confirmar la decisión de primera instancia que había tomado el 30 de junio de 2022 el juzgado noveno penal del circuito de Bogotá.
La investigación confirmó que Gallardo Archbold sostuvo reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno (exfiscal anticorrupción), entre 2014 y 2015, y le entregó $200 millones para que intercediera y buscara la forma de favorecerlo en un proceso penal que se seguía en su contra. Este dinero fue repartido entre Moreno y el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos.
Con la entrega del dinero, según la hipótesis del caso, Gallardo Archbold esperaba que una pesquisa en su contra quedara archivada en la Corte Suprema. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y el excongresista pidió a Moreno la devolución del dinero. Este último le regresó el soborno, pero igual lo mencionó una vez empezó a ventilar nombres para recibir beneficios judiciales.
A través de un comunicado, el ex Representante Julio Gallardo se pronunció ante el anuncio del Tribunal:
