Judiciales
Corte Suprema de Justicia negó tutela a José Manuel Gnecco Valencia que pretendía sacar su caso de San Andrés por considerar que corren peligro los actores del proceso
La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar la acción de tutela interpuesta por el abogado José Manuel Gnecco quien está privado de la libertad por ser acusado por la Fiscalía de ser sospechoso de haber asesinado a su esposa y prima Maria Mercedes Gnecco Serrano.
La Corte ordenó además, que si la decisión no es impugnada, será remitido el expediente a la Corte Constitucional para revisión eventual.
¿Por qué la Tutela?
Mediante un apoderado, Gnecco Valencia presentó el recurso de amparo porque consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, porque el Tribunal Superior del Distrito Judicial había rechazado una solicitud de cambio de radicación.
Lo que ocurrió fue que entre el 26 y el 30 de junio de 2022 se adelantó, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de San Andrés, audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Gnecco Valencia, procesado por los presuntos delitos de homicidio, porte de armas de fuego, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falsedad en documento privado, debido a que -supuestamente- el 5 de octubre de 2021 le habría disparado a su esposa, María Mercedes Gnecco Serrano, ocasionándole la muerte.
La audiencia de formulación de acusación se celebró el 4 de noviembre de 2022 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, y la audiencia preparatoria se realizó en sesiones de 30 de noviembre de 2022 a 17 de abril de 2023. Y el 8 de junio de 2023, el defensor de Gnecco Valencia radicó solicitud de cambio de radicación con el argumento de que han sucedido eventos que representan “un grave riesgo de afectación de la seguridad o integridad personal de los intervinientes, e, incluso, de los servidores públicos”.
El apoderado de Gnecco Valencia se basó en que “del descubrimiento del arma de fuego que disparó el proyectil que segó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano, así como de la identidad de las personas que fueron capturadas en flagrancia, portándola”, se desprende que la pistola pertenecía -fue robada por los dos capturados- a la Banda de los Pusey (o los Salsipuedes), que sería una organización criminal dedicada a hurtar y extorsionar.
El abogado aclaró que no pretendía anticipar la teoría del caso de la defensa, sino advertir los riesgos implícitos ‘para todos’ por el desarrollo de la audiencia de juicio oral en la Isla de San Andrés -que además pueden afectar la independencia de la administración de justicia-, “donde se facilita en extremo para la delincuencia el control de entrada y salida de personas, y sobre el desarrollo de las declaraciones y pruebas, entraña ostensible riesgo para la seguridad y la integridad personal de los intervinientes y los servidores públicos”.
Judiciales
Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura de la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang
Por: Antonio Colmenares
El pasado 10 de noviembre de 2026 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, específicamente la Sala de Decisión, resolvió admitir la solicitud de pérdida de investidura promovida por el señor Martín Emilio Cardona Mendoza contra la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.
Ordenó además, notificar personalmente a la accionada Elizabeth Jay-Pang Díaz, de acuerdo con la Ley y notificar al Ministerio Público.
Anota la admisión que se debe notificar a la parte solicitante, de acuerdo con la ley.
Según el documento del Consejo de Estado, Martín Emilio Cardona Mendoza presentó solicitud de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, por la presunta violación del régimen de incompatibilidades relativas a las prohibiciones de gestionar asuntos particulares ante entidades públicas y de celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas que sean contratistas del Estado, respectivamente.
Cardona expuso que, el 20 de abril de 2026, el Consorcio Parque Archbold cedió a Josef Concretes Ltda. derechos económicos hasta por $50.189.100, derivados del contrato de una obra pública relacionada con la construcción de escenarios deportivos.
Se aseguró que el representante legal y socio mayoritario de la sociedad cesionaria era Norbert Vonblon Pomare, cónyuge de la congresista, y que esta última figuraba como gerente suplente de dicha sociedad.
Según la argumentación, la Gobernación aceptó la cesión mediante la Resolución núm. 003483 del 29 de mayo de 2026.
Se consideró entonces que la representante a la Cámara habría incurrido en la incompatibilidad del numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política, por su eventual intervención en las gestiones adelantadas ante la Gobernación para obtener la aceptación de la cesión.
- Este es el Auto de la admision por parte del Consejo de Estado para la solicitud de perdida de investidura



Judiciales
Dos personas capturadas en Maria La Baja (Bolivar) por presuntamente extorsionar con falsos perfiles en San Andrés para no publicar contenido intimo
Un presunto esquema de extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería fue puesto al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que permitió asociar hechos delictivos que habrían afectado a por lo menos 14 personas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Por estos hechos fueron judicializados Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, señalados de presuntamente contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería para persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido íntimo. Posteriormente, al parecer, exigían dinero bajo amenazas de divulgar el material en redes sociales y otras plataformas.


De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en otros casos los investigados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para intimidar a los ciudadanos y exigirles pagos a cambio de no atentar contra sus vidas.
Las autoridades señalaron que los presuntos responsables utilizaban diferentes identidades para establecer contacto con las víctimas y solicitaban transferencias de dinero a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.


La investigación permitió relacionar hechos ocurridos durante el último año y establecer, hasta el momento, un total de 14 personas afectadas, tanto hombres como mujeres. Los dos procesados fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el municipio de María La Baja, Bolívar, desde donde presuntamente se desarrollaban estas actividades ilícitas.
Una fiscal Gaula les imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ambos procesados no aceptaron los cargos. Por decisión de un juez penal de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía reiteró que la información se divulga por razones de interés general, en el marco de las investigaciones adelantadas para esclarecer estos hechos que habrían afectado a ciudadanos del archipiélago.
- Información, fotos y videos fueron publicados por la Fiscalía General de la Nación

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Procuraduría destituyó por 15 años a exagentes de la Policía por caso de la narco avioneta en Providencia
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia a bordo de una avioneta, en mayo de 2021.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que los entonces agentes fueron quienes se encargaron de embarcar el alcaloide en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que la aeronave iniciara su desplazamiento a la terminal aérea El Embrujo, que sirve a Providencia, lugar donde fue incautado por las autoridades.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados.
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