La Procuraduría General de la Nación presentará este 3 de octubre su informe sobre la situación de derechos humanos frente a la dinámica migratoria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde han sido rescatados por la Armada Nacional, entre 2022 y 2023, al menos 977 migrantes irregulares (entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas) que se dirigían hacia costas nicaragüenses, para continuar desde allí su recorrido hacia los Estados Unidos.

Desde principios de año, la Delegada para los Derechos Humanos viene alertando sobre la difícil situación humanitaria a la que se ve enfrentada la población migrante, al parecer, provenientes de distintas nacionalidades como Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladés, Bielorrusia y Bosnia, en razón a las precarias condiciones de seguridad en que son trasladados y los engaños de los que han sido víctimas por parte de las mafias que manejan este lucrativo negocio.

El informe, que será presentado a la opinión pública por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, describe en detalle las afectaciones que afrontan los migrantes, las rutas utilizadas para este tráfico de personas, los riesgos que implican los traslados sin ningún tipo de seguridad para sus vidas, el alto riesgo de naufragios, el elevado costo, que al parecer, les cobran por trasladarlos, la falta de liderazgo, controles y articulación por parte de las autoridades en su atención, entre otras realidad.

En el documento también se plasman las 28 situaciones de riesgo encontradas tras las vistitas de verificación realizadas por la Procuraduría a la isla durante el primer semestre de la vigencia 2023 y se plantean al menos 30 recomendaciones puntuales emitidas por el Ministerio Público a las diferentes entidades del orden nacional y territorial, requiriendo su urgente intervención para atender esta situacional.

Adicionalmente, se presentarán las cifras y la situación de vulneración de derechos humanos a la que se enfrenta la población migrante en el Tapón del Darién, Cúcuta y en la Pista, Maicao.

La Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable del cargo único a la ex gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie, con suspensión en el ejercicio del cargo por 4 meses.

Debido a que la disciplinada al momento de hacerse efectiva la sanción, ha cesado en sus funciones como administradora de la Isla, en virtud de la ley, el término de suspensión se convirtió en salarios de acuerdo al monto que devengaba, suma que ascendió a los $34.836.628.

El Ministerio Público corroboró que la funcionaria suscribió bajo la modalidad de contratación directa, el negocio jurídico 085 de 2014, con esta entidad contratista que no contaba con la idoneidad para ejecutar el ya mencionado convenio.

De esta manera, la Procuraduría delegada de Juzgamiento 1, determinó que la funcionaria vulneró el principio de legalidad y se configuró su actuar disciplinario dentro de las faltas gravísimas que impone la normativa.

En fallo de primera instancia, el ente disciplinario calificó la conducta de Guerrero Bowie como falta gravísima, a título de culpa grave

La Administración Departamental en cabeza del Gobernador Everth Hawkins Sjogreen se informó que el Ministerio del Interior aceptó su solicitud de declaración de impedimento en temas de elección popular para el periodo 2023 enviada a la Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pasado 9 de agosto del presente año.

A través de la misiva, el mandatario isleño se declara impedido para actuar como Gobernador en cualquier asunto relacionado con las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, en vista que cuatro (4) candidatos comparten parentesco en el cuarto grado de consanguinidad.

Teniendo en cuenta la solicitud, por medio del Decreto 1572 de 25 de septiembre de 2023, el Ministerio del Interior designó como Gobernador ad hoc del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al doctor Andrés René Chaves Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.331.646, quien se desempeña en el cargo de Asesor código 1020 grado 18 ubicado en el Despacho del Ministro del Interior, para actuar en cualquier asunto relacionado con las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.

El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 110 de la Ley 2200 de 2022.

Para el mandatario isleño Everth Hawkins, primero está el deber, respeto y bienestar de la comunidad isleña.

Por esta razón, debe velar por el cumplimiento de las normas y principios que garanticen el cabal cumplimiento de una exitosa temporada electoral.