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Nacional

De 31 millones de vacunas aplicadas en el país, solo se han realizado pagos por 2 millones y medio a las IPS: Contraloría General

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La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Salud, identificó graves retrasos en los procesos de facturación y pagos de las dosis aplicadas de vacunas contra el Covid-19.

De los más de 668 mil millones de pesos que el Ministerio de Salud destinó para el pago de la aplicación de la vacuna, solo se han ejecutado cerca de 16 mil millones.

La información se obtuvo dentro del seguimiento permanente que la CGR está realizando al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. En este seguimiento también se identificó que, de las 31.000.000 dosis de vacunas aplicadas a la fecha, solo se han realizado pagos a las IPS por $16.004.790.321, correspondientes a 2.647.638 dosis.

La baja ejecución de los recursos destinados para este fin deja al descubierto que existen retrasos en la validación de facturas por parte de las EPS, lo que está generando un ‘cuello de botella’ dentro del trámite para realizar los pagos.

Por ejemplo, un cruce de datos que realizó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR a las bases que contienen la información del plan, dejó como resultado que las EPS del país han validado solo el 27 por ciento de las vacunas aplicadas entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2021, acrecentando así los retrasos de los pagos que deben recibir las IPS por la aplicación de las vacunas.

Además, la base de datos Paiweb, que contiene todos los datos del Plan Nacional de Vacunación, registra, con corte al 4 de agosto pasado, 18.233.872 vacunas digitalizadas de las 29.013.935 que en total se habían aplicado a esa fecha, lo que representa un rezago de 10.780.063 dosis dentro de las actualizaciones que el Ministerio de Salud, EPS e IPS deben realizar en esta plataforma.

Diferencias de reportes en bases de datos deben solucionarse

La inconsistencia entre las bases de datos dificulta la vigilancia que, en tiempo real, está realizando la CGR al Plan Nacional de Vacunación. Por eso la entidad pide al Ministerio de Salud y a las prestadoras de salud que estas diferencias de reportes en las bases de datos sean solucionadas y los datos actualizados oportunamente, porque los retrasos hacen más lento aún el proceso de facturación y pagos.

Los trámites de validación de las facturas del Plan de Vacunación están dispuestos en una resolución del Ministerio de Salud que, además, contiene los protocolos para los anticipos a las IPS que aplican los biológicos y los protocolos que deben anexarse para los giros que finalmente realiza la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), entidad gubernamental encargada de realizar los pagos.

Como es de conocimiento nacional, las prestadoras de salud han manifestado su inconformismo por la lentitud del proceso de facturación y de pagos hasta el punto de asegurar que está en riesgo la continuación de la aplicación de dosis de vacunas en varias regiones del país.

En este ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Sector Salud ha radicado y comunicado a entes de control, Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud la información discriminada de las alertas identificadas por la CGR.

Actualidad

Contraloría advierte sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar tarifas de energía

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La Contraloría General de la República consideró que resultan innecesarias e inoportunas las medidas que propone el Proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria en el sector energético”.

El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Minas y Energía desarrolla el contenido de la Ley 142 de 1994 sobre servicios domiciliarios y la Ley 143 de 1994 (ley eléctrica).

Los aspectos que pretende desarrollar como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación, ya se encuentran reglamentados e instituciones como la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM las vienen adelantando.

Las Decisiones ordenadas en el proyecto establecen plazos para comenzar su ejecución de entre tres y seis meses, lo que se puede interpretar como procastinación frente a decisiones que ya debieron estar adelantadas por parte del Gobierno Nacional.

La Contraloría hace un llamado a que se active la institucionalidad, se designen los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, para que puedan cumplir con sus funciones y competencias, lo anterior incluye la posibilidad de expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro el año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula” vigente. Y que, como consecuencia de lo anterior, se agilice la
planeación y se prioricen las conexiones a los proyectos de generación disponibles.

Es verdaderamente increíble que, de seis Comisionados requeridos, sólo se haya nombrado uno y un posible segundo Comisionado no se haya podido posesionar por exceder la edad requerida por la función Pública.

Por último, cabe recordar que, desde octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática Energética, la CGR se encuentra a la espera de los proyectos, planes y programas que esa cartera llevara a cabo para el Cambio a la Transición Energética sin que se afecten las Finanzas Públicas y la Seguridad Energética del País.

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Judiciales

14 capturados en Cartagena por presunta distribución de drogas

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Se presume que la organización distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de
cocaína diarias, con las que obtenían más de 200 millones de pesos mensuales de ganancias.

Ante el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación un juez de control de  garantías aseguró a 14 presuntos integrantes de un grupo delincuencial por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Las investigaciones dan cuenta de que, las sustancias alucinógenas eran transportadas desde Bogotá D.C. hasta Cartagena (Bolívar), para luego ser comercializadas en los barrios La Esperanza, La Candelaria, Flor del Campo y Colombiatón de esa ciudad, y en el corregimiento de Barú (Bolívar).

Durante 15 diligencias de allanamientos realizadas el pasado 23 de febrero por la Policía Nacional en el área metropolitana de Cartagena, fueron capturadas 13 personas, mientras que un hombre fue detenido en vía pública del municipio de Chía (Cundinamarca).

Se presume que la organización distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de cocaína diarias, con las que obtenían ganancias por más de 200 millones de pesos mensuales.

En el operativo judicial las autoridades incautaron marihuana, base de coca, celulares, entre otros elementos materiales probatorios.

Los procesados fueron identificados como:
1. Anyi Paola Vega Zúñiga, alías Anyi
2. Erick Antonio Sierra Jiménez, alías Pocho
3. Yaneris Zúñiga Melgarejo, alías Yaneris
4. Víctor Alfonso León Blanquicet, alías Negro
5. Yurleidis Mendoza Rubio, alías La Ñata
6. Sandra Milena Meza de Arcos, alías Sandra

7. Keiver José Martínez Ortega, alías Menor
8. Jairo Andrés Hernández Torres, alías Pata Palo
9. Rodolfo Díaz Mármol, alías Rodolfito
10. Jorge Eliecer Cantillo Guzmán, alías El Gato
11. Damián Andrés Gómez Rodríguez
12. Gustavo Carriazo Barón
13. Jesús Pérez de Arco
14. Jesús Alberto Castro León

Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a diez de los procesados y los otros cuatro recibieron medida privativa de la libertad en sus domicilios.

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Actualidad

Registraduría aprobó el calendario electoral para las elecciones interpartidistas del 4 de junio

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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, firmó la resolución 2886 del 3 de febrero de 2023 que fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición a cargos o corporaciones de las elección territoriales de 2023.

Con la publicación del calendario electoral se da inicio a las diferentes etapas y actividades a desarrollar para la realización de estas consultas populares, que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo hasta el 4 de marzo para que comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos.

Así mismo, desde el 1 de abril inicia el período para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional; este plazo se extenderá hasta el 4 de mayo de 2023, un mes antes de dichas consultas.

La resolución número 0585 de 25 de enero de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral fijó el 4 de junio de 2023 como fecha para la realización de consultas populares para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos para las elecciones de 2023.

A continuación, se relacionan las fechas de las diferentes actividades a desarrollar para las consultas interpartidistas.

4 de febrero: Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas (4 meses antes de la votación)

4 de marzo: Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos.

Podrá realizarse propaganda electoral empleando el espacio público. Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.

Publicación del Censo Electoral (3 meses antes de la elección).

6 de marzo: Podrá realizarse propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público.

10 de abril: Inicia la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

20 de abril: Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que participen en la consulta presenten las preguntas a realizar al Consejo Nacional Electoral.

30 de abril: Vence el término para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos. En caso de que las preguntas sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.

4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta.

5 de mayo: Vence el plazo para que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que se le hayan devuelto las preguntas presentadas que no fueron aprobadas, las subsanen en el término máximo de cinco (5) días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta.

12 de mayo: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección)

19 de mayo: Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (10 días antes de la elección).

20 de mayo: Fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación (15 días antes de la votación).

25 de mayo: Publicación de la lista de los jurados de votación (10 días calendario antes de la votación).

2 de junio: Inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros (48 horas antes de iniciarse el escrutinio).

4 de junio: Día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

5 de junio: Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

6 de junio: Inician los escrutinios generales.

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