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Depositaria de la SAE y administradora reclaman hotel en ruinas que sigue recibiendo turistas

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Se cumplió el plazo de demolición, pero sigue funcionando como Carmen House

El Hotel Paramakay ubicado en la Avenida Atlántico a pesar de haber sido declarado en estado de ruina e inminente peligro funciona como Carmen House desconociendo la Resolución 003696 y el Edicto 004 de la Inspección de Policía que ordenó la demolición con plazo de cinco meses que se cumplieron este mes de octubre.

La Resolución 003696 declaró en estado de ruina e inminente peligro la edificación denominada Hotel Paramakay ubicada en el sector de la Avenida Atlántico de San Andrés y a través del Edicto 004 del 4 de mayo de 2018 hizo saber que hay orden de demolición total de la edificación y se les concedió a propietarios o representantes legales el plazo de cinco meses contados a partir de la notificación, plazo que ya se cumplió.

La orden además contenía la obligación de constituir una póliza de responsabilidad civil contra terceros que puedan resultar afectados con la ejecución de la demolición del inmueble.

Hasta el momento la orden de la autoridad no ha sido atendida y por el contrario siguen atendiendo turistas bajo la razón social Carmen House Hostal, sin preocuparse de que, tal como lo declaró la autoridad, el inmueble tiene estado de ruina e inminente peligro y que desde ese punto de vista existe la posibilidad de que colapse.

Solicitud de propiedad

Carmen Quintero decidió renovar la matrícula mercantil del inmueble en la Cámara de Comercio el 31 de marzo de 2018 con un activo de $2.350.000 y bajo el nombre de Carmen House con el que continúa recibiendo turistas sin atender la orden de demolición que resolvieron las autoridades.

El abogado Julio Jesús Cotes Brown, como apoderado de Carmen Stella Quintero, presentó ante el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, un proceso verbal de pertenencia con el objeto de que se declare que la señora Quintero adquirió la propiedad por la vía de la posesión.

En la solicitud el abogado Cotes indicó que la señora Quintero “obtuvo y tiene la posesión sobre los inmuebles objeto de la presente, por espacio de doce años continuos, posesión real y material de los siguientes inmuebles…” y hace referencia del terreno, primera planta y descripción de los demás pisos cuatro en total con cada uno de los apartamentos.

Explicó Cotes que la administradora Quintero tiene la relación de contacto material con los inmuebles –edificación, propiedad horizontal- descritos y que por lo tanto tiene la posesión porque se ha encargado de limpiar, cuidar, reparar, invertir, contratando personal y servicios como televisión e Internet y que por lo tanto y según lo que se conoce en derecho como ‘animus domini’ que implícitamente sería ‘animus detinendis’, es la dueña.

 Denuncia de la depositaria 

La depositaria designada por la SAE, Etilza Hernández de León, por su parte, a través de un comunicado recordó que el inmueble en mención está declarado en estado de ruina e inminente peligro y que la señora Quintero “quien ejercía las funciones de administradora del Hotel Maracay, de manera fraudulenta ha intentado realizar juicio de pertenencia” y más adelante indica que el establecimiento “fue intervenido por la Fiscalía General de la Nación con medida de extinción de dominio conforme al acta de secuestro con número de radicado 2631E.D.  del 3 de marzo de 2005, en el cual fui nombrada como depositaria provisional a pesar de que la señora Quintero tiene pleno conocimiento del estado ruinoso del inmueble donde funciona el Hotel Paramacay”.

La hace responsable 

Finalmente, la señora Hernández manifestó que “hago responsable civil y penalmente a la señora Carmen Quintero de (sic) cualquier persona que salga lesionada o ponga en riesgo su vida en este inmueble, porque a pesar (sic) que le he comunicado por escrito y de manera verbal esta se rehúsa (sic) aceptar la decisión del funcionario del departamento”, refiriéndose a quien ordenó la demolición.       

 

 

 

 

 

 

 

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Primera jornada de conciliación en San Andrés: la Fiscalía descongestionará procesos judiciales

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El próximo lunes 20 de mayo de 2024, la Fiscalía General de la Nación en San Andrés llevará a cabo una jornada especial de conciliación. Esta iniciativa, apoyada por la Policía Nacional y la gobernación del archipiélago, busca descongestionar 100 procesos judiciales conciliables.

La jornada contará con un equipo interdisciplinario de seis fiscales y sus asistentes, dos equipos psicosociales proporcionados por la administración departamental y efectivos de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad. El objetivo es que las víctimas de delitos querellables, como lesiones personales, daño en bien ajeno, injuria, calumnia, estafa, falsedad personal, hurto, inasistencia alimentaria y abuso de confianza, puedan llegar a acuerdos justos con los presuntos infractores.

El evento se realizará en la sala múltiple del auditorio del Banco de la República, ubicado en la avenida Colón No. 2-74, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los asistentes tendrán la oportunidad de consultar el estado de sus procesos y buscar soluciones a través de la conciliación.

Con esta acción, la Fiscalía de San Andrés busca fortalecer el vínculo con la ciudadanía y proporcionar herramientas que garanticen un mejor acceso a la justicia para todos los habitantes del archipiélago.

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Temporada de huracanes 2024 sería una de las más fuertes de la historia: Ideam

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Por la temporada de más lluvias que vive el país, 613 municipios están en alerta por deslizamientos, de los cuales 267 se encuentran en alerta roja, un número que ha venido aumentado en los últimos 5 días, principalmente en la región Andina.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lanzó un llamado de alerta a todos los actores y entidades encargadas de la gestión ambiental del país, incluyendo alcaldes, gobernadores y ciudadanos, con el fin de acelerar la implementación de medidas preventivas ante la inminente llegada de condiciones climáticas adversas.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera que, con un 70% de probabilidad, la primera temporada de lluvias intensas este año, el inicio de la temporada de ciclones y huracanes, así como la instalación del fenómeno de La Niña, presenten serias amenazas para varios departamentos de Colombia a partir de junio.

Específicamente, a partir del 1 de junio inicia oficialmente la temporada de ciclones y huracanes en el país, que podría extenderse hasta comienzos de noviembre.

En ese sentido, Susana Muhamad señaló: “Vamos a tener condiciones de amenaza importantes que se presentarán a partir de julio. Hoy tenemos condiciones de vulnerabilidad en los territorios luego de una sequía derivada del fenómeno de El Niño (…) vamos a tener medio país con amenazas de más lluvias y medio país con amenaza de menos lluvia. Por eso el tiempo que utilicemos a partir de ahora hasta julio para preparar comunidades, será fundamental”.

En términos generales, la vigilancia y seguimiento a las variaciones climáticas realizada por el Ideam indican que julio, agosto y septiembre serán los más críticos en términos de precipitaciones. Esta situación plantea una doble amenaza: por un lado, regiones afectadas por sequías debido a El Niño enfrentarán escasez de lluvias, mientras que otras experimentarán precipitaciones excesivas y con ello el riesgo de inundaciones.

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CGR conformará red nacional de estudiantes universitarios que, como guardianes de los recursos públicos, pondrá su lupa a obras abandonadas e inconclusas

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Con un balance ampliamente satisfactorio, de cerca de más de 500 estudiantes universitarios capacitados para ejercer vigilancia a los recursos públicos en sus regiones, se cerró la primera etapa del proyecto Contraloría a la U, con el cual la Contraloría General de la República, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, motiva a los jóvenes participantes a involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción.

El innovador programa arrancó en Arauca (Arauca) y culminó en Sabanalarga (Atlántico) e incluyó también las ciudades de San Andrés, Valledupar, Leticia, Tumaco y Medellín.

Los estudiantes llegaron a estos talleres sabiendo muy poco o nada sobre las labores de control fiscal que ejerce la CGR.

Al final aprendieron con ejercicios prácticos qué hace este organismo de control y, lo más importante, salieron convencidos que pueden ayudar a proteger los recursos públicos y a cuidar que las obras que se adelantan en sus ciudades y en su región no terminen como elefantes blancos.

La Contraloría General de la República y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) unieron esfuerzos para crear este programa, que incentiva a los jóvenes universitarios a formar parte del control fiscal y la vigilancia de obras y proyectos en marcha.

En cada ciudad sede del taller Contraloría a la U, los estudiantes, acompañados de funcionarios de la CGR, visitaron obras donde veedurías ciudadanas, con el acompañamiento del organismo de control, tienen puesta su lupa para verificar que culminen exitosamente.

Aparte de aprender la importancia de cuidar los recursos públicos, los estudiantes participantes tomaron conciencia de que poner atención a las obras no terminadas dentro de sus comunidades es fortalecer el control social y permite a la larga asegurar un mejor futuro para todos.

Brigitte Rosero, estudiante de la Universidad Nacional Sede Amazonas, cuenta así su experiencia en este taller: “Me encanta que la Contraloría haya decidido hacer estos proyectos en donde integra la comunidad y le da estas herramientas, porque la participación ciudadana es muy importante y que todos vigilemos lo de todos”.

Juan Pablo Vallejo, estudiante de la Universidad Nacional Sede Medellín, participó en la jornada realizada en esta ciudad y expresó así lo que vivió: “Fue una jornada maravillosa. Aprendimos demasiado sobre mecanismos de control ciudadano y estuvimos en una obra donde conocimos de primera mano qué es lo que se hace con veedores, con interventores, con los encargados de la obra. Es una experiencia que nos permite como jóvenes poner en práctica estas herramientas”.

Guardianes de los recursos públicos, en alianza con la CGR

El cierre de la primera etapa de Contraloría a la U se realizó hoy en el Auditorio de la CGR, en un “Gran Encuentro Nacional de Jóvenes”, donde el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, destacó los mecanismos de que hace uso la CGR para promover el control fiscal participativo, que puede permitir a los estudiantes hacer auditoría a temas como las inversiones que se hacen en la Universidad, el puente que están construyendo en su barrio, escuelas, vías, acueductos y alcantarillados, obras que por competencia este órgano de control tiene que vigilar qué se hagan bien.

“Nosotros en la Contraloría recibimos al año 57.000 solicitudes de ciudadanos que, a través de un correo electrónico, de una denuncia, de llamadas a través de las líneas de atención telefónica, reportan situaciones que consideran deben ser objeto de vigilancia. Y de esa cantidad de denuncias, por lo menos 27.000 son de competencia de la entidad, es decir tienen que ver con proyectos donde hay responsabilidad nuestra de ir a vigilar recursos”, resaltó Zuluaga.

Recordó que la CGR ha rescatado obras en todo el país por una suma de $2.1 billones e invitó a los jóvenes universitarios vinculados al proyecto Contraloría a la U que se sumen a los equipos de la Delegada de Participación Ciudadana que hacen seguimiento a estos más de 1.700 proyectos, departamento por departamento.

“La apuesta que tenemos es que cada vez más estas obras se puedan terminar”, enfatizó.

“Esta primera etapa del proyecto Contraloría a la U nos ha motivado para que en una segunda etapa conformemos una gran red nacional de jóvenes universitarios articulados con el control social”, anunció luego.

En un Poscat en directo, con la participación del Vicecontralor en funciones de Contralor General, Karen Henríquez, estudiante universitaria de la ciudad de Valledupar, dijo que su participación en Contraloría en la U ha sido una experiencia enriquecedora; “Primera vez que nosotros nos acercamos a lo público, primera vez que sentimos como territorio que lo público se quiere acercar a los liderazgos juveniles. Vemos como una entidad pública nos quiere formar y capacitar en este tema y en cómo debemos cuidar los recursos que nos pertenecen como comunidades y territorios”.

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