Deudas acumuladas de las EPS evidencian el colapso del modelo de intermediación: MinSalud – El Extra
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Deudas acumuladas de las EPS evidencian el colapso del modelo de intermediación: MinSalud

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El más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud revela que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda que asciende a los $32,9 billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.

Esta cifra representa un aumento de $7,9 billones respecto al monto reportado en 2023, y es reflejo del nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo del sistema, debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.

Dicha deuda no solo afecta gravemente la estabilidad de los prestadores y proveedores de servicios, sino que también ha empezado a golpear de forma directa a los usuarios. La imposibilidad de cubrir oportunamente los servicios ha generado una atención cada vez más fragmentada, demorada y costosa, y ha empujado a miles de familias a cubrir con su propio dinero medicamentos, exámenes, citas y procedimientos.

Pese a la magnitud de la crisis, el informe deja claro que esta deuda no es responsabilidad del Gobierno, sino que corresponde a decisiones y omisiones de las propias EPS.

En este sentido, el ministerio de Salud y Protección Social reitera que está al día con los pagos y que ha realizado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema.

Durante este Gobierno, los recursos destinados al aseguramiento en salud han crecido cerca del 40%. En 2024 los recursos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ascendieron a $87,89 billones de pesos, lo que representó aproximadamente el 17 % del Presupuesto General de la Nación.

Para ese mismo año la UPC fue incrementada en 12,01%, un ajuste superior a la inflación causada de ese año, que fue del 5,20%, lo cual refleja el compromiso de este Gobierno con el sostenimiento financiero del sistema.

“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema’, recalcó el presidente Gustavo Petro durante la alocución destinada al análisis del informe de la Contraloría.

Y es que, a pesar de los giros oportunos y crecientes por parte del Gobierno, la Contraloría advierte que hay $2,71 billones de pesos girados por la ADRES a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados financieros. Dichos recursos serán objeto de actuaciones fiscales, pues no hay claridad sobre su uso o destino.

?Más preocupante aún es que entre 2020 y 2024 se han acumulado $15,79 billones sin trazabilidad, entre ellos $4,22 billones solo en 2024, lo que evidencia un patrón persistente de opacidad en el manejo de los recursos.

Uno de los casos de mayor afectación es el de la Nueva EPS. Antes de su intervención ya presentaba alarmantes signos de desequilibrio financiero. Según datos de la Supersalud, al cierre de 2022 la Nueva EPS debía $5,07 billones al sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas. De ese monto, $3,88 billones correspondían a anticipos entregados a IPS, lo que dejaba una deuda efectiva por pagar de $1,19 billones.

A esto se suma que la mayoría de las EPS no cumplen los requisitos mínimos para operar. De las 26 EPS evaluadas, en 2023 solo 5 cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas, y apenas 10 tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. El 61% de las EPS no cuentan con recursos líquidos para operar, y 16 EPS incumplen simultáneamente los tres requisitos normativos: liquidez, margen de solvencia y provisión de reservas.

Lo anterior implica que una porción significativa de las entidades que reciben recursos públicos para garantizar el derecho a la salud no tiene cómo sostener sus operaciones básicas, y sin embargo siguen funcionando y manejando grandes volúmenes de dinero público.

La crisis no se limita a la relación entre EPS e IPS. A pesar de que el Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 —unos $13,3 billones de $14,7 billones radicados—, persisten fallas graves en el suministro de medicamentos.

Esta contradicción ha generado una ola creciente de peticiones, quejas y reclamos (PQR), sin que haya una explicación técnica clara por parte de los gestores farmacéuticos.

El Ministerio de Salud ha reiterado su desconcierto frente a esta situación, especialmente al considerar que los pagos están al día y los recursos han sido girados con responsabilidad.

“Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos’, señaló el mandatario.

El informe también revela graves hechos de corrupción histórica en el sector. Se documentan desvíos de recursos a paraísos fiscales, creación de IPS de papel, cobros múltiples de UPC por un mismo paciente, y manipulaciones contables destinadas a distorsionar la suficiencia de la UPC.

Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos, además de 111 imputaciones, 41 fallos fiscales ejecutoriados y 148 indagaciones preliminares adicionales.

Estas cifras muestran que la captura indebida de los recursos de la salud ha sido sistemática y con impactos profundos en la sostenibilidad del sistema.

Frente a este panorama, el Gobierno reitera que la reforma estructural del sistema de salud es urgente, inaplazable y respaldada por la evidencia técnica.

La propuesta de reforma busca eliminar gradualmente la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria, habilitar auditorías integrales, garantizar trazabilidad en el uso de los recursos, e implementar mecanismos de saneamiento para prestadores y EPS que decidan transformarse en gestoras de salud y vida.

Asimismo, se plantea la creación de instrumentos de liquidez, fortalecimiento institucional del Invima y la ADRES, y la publicación periódica de informes de trazabilidad de recursos.

El mandatario destacó que el actual sistema no solo es ineficiente, sino que limita la posibilidad de aumentar el financiamiento público sin cambios estructurales.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha manifestado en múltiples ocasiones que la exoneración de aportes patronales, vigente desde 2012, representó un sacrificio fiscal de $17,7 billones solo en 2024, recursos que podrían destinarse a cerrar brechas en salud.

“El ministro Jaramillo propone regresar al impuesto patronal, yo propongo aumentar el impuesto de renta de las personas más ricas de Colombia, destinado a la vida del pueblo. Esto hace parte del pacto social’, manifestó el presidente Petro.

El informe de la Contraloría es contundente: la actual estructura de intermediación ha llevado al sistema al borde del colapso. Seguir sosteniendo este modelo significa normalizar el desvío de recursos, la inoperancia financiera, la desprotección de millones de usuarios y el debilitamiento progresivo de hospitales, clínicas y profesionales de la salud. La reforma es no solo una decisión política, sino una necesidad para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los colombianos.

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Procuraduría investiga e ex Gobernadores de San Andrés por presunto incumplimiento en fallo de tutela: Nicolás Gallardo le respondió a la Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores del Archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026), por el presunto incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba adoptar medidas para mitigar los efectos de la sobrepoblación y garantizar condiciones adecuadas de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la administración de Everth Hawkins se habrían omitido acciones necesarias para cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, particularmente en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), el control de construcciones ilegales y barrios subnormales, así como la regulación del crecimiento del parque automotor.

En cuanto a Nicolás Gallardo, la Procuraduría cuestiona el presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas específicamente con el control del ingreso y crecimiento de vehículos, motocicletas, mulas y carros de golf en el departamento.

LA RESPUESTA DE NICOLÁS GALLARDO

Tras conocerse la formulación de cargos, en un documento de respuesta se relacionaron las actuaciones adelantadas durante la administración de Nicolás Gallardo para atender la problemática del crecimiento del parque automotor.

Entre las acciones expuestas se encuentra la realización del censo vehicular de 2024 y la presentación ante el Tribunal Administrativo de un informe comparativo entre los censos de 2017 y 2024, en el que se evidenció un incremento del 8,75 % del parque automotor durante ese periodo.

Asimismo, se indicó que la administración solicitó al Tribunal Administrativo una medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Esta petición fue acogida mediante auto del 26 de mayo de 2025, que ordenó la restricción por un periodo de tres meses.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, se solicitó una prórroga de dicha medida por dos años. Sin embargo, mediante auto del 6 de abril de 2026, el Tribunal negó la solicitud.

El documento también señala que el 2 de junio de 2026 la administración volvió a acudir al Tribunal para reiterar la necesidad de adoptar medidas de regulación del ingreso vehicular.

Adicionalmente, se informó sobre una solicitud formal presentada ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el Archipiélago, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad.

  • Carta del Ex Gobernador Nicolás Gallardo en respuesta a la Procuraduría

SIN PRONUNCIAMIENTO CONOCIDO DE EVERTH HAWKINS

En el caso del exgobernador Everth Hawkins, hasta el momento no se conoce una respuesta pública frente a los señalamientos formulados por la Procuraduría en este proceso disciplinario.

La entidad calificó provisionalmente las faltas atribuidas a ambos exmandatarios como graves, a título de culpa grave.

El proceso disciplinario deberá continuar su curso para determinar las responsabilidades correspondientes, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados.

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Procuraduría envió a juicio disciplinario al exsecretario de Infraestructura Cristian Cañón quien habría ejercido el cargo estando inhabilitado

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024 -2026), Cristian Fernando Cañón Bernal, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.

Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la corporación autónoma Cardique.

La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.

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Armada Nacional capturó 44 hondureños por pesca ilegal en aguas del Archipiélago

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La Armada Nacional, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capturó a 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, en inmediaciones de isla Cayo Serranilla, al norte del archipiélago. Durante la operación fueron incautadas 20 embarcaciones menores, equipos de buceo y 241 kilogramos de recursos marinos.

El procedimiento se inició cuando el buque de la Institución Naval detectó una embarcación pesquera que operaba como buque nodriza y desde la cual se desplegaban embarcaciones menores, conocidas como pangas, para realizar faenas de pesca. Tras verificar con la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de San Andrés, se estableció que la embarcación no contaba con autorización para ingresar a aguas colombianas ni para desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros.

Al advertir la presencia de la Armada Nacional, el pesquero emprendió la huida y abandonó en el sector a las personas que se encontraban en las pangas. Ante esta situación, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las embarcaciones y sorprendió en flagrancia a los 44 extranjeros mientras realizaban actividades de pesca con equipos de buceo y transportaban recursos marinos.

Posteriormente, en el muelle de The Cove, en San Andrés, se realizó la inspección y verificación del material incautado, con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca. El procedimiento permitió establecer que transportaban 142 kilogramos de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de peces de diferentes tamaños, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

También fueron incautadas 20 pangas, 143 tanques de buceo, manómetros y otros elementos utilizados para la extracción de especies marinas.
Migración Colombia adelantó las verificaciones de identidad y situación migratoria de los 44 ciudadanos hondureños. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Esta operación se suma a los controles realizados recientemente en inmediaciones de isla cayo Serranilla, donde unidades de Guardacostas efectuaron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera ubicada fuera del mar territorial colombiano, en la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, hasta que salió de dicha área e ingresó a aguas hondureñas.

Estas acciones buscan proteger los ecosistemas de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad marina. Sus arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares son fundamentales para la conservación de numerosas especies y el sustento de las comunidades del archipiélago.

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