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El Mercado Artesanal para granjeros, Farmers Market, costará $1.044 millones y sería realidad en marzo

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Elizabeth Mejía Salazar

Desde el pasado 16 de diciembre despegó la segunda etapa de la construcción del mercado artesanal para granjeros -Farmers Market-, obra que tiene un costo de $1.044.931.160 millones y que es ejecutada por Findeter en convenido interadministrativo con la Gobernación de San Andrés.

El Farmers Market hace parte de los cuatro proyectos que decidió ejecutar el gobierno departamental al iniciar el 2020, luego de revisar las prioridades de las 15 obras conferidas durante el mandato de Juan Francisco Herrera Leal a la financiera, por valor de $44,300 millones.

En Rock Hole estará ubicada la obra que, al igual que el valor de su ejecución, tiene por un extenso nombre: ‘Ejecución de revisión, validación, ajuste y complementación de estudios, diseños y construcción del mercado artesanal para granjeros (Farmers Market)’.

De acuerdo con los diseños entregados por Findeter, se observa un ala techada con una zona de almacén central y varias estanterías para que los vendedores locales ubiquen sus productos y finalizada la venta se marchen. No presentan cerramiento de locales individuales, sino todo lo contrario, es un espacio adecuado para la ubicación, por horas. de los alimentos o productos. De allí que se hable de toldos, y espacios para la comercialización.

El área por intervenir sólo es un espacio que abarca la parte más larga del predio, mientras que se procurará mantener una zona para el esparcimiento de los vecinos del sector. Para comprobar los desarrollos en la zona nos desplazamos y de allí los registros del área a intervenir, y su situación hasta el pasado 31 de diciembre en horas de la tarde. No encontramos movimiento alguno que indique el inicio de una obra.

El proyecto, que ya fue socializado con la comunidad, de acuerdo con lo expresado por el vicepresidente técnico de Findeter, Juan José Oyola, tendrá por vocero y administrador a la Fiduciaria Previsora S.A, y será ejecutado por la Unión Temporal Zambrano Téllez, (conformado por Fanny Patricia Zambrano Ortega y Eliana Karina Téllez), en un plazo de 6,5 meses, los cuales se dividieron en dos etapas. La primera fue la ejecución de revisión, validación, ajuste, complementación de estudios, diseños, consecución de licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto, que culminó el 15 de diciembre. Luego de esa fecha, despegó la segunda fase, con la ejecución de las obras. Es decir, la Isla deberá contar con un aplaza de mercado en la segunda quincena del mes de marzo de 2021.

Por su parte la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) estará a cargo de Donal Bogotá Bautista, y tendrá un costo de $137.576.814 millones.

 

 

 

Las cuatro obras que ejecuta Findeter

 

Luego de realizar varias consultas con entre Findeter y el Gobierno Departamental, antes de la pandemia y durante la misma, la administración local, en su momento en cabeza de Everth Hawkins Sjogreen, decidió solo realizar cuatro de los 15 proyectos que manejaría la financiera por valor de $44.300 millones de pesos.

Según el vicepresidente técnico de Findeter, Juan José Oyola, en la entidad solo están depositados $30.000 millones, y se espera una decisión de la Gobernación del Archipiélago para conocer cómo se procederá con esos recursos, los cuales, hasta ahora, no han registrado un costo de administración, tema que deberá ser revisado entre las partes.

Las obras que, de acuerdo con las matemáticas, suman $14.300 millones son:

  1. Elaboración de bases cartográficas para el Departamento Archipiélago.
  2. Ejecución de diagnósticos, estudios y diseños y ejecución de obras en: la casa lúdica el cove, y el centro de salud en el sector de San Luis.
  3. Obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías peatonales Spratt Bight y Genny Bay
  4. Revisión, validación, ajuste y complementación de estudios, diseños y construcción del mercado artesanal para granjeros (farmers market).

 

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

  1. ↩︎
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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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