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‘Entierro de tercera’ a proyecto que imponía aumento al impuesto por visitar las islas

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Comisión Tercera de la Cámara entregó informe de Ponencia Negativa para primer debate

Antonio Colmenares Martínez
Especial para El Extra

Ponencia Negativa al proyecto presentado por la Representante Elizabeth Jay Pang, y otros, que pretendía ampliar impuestos a turistas, dio la Comisión Tercera de asuntos económicos de la Cámara de representantes por considerar improcedente, a los ojos del ponente, el hecho de recargar a costas de los turistas el financiamiento de servicios públicos como los de infraestructura y salud que están en cabeza de la gobernación.

Además, consideró la Comisión que sería la apertura de “una ventana perversa para que la resolución de todos los problemas relacionados con la prestación de servicios y la financiación de actividades administrativas dentro del departamento sean solventadas por medio del traslado de los costos a los turistas”.

Distancia entre representantes

El hecho dio como resultado un evidente distanciamiento conceptual entre la representante Jay Pang y el también representante por las islas, Jorge Méndez que ya había advertido sobre la inconveniencia de la propuesta.

Inconveniencia

Según los representantes Armando Zabaraín D’arce, del Atlántico; Jhon Jairo Cárdenas, del Cauca y Oscar Darío Pérez de Antioquia quienes firmaron el informe de Ponencia Negativa para primer debate, el espíritu del proyecto presentado por la representante Jay Pang y otros, impondría un gasto doble, al menos en materia de salud, a los turistas por un mismo servicio “creando una contribución adicional por un servicio que en cualquier caso ya está pago por ellos…”, dice el informe de Ponencia Negativa.

Indica más adelante el documento que “el hecho de incrementar el costo de la contribución dispuesta en el artículo 19 de la Ley 47 de 1993 puede generar un efecto diametralmente contrario al que se busca con la implementación de este proyecto. Dado que al aumentar la tasa que pagan los turistas extranjeros y nacionales puede constituirse en un desincentivo económico que a la larga repercuta en la disminución del número de turistas que visitan las islas”.
En resumen, la negativa al proyecto se basó en que con el más elemental análisis se puede colegir que los turistas podrían preferir destinos sin tantas cargas impositivas a pesar de que para muchos llegar algún día a San Andrés es una gran ilusión.

Reacción

La representante a la Cámara por el Archipiélago, Elizabeth Jay Pang, reaccionó ante la respuesta de la Comisión Tercera y mediante un comunicado a la opinión pública dijo que no se trata de crear un nuevo impuesto sino de redistribuir de la mejor manera el recurso que ingresa por concepto de las Tarjetas de Turista.

Según la respuesta de la Comisión Tercera esa propuesta no fue entendida de esa manera y por eso se solicitó archivar el proyecto de ley.

La duda sobre recursos

La comunidad isleña que sabe que en el año 2016 se recaudaron $56.468.352.350 por concepto del pago por tarjeta de turismo cuando el impuesto era de $99.000 y en el 2017 $73.068.051.260, con el impuesto a $105.000 y en el 2018 con corte a 6 de agosto, de $37.670.447. 455 se pregunta constantemente ¿en qué se ha invertido el recurso que son ingresos corrientes de libre destinación? Las respuestas de la administración no son convincentes porque hay necesidades insatisfechas que no han sido atendidas, según voceros de la comunidad.

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Armada Nacional incautó 12 toneladas de pesca ilegal

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La Armada intercepta motonave, con bandera de Republica Dominica, con 12 tripulantes a bordó en el cual después de realizar una inspección por parte de la Secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación y la Estación de Guardacostas de San Andrés Islas, se determinó que está Motonave contenía 12 toneladas de Pesca entre Caracol Pala y Pesca Blanca, este trabajo hace parte de las operaciones de soberanía, de control marítimo que realiza la Armada Nacional en aguas del Archipiélago.

Es importante mencionar que al verificar las estadísticas está es una de las incautaciones más grandes que se ha realizado por la Armada en los delitos de Pesca Ilegal.

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OCCRE creará Modelo de Capacidad de Carga Demográfica

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Este sábado la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) invita al Pueblo Raizal a conocer el proyecto que se viene gestando entre este órgano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para crear un Modelo de Capacidad de Carga Demográfica: Guía y Bases para la Política Pública de Población para el Departamento Archipiélago’.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio ‘Walwin Petersen Bent’ de la Gobernación, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Chile, dada su experiencia sobre el tema con la isla de Pascua (del pueblo ancestral Rappi Nui); por ello hará presencia delegados de la Universidad Católica de Chile y la Unesco.

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Grupo de Acciones Públicas de la U. del Rosario denuncia abandono del Sunrise Park

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El parque acuático Sunrise Park continúa con sus puertas cerradas y aún no hay respuesta clara por parte de la Gobernación de San Andrés acerca del uso que se le está dando al lugar y cuándo pueden los turistas e isleños disfrutar de la construcción. Así lo denunció el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, el cual reveló que actualmente el parque está siendo utilizado como depósito de contenedores de basura.

Hace tres años fue entregado al Consorcio Parques de San Andrés el contrato para la reestructuración del parque, reparación de los toboganes, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas y elementos de seguridad en las piscinas, el cual manifestaba que para el mes de febrero de 2016 se entregaría la obra completamente terminada, pero no es sino hasta 2018, y con motivo de celebrar el día del niño, que se hace la apertura del Sunrise Park. Sin embargo, al 20 abril de ese año se evidencia que el parque se encuentra de nuevo con sus puertas cerradas.

El GAP de la Universidad del Rosario decidió formular dos derechos de petición a la Gobernación de San Andrés, con el fin de dar continuidad a su labor de protección de los derechos de la comunidad y la defensa del medio ambiente, que ya había trabajado en el marco de una acción popular previa.

En el primero, la Gobernación respondió que: “El parque se abriría de martes a viernes en las tardes y los fines de semana en jornadas de 10 de la mañana a 5 de la tarde”. Aun así el lugar no abrió sus puertas de nuevo. Es entonces cuando el GAP instaura un segundo derecho de petición y la respuesta que se obtiene indica que: “El parque se encontraba cerrado totalmente desde el 24 de noviembre de 2018 porque existían deterioros en las losas de la piscina infantil e inconvenientes con los filtros de la piscina grande”.

Para María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, “la respuesta de la Gobernación de San Andrés resulta desconcertante teniendo en cuenta que no fue sino hasta el año pasado que el Consorcio Parques de San Andrés entregó el parque supuestamente reparado, dotado y listo para su funcionamiento y en menos de seis meses está presentado fallas en la estructura que ocasionan su cierre”.

Según el GAP el parque en este momento está siendo utilizado como depósito de contenedores de basura. A esto se suma que la construcción lleva una millonaria inversión en gastos bimensuales que ascienden a 47 millones de pesos. Se enviaron igualmente unos derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ambas en su seccional San Andrés y las respuestas son igualmente desconcertantes.

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