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“Entrada masiva de trabajadores puede ocasionar un mayor daño a las comunidades”: Comunidad raizal

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Miembros de la comunidad raizal llamaron la atención sobre la propuesta de la gerencia para la reconstrucción de Providencia para que se adicione al artículo 17 del Acuerdo 001 de 2002 de la junta directiva un parágrafo transitorio que permita, por razones de la emergencia, que ingresen a las islas trabajadores continentales.

El texto de la propuesta de la gerencia es que “en virtud de la declaración de situación de desastre departamental de que trata el decreto 1472 de 2020 y con el fin de facilitar la aplicación del régimen normativo especial para situaciones de desastre y calamidad pública contemplado en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, tampoco serán aplicables las normas relativas al cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 8, 10, 11, 12 y 32 del Decreto 2762 de 1991 para el ingreso de mano de obra calificada y no calificada de las empresas contratadas para apoyar la gestión pública de las entidades públicas responsables de ejecutar el Plan de Acción Específico para el manejo de la situación de desastre”.

Como se recuerda el artículo 17 del Acuerdo 001 de 2002 de la junta directiva suministra la posibilidad de que el personal de las fuerzas militares, policía y, en esa época el DAS, pudiera ingresar al departamento con tarjeta de residente temporal y este parágrafo amplía a los trabajadores que, según las cuentas del gobierno nacional, se requieren para las obras en Providencia especialmente.

Comunidad

Ante esta solicitud se manifestaron algunos miembros de la comunidad raizal entre ellos Joaquín Bryan, exfuncionario de la Occre quien sobre el tema dijo que “Providencia ya no aguanta más, hay gente allí que se siguen mojando y no tienen como protegerse del sol, están a la intemperie todo el día y al caer la noche los cambios de temperatura complican más la situación, enfermando a estas personas. Por eso debemos rodear al director de la Occre porque le toca tomar decisiones que serán impopulares, pero a beneficio de la comunidad. Se conoció que se quiere modificar el decreto y es algo que preocupa”, dijo.

Insistió Bryan en que no se debe dejar solo al director de la Occre, que es necesario rodearlo para presentarle propuestas y de inmediato dijo que propone que se haga una gran convocatoria para que quienes sean constructores, de cualquier nivel, inclusive auxiliares.

La idea es que se inscriban con sus documentos para demostrar que en las islas existen trabajadores aptos y suficientes con el objetivo de que si van a traer personal del continente sea mínimo.

Por su parte el pastor Augusto Francis Davis, representante de la comunidad raizal del sector sur, manifestó que “lo que yo puedo ver es una posible violación de los derechos humanos de la comunidad étnica raizal establecida en Providencia y en San Andrés.

La entrada masiva de tanta gente puede ocasionar un mayor daño a las comunidades.

Los contratistas pensarán que, por la mano de obra barata, pero es igual si se contrata la gente de la isla y esto generaría que los recursos circularan dentro de las islas.

La única herramienta que tenemos es apoyar la Occre y que los decretos del nivel nacional no pueden estar por encima del 2762 y como comunidad tenemos que respaldar a la Occre y que las decisiones del director y su equipo de trabajo hay que respaldarlos”.

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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