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Judiciales

Entre San Andrés y otras ciudades, desarticulan red ilegal de tráfico de migrantes

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La operación realizada por la Armada en articulación con la Fiscalía General y Migración Colombia se convierte en la más grande de este tipo realizada en 2023 con la captura de 24 personas.

·La Armada de Colombia continúa comprometida con la política de transparencia y cero tolerancia contra la corrupción.

Durante el desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interangencial entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, fueron capturadas 24 personas de manera simultánea en diferentes zonas del país, quienes presuntamente estarían facilitando el tráfico de migrantes de forma irregular desde Colombia hacia Centroamérica y al parecer pertenecerían a un grupo criminal organizado.

Entre los 24 capturados se encuentran 19 civiles y cinco militares activos de la Armada de Colombia cuatro de ellos suboficiales y un oficial, por los presuntos delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir agravado, cohecho por dar, cohecho por recibir, cohecho propio, lavado de activos, espionaje y uso de documentos falsos.

Las capturas se llevaron a cabo de manera simultánea en Bucaramanga, Cartagena, Coveñas, Cúcuta, Golfo de Urabá, Maicao, Necoclí, San Andrés y Santa Marta, dando cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el ente judicial, los 19 civiles capturados serían los encargados de engañar y transportar a las personas en condición de migración irregular desde diferentes ciudades del país hasta San Andrés y el Golfo de Urabá, donde posteriormente eran hospedados de forma transitoria en posadas y hoteles que facilitarían esta actividad delictiva para continuar con el desplazamiento por vía marítima hasta Centroamérica.

Entre tanto, los cinco uniformados al parecer estarían suministrando información sobre la ubicación de las unidades navales que efectúan control marítimo en el área general de San Andrés y Providencia, lo que le permitía a este grupo delictivo el zarpe de embarcaciones con destino a Centroamérica sin el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, con migrantes irregulares que incluían menores de edad y mujeres en estado de embarazo.

Finalmente, otro de los capturados es un funcionario de Migración Colombia del Puesto de Control Migratorio de Capurganá – Chocó, quien estampaba sellos falsos en los pasaportes, pero no registraba los datos en el sistema migratorio.

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Un policía y tres operarios de los aeropuertos de San Andrés y Cali podrían ser condenados a cadena perpetua en Estados Unidos

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Un oficial de la Policía y tres trabajadores de los aeropuertos internacionales de Cali y San Andrés han sido acusados por una corte en Tampa, Florida, por los cargos de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Si son declarados culpables, los implicados enfrentarían la posibilidad de cadena perpetua, destacando la gravedad de los cargos en su contra. Esta acusación muestra los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el narcotráfico internacional.

Las personas acusadas en este caso son Héctor Fabio Marín Usme, de 37 años; Luis Arbey Vásquez Romero, de 46; David Esteban Cárdenas Miramag, de 27; y John Janier Buitrago Muñoz, de 34. Estas acusaciones se basan en las investigaciones realizadas por la fiscalía, que sugieren un esquema sistemático para la exportación de más de cinco kilos de cocaína a territorio estadounidense, un delito que conlleva severas penas en dicho país.

Las operaciones ilícitas también involucrarían complejas redes de distribución y corrupción dentro de importantes infraestructuras aeroportuarias.

El fiscal federal Roger B. Handberg fue quien confirmó los cargos contra los ciudadanos colombianos, señalando la magnitud de la posible sentencia. Estos desarrollos resaltan la colaboración internacional en materia de seguridad y la lucha contra el tráfico de drogas, un problema que sigue afectando numerosas naciones tanto en América Latina como en Estados Unidos.

La cooperación entre agencias de distintos países es fundamental para desarticular estos grupos criminales que buscan aprovecharse de las rutas comerciales legítimas para su beneficio ilícito.

Sobre el operativo en el que se incautaron tonelada y media de cocaína en aeropuerto de San Andrés.

Durante un operativo conjunto llevado a cabo por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el 29 de julio de 2023, fueron incautadas de 1.5 toneladas de cocaína en San Andrés, camufladas entre manzanas y verduras. Este hallazgo se realizó en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, dejando un punto alto en la lucha de Colombia contra el narcotráfico en la región.

La droga, que tenía como destino ser transportada hacia los Estados Unidos, fue descubierta gracias a la alerta sobre inconsistencias en la documentación de un cargamento de manzanas proveniente del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira. La operación, denominada ‘Magnus’, destacó por la meticulosa inspección que llevó a encontrar 57 cajas de cartón conteniendo 1,309 paquetes rectangulares de cocaína, ocultos entre productos legítimos, una estrategia comúnmente utilizada por las organizaciones criminales para eludir los controles antinarcóticos.

“En el marco de la operación ‘Magnus’, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Agencia Antidrogas DEA, logró dar un importante resultado al incautar 1.528 kilos de cocaína que estaba ocultas entre las cajas de cartón con frutas y verduras dentro de un avión de carga que fue inspeccionado por nuestros hombres de antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés”, indicaron las autoridades en un comunicado.

La colaboración internacional entre la Policía Nacional de Colombia y la DEA no solo permitió interceptar este significativo cargamento sino también averiguar que, una vez en San Andrés, la droga sería transportada por lanchas rápidas hacia Centroamérica, para luego llegar a su destino final en los Estados Unidos.

Este descubrimiento puso de manifiesto la complejidad de las rutas del narcotráfico y la importancia de la cooperación transnacional en su combate. La entidad investigadora estima que el valor de esta droga en las calles estadounidenses podría alcanzar los 4.7 millones de dólares, lo que representa un duro golpe a las finanzas de los grupos criminales implicados.

Esta incautación forma parte de los esfuerzos continuos por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses para combatir la distribución de narcóticos a nivel mundial, destacando la efectividad de las operaciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.

Por este delito resultaron implicados tres operarios de los aeropuertos de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) y de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla), así como también un policía que se encontraba en la terminal aérea de la isla. Por este delito estas personas podrían enfrentar una condena a cadena perpetua por parte de las autoridades norteamericanas.

Tomado de INFOBAE

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Procuraduría inhabilitó por 13 años al ex Gobernador Everth Hawkins y al ex secretario de salud Julián Davis por contrato de publicidad en la pandemia

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 13 años al exgobernador de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins y al exsecretario de salud del departamento, Julian Roberto Davis Robinson, por irregularidades en un contrato por alrededor de $ 500 millones.

El Ministerio Público confirmó que los funcionarios suscribieron y avalaron la firma de un contrato de prestación de servicios con la Noel Foto S.A.S., y su representante legal, Henry Ramírez García, para la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas.

La entidad ratificó que en el bilateral el disciplinado incurrió en detrimento del patrimonio público por el valor de $ 204.700.003, lo equivalente al 41 % de los recursos, los cuales habrían sido invertidos en propaganda audiovisual y radial para la difusión de la situación sanitaria y medidas de protección ante el virus de COVID-19.

El ente disciplinario confirmó que el servicio gratuito correspondía a la realización de radiodifusión sonora, por los operadores o programadores de televisión y por los demás medios de comunicación masiva, según lo había dispuesto el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país, razón por la cual, no se necesitaba de la suscripción del negocio jurídico y pago alguno con cargo a recursos públicos.

Además, se verificó en fallo de primera instancia que, el exsecretario certificó y aseguró que cada una de las actividades del contrato 291 de 2020 se habían llevado a cabo de manera satisfactoria, cuando se verificó que fue innecesario pagar la prestación de estos servicios en la isla.

Finalmente, la procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta de los servidores como gravísima, a título de dolo por vulnerar los principios de moralidad administrativa y de economía.

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A la cárcel en San Andrés hombre que habría abusado sexualmente de una mujer

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Por solicitud de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la isla de San Andrés, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Doniguel Enrique Torres Pacheco, quien habría abusado sexualmente de una mujer.

De acuerdo con la investigación, el hombre transportaba en su motocicleta a la víctima, de 20 años, pero al parecer la hizo descender en un sector despoblado y mediante el uso de la fuerza la habría accedido carnalmente. Este hecho tuvo lugar el 7 de septiembre de 2023, en el sector de Tom Hooker de la isla.

Torres Pacheco de 32 años, fue capturado mediante orden judicial el pasado 16 de febrero y la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento, el cual no aceptó.

Por disposición judicial su reclusión se llevará a cabo en la Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés.

• Información publicada por la Fiscalía General de la Nación

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