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¿Es ético y legal que un congresista ‘devuelva favores’ a una empresa que le donó recursos para la campaña con debates de control político a funcionarios?

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Por: Antonio Colmenares Martínez

El 7 de mayo del presente año la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang citó a debate de control político a la ministra de Agricultura Jhenifer Mójica, para pedir la implementación de una política pública y el desmonte de la Resolución 1972 que ordena que la actividad de la pesca en el Archipiélago solo puede ser ejercida por raizales o residentes legalmente establecidos.

Al hacer análisis de esta acción, seguramente ejecutada de buena fe, surge una realidad altamente notoria: Conflicto de intereses porque la representante Elizabeth Jay Pang Díaz, recibió donaciones de la empresa Comercializadora Internacional Antillana S.A., que pertenece al sector de los pescadores industriales que buscan la posibilidad de llevar pescadores de la costa norte de Colombia, desconociendo la mano de obra isleña y que tienen como muro de contención infranqueable la Resolución 1972, que intentan por todos los medios derribar

Para abogados constitucionalistas, consultados, esta intervención de la congresista isleña se enmarca en lo denominado como conflicto de intereses por lo que el deber ser de la señora Jay Pang era abstenerse abstenerse de participar en debates en los que se resolvieran problemáticas que involucraran a sus benefactores de campaña. Ese comportamiento hubiera sido ético y legal, pero ahora los organismos de control deben decir la última palabra.

Testimonio

La periodista Ethel Bent, en diálogo con el programa San Andrés News, en lo relacionado con aportes a campañas hechas por la empresa Antillana que es, desde luego parte interesada en que se caiga la Resolución 1972, dijo textualmente: “Me lo dijo la misma Elizabeth Jay Pang, no estoy hablando de que a Jorge Méndez le aportaron, pero sí a la congresista Isabel Jay Pang, ella me dijo estas palabras en campaña: -Ethel, dile a Edgar Jay que yo ahora no puedo defender la Resolución porque yo estoy haciendo política y estoy involucrada con esta gente-.

Esto fue antes de las elecciones a gobernador, yo le di esa razón a Edgar Jay, pero inmediatamente después de eso ella se puso a apoyar que tumbaran la resolución”, destacó la comunicadora.

Debe resolverse la problemática

Lo cierto es que más allá de lo que corresponde a la congresista, esta problemática debe resolverse, en eso hay razones de quienes han participado en estos debates, que ya son varios y en eso también está de acuerdo la ministra de Agricultura Jhenifer Mójica, que en desarrollo del debate de control político, expresó la necesidad de llegar a acuerdos entre los pescadores artesanales de Providencia y los pescadores comerciales artesanales o pescadores industriales.

Este conflicto se mantiene a lo largo de mucho tiempo y radica en que a los pescadores artesanales comerciales que existen en San Andrés, no les pagan lo que realmente vale su trabajo y se prefiere traer personal de la costa Atlántica Colombiana, que desde luego deben buscar permisos especiales de trabajo en la islas y la Occre no concede estas licencias debido a que, según la ley, solo pueden llegar a trabajar al Archipiélago quienes ejecuten trabajos que requieren expertos que no haya en las islas y pescadores si hay.

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Veeduría Heredad San Andrés señala presuntas investigaciones de la Fiscalía contra Naranjo Recycling

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En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.

El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.

Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.

La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia”, dice el artículo de la Veeduría Heredad San Andrés.

El Home Noticias

Heredad basa su nota en una publicación de El Home Noticias emitida el 11 de diciembre de 2023 y que, entre otras cosas, reseña sobre este tema que La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.

Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.

Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.

Las evidencias

En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.

De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo  Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.

Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.

No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.

Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».

Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.

Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?”, se pregunta El Home Noticias.

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Procuraduría pide acciones urgentes por nuevo naufragio de migrantes en San Andrés

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La Procuraduría General de la Nación lamenta los hechos acaecidos en la tarde del martes 09 de julio de 2024, en donde nuevamente una embarcación al parecer con 20 migrantes a bordo, naufragó en aguas del archipiélago de San Andrés, dejando preliminarmente como saldo cuatro personas desaparecidas, una víctima fatal y 15 personas rescatadas por la Armada Nacional, entre los que se encuentran seis menores de edad.

La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno. 

El ente de control había alertado, desde octubre de 2023, sobre la existencia de una ruta VIP que pasaba por este departamento del país con destino a Nicaragua. Es evidente que, a pesar de las advertencias y recomendaciones de la Procuraduría, sigue siendo precario el control de ingreso a las islas y el zarpe de embarcaciones con destino a Centro América.

Esta ruta parece estar operando diariamente, sin ningún control por parte de las autoridades del archipiélago.

Reiteramos el llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago, así como a la DIJIN y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con celeridad en las investigaciones y la desarticulación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes que operan en la isla.

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En protección de Bienestar Familiar niño migrante en San Andrés Islas

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como medida de restablecimiento de derechos, ubicó en hogar sustituto a un niño de 2 años, que viajaba junto con sus padres en un barco que transportaba población migrante y que naufragó en las aguas del archipiélago de San Andrés.

Una vez la entidad fue notificada de los hechos, designó a un equipo de Defensoría de Familia que activó la ruta de atención y verificación de derechos de seis menores de edad rescatados por las autoridades, cinco de los cuales fueron reunificados con sus familiares en la sede de Migración Colombia en la Isla.

En el caso del niño de 2 años, cuyos padres aún se encuentran desaparecidos, la autoridad administrativa decidió establecer contacto con los abuelos del niño, quienes residen en Ecuador, para brindarles acompañamiento psicosocial y orientarlos sobre el proceso que deben adelantar en Colombia para la reunificación familiar.

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