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Esto no tiene nombre…

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Con dos gobernadores del archipiélago condenados por apropiarse de dineros públicos, crece la preocupación por algunas maniobras realizadas durante los fugaces tres meses como Gobernadora Encargada de la doctora Tonny Gean Salazar, que habrían puesto en peligro bienes del departamento, o por lo menos su recuperación.

Dra. Tonie Gean Salazar el pasado 1o. de enero en la transmisión de mando al nuevo gobernador, Dr.Everth Hawkins Sjogreen.

Se trata de la vinculación del predio Centro Vacacional Telecom, y el proyecto Sirenis, este último célebre porque el esposo de Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, hace parte del consorcio que solicitó y felizmente obtuvo una licencia de construcción que excedía en tres pisos los permitidos en el POT para la zona,  y ofrecer a los posibles compradores una playa privada reclamada como espacio público por los isleños. Ahora, ¿será que pretenden hacer lo mismo en el predio de Telecom ubicado en la zona de litoral?

El daño está en la licencia de construcción materializada en la Resolución 7139 del 25 de octubre de 2019, que legalizó violaciones urbanísticas del proyecto Sirenis e incluyó el pago de compensaciones o multas con la adquisición de parte de los predios del Centro Vacacional Telecom, ubicado al lado del elefante blanco Tropikal Park, en el barrio Sarie Bay de la isla de San Andrés.

Predio del Centro Vacacional de Telecom que tiene que permanecer bajo la titularidad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al frente, “Edificio Breeze” en Sarie Bay, donde se hospedan altos funcionarios del gobierno.

Los implicados en el trámite de la licencia saben que el Centro Vacacional Telecom fue construido en predios cedidos por la entonces Intendencia con la condición que Telecom instalara antenas de radiocomunicaciones, cosa que jamás hicieron. Telecom estaba obligado a devolver los predios  una vez fuera liquidada.

Lo que sucedió fue que Telecom nunca cumplió. Además de no instalar las antenas construyó un refugio vacacional al servicio de presidentes, amigos y funcionarios del gobierno nacional.

En el 2003 Telecom fue liquidada. Los isleños esperábamos que los predios fueran devueltos al departamento. Sin embargo, el ente liquidador, encargado de cumplir la devolución, los vendió al empresario bogotano Jorge Eduardo Uribe Holguín, añadiendo una bofetada a sesenta años de vergonzosos incumplimientos.

Uribe Holguín – encartado con la obligación de devolver, (acción legal que no prescribe), encontró a finales de 2019 en Gallardo y Cía. SAS y la Sociedad Hitos Urbanos, propietarios del proyecto Sirenis, los aliados perfectos; con un gobernante amigo se propusieron realizar las gestiones administrativas que desencartarían a Uribe Holguín.

Ex-secretario de Planeación, Gustavo Hooker Corpus. Primero de derecha a izquierda.

¿Qué hicieron?

Los Secretarios de Planeación Roberto Bush Felipe y Gustavo Hooker Corpus, sin realizar un mínimo estudio jurídico de títulos, concedieron dos licencias de construcción adicionales a la contenida en la Resolución que obliga a los socios de “Sirenis” a compensar al departamento.

La primera, la 7185 del 29 de octubre de 2019, de reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia; y la segunda, la 8515 del 6 de diciembre de 2019, que autoriza la subdivisión de una parte del centro vacional, haciéndoles florecer dos nuevas matrículas inmobiliarias. Es decir, el predio de Telecom que todos conocemos, que cuando pasamos por la carretera se ve como una sola cosa, ahora se encuentra dividido en cuatro partes. Todo al mejor estilo de aquel político y urbanizador bogotano Forero Fetecua.

Roberto Bush Felipe: Ex-secretario de Planeación.

El proyecto Sirenis necesitaba 3.220,25 metros que se les exigía para cumplir las compensaciones ante los excesos por violar las alturas permitidas en el Pot. Pero ¿de dónde sacarían esa cantidad de tierra en San Andrés?  Se les ocurrió que en el Centro Vacacional de Telecom. Y   para minimizar el asunto construirían canchas deportivas para la gente del sector, al lado del elefántastico “Tropical Park” y frente al “Edificio Breeze” en Sarie Bay, en donde altos funcionarios del gobierno tienen sus apartamentos de recreo.  

62 años de silencio administrativo fueron remplazados por la inusitada eficiencia de la Dra.Tony Gean Salazar, quien en tres meses logró sacar tres licencias de construcción que afectan directamente el predio del Centro Vacacional Telecom.

Luego como si se tratara de un producto perecedero lo introdujeron en el congelador, pues para perfeccionar el negocio debían presentarse el 31 de diciembre en la Notaría de San Andrés para suscribir la escritura pública que redondeaba el asunto.

Ninguna de las partes apareció.

Hoy las presiones que tiene la actual administración para que firme la escritura que cerraría los acuerdos con el proyecto Sirenis, vienen por varios frentes; Una y tal vez la más peligrosa, viene de dentro de la misma secretaría de planeación. Las otras por parte de Gallardo y Cía. quienes  interpusieron una Acción de Cumplimiento ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, y  la tercera de los tramitadores de las licencias que desde Bogotá ejercen presión hacia la administración  para obligarlos a firmar una escritura con un objeto ilegal, y por fuera del plazo improrrogable del 31 de diciembre de 2019, que, además, no puede ser ampliado por el actual Gobernador (e) sin quedar incurso en la artimaña que despojaría a su comunidad de los predios conocidos como “Centro Vacacional Telecom”.

La solución para el Proyecto Sirenis, es desmarcarse del centro vacacional, y pagar sus compensaciones o multas urbanísticas con otro predio de su propiedad, o adquirido con ese propósito, pero cumpliendo la función social de servirle a la isla.

Lo peor está por venir:

¿Qué hará el señor Uribe Holguín y sus nuevos socios con la edificación reconocida, y los lotes que le quedan y que cuenta con licencia de subdivisión, y con unas canchas al frente? ¿Pensarán construir en el litoral? Amanecerá y veremos…. Dijo el ciego.

Por él momento, sin más palabras!

Imágenes de la Resolución “Hooker Corpus”

Imágenes de la Resolución “Bush Felipe”

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Registraduría aprobó el calendario electoral para las elecciones interpartidistas del 4 de junio

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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, firmó la resolución 2886 del 3 de febrero de 2023 que fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición a cargos o corporaciones de las elección territoriales de 2023.

Con la publicación del calendario electoral se da inicio a las diferentes etapas y actividades a desarrollar para la realización de estas consultas populares, que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo hasta el 4 de marzo para que comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos.

Así mismo, desde el 1 de abril inicia el período para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional; este plazo se extenderá hasta el 4 de mayo de 2023, un mes antes de dichas consultas.

La resolución número 0585 de 25 de enero de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral fijó el 4 de junio de 2023 como fecha para la realización de consultas populares para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos para las elecciones de 2023.

A continuación, se relacionan las fechas de las diferentes actividades a desarrollar para las consultas interpartidistas.

4 de febrero: Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas (4 meses antes de la votación)

4 de marzo: Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos.

Podrá realizarse propaganda electoral empleando el espacio público. Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.

Publicación del Censo Electoral (3 meses antes de la elección).

6 de marzo: Podrá realizarse propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público.

10 de abril: Inicia la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

20 de abril: Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que participen en la consulta presenten las preguntas a realizar al Consejo Nacional Electoral.

30 de abril: Vence el término para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos. En caso de que las preguntas sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.

4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta.

5 de mayo: Vence el plazo para que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que se le hayan devuelto las preguntas presentadas que no fueron aprobadas, las subsanen en el término máximo de cinco (5) días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta.

12 de mayo: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección)

19 de mayo: Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (10 días antes de la elección).

20 de mayo: Fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación (15 días antes de la votación).

25 de mayo: Publicación de la lista de los jurados de votación (10 días calendario antes de la votación).

2 de junio: Inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros (48 horas antes de iniciarse el escrutinio).

4 de junio: Día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

5 de junio: Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

6 de junio: Inician los escrutinios generales.

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Gobernación dio a conocer la nueva tarifa para los buses este año en San Andrés

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El Gobierno Departamental dio a conocer el Decreto 0055 del 1 de febrero de 2023, por medio del cual se fijan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros para la vigencia 2023, en el Departamento Archipiélago.

Decretando fijar como tarifa del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros en vehículos, para el año 2023, la suma de cuatro mil pesos ($4.000), tanto para días hábiles, sábados, domingos y festivos.

Todos los vehículos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros deberán llevar fijados en un lugar visible y de fácil acceso para los pasajeros, un aviso de las tarifas oficiales.

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Importante reunión entre la Sociedad de Activos Especiales y la Gobernación Departamental

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Con el propósito de establecer una ruta de trabajo sobre las actividades y proyectos sociales para la comunidad de las islas en cuanto a los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, el Gobernador Everth Hawkins Sjogreen diálogo con Dr. Luis Mauricio Urquijo Tejada Gerente Regional Occidente de la Sociedad de Activos Especiales.

Durante el encuentro, se habló sobre el estado e identificación de los bienes entregados de manera definitiva por la SAE a la Gobernación, en busca de plantear proyectos sociales en beneficio de la comunidad.

La mesa de trabajo también contó con la participación de las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Planeación y la Oficina de Asesoría Jurídica.

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