La Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, presentó el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, en el que, detalle a detalle, expone la versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago.

En alguno de los apartes del documento oficial, se acusa a Hawkins de ‘obrar en coparticipación criminal’, porque para la realización del contrato contó con la gestión del secretario de Salud, el jefe de prensa y comunicaciones y el representante legal de la empresa contratista.

En resumen, la delegada Torres Rodríguez, analizó las presuntas irregularidades en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

El escrito explica que el gobernador incumplió los requisitos legales porque no se hizo un estudio previo que justificara la celebración del contrato y solo hasta después de firmado el documento se “convocó al jefe de prensa para que ayudara a definir la estrategia de comunicaciones e hiciera los requerimientos de productos, es decir, después de celebrado, pensó en para qué se requería, cómo se iba a cumplir y cuánto costaría”, dice el Escrito de Acusación.

El peculado por apropiación del cual también se acusa a Hawkins se concretó por dos vías, según la delegada: La primera porque el contratista Noe Fotos SAS, presentó cuentas de cobro por mayores cantidades de material en cuantía de equivalente al valor de 86 millones, ochocientos mil pesos, que no están soportados en cotizaciones, ni oficios de solicitud de material por parte de la gobernación, pero que fueron pagadas en la ejecución del contrato.

La segunda vía fue a través de pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de 36 millones, 520 mil, 638 pesos, que se determinaron de acuerdo con el estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados.

De manera que la Fiscalía estima que el detrimento patrimonial asciende a 123 millones, 320 mil, 638 pesos, equivalente al 24,6 por ciento del valor total del contrato.

El Escrito de Acusación fue dirigido a Juzgado Penal Municipal o Promiscuo, Juzgado Penal del Circuito, Juzgado Penal del Circuito Especializado, Magistrado Sala Penal Promiscuo Tribunal Superior dl Distrito y Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Antonio Colmenares Martínez

La experiencia de catástrofes ocurridas en Colombia que han recibido innumerables ayudas nacionales e internacionales, públicas y privadas, genera escepticismo en la comunidad isleña, especialmente en Providencia.

Hay ejemplos como el de Mocoa que después de tres años de ocurrida la avalancha que acabó con barrios enteros, todavía la reconstrucción está en proceso.

Además, existe la incertidumbre de que cuando se vayan las cámaras y micrófonos y se apaguen los reflectores de los medios, la soledad y la demora en la entrega de ayudas humanitarias, se convierta en la segunda emergencia.

La comunidad espera que los anuncios, órdenes y disposiciones del presidente Iván Duque, se cumplan a cabalidad y que las ayudas como la del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, que donó 400.000 dólares a Colombia para mitigar la problemática de emergencia tras el paso del huracán Iota por el Archipiélago y por el departamento del Magdalena, suma que se divide en dos cooperaciones técnicas de emergencia por 200.000 dólares cada una, realmente lleguen a su destino.

Por ahora hay que aplaudir la labor de los uniformados de la Policía, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Bomberos, Defensa Civil y de gran cantidad de voluntarios de San Andrés que se han desplazado a Providencia para colaborar con las brigadas de aseo y recolección de material.

Es importante recordar que la Cruz Roja Colombiana creó la campaña #UnidosPorProvidencia y #ColombiaTeNecesita para hacer donaciones destinadas a los afectados a través de la cuenta bancaria corriente Davivienda No. 455-069996490 o también se pueden enviar transferencias por Mercadopago.

La fundación Pro Archipiélago también habilitó una cuenta de ahorros y puntos de acopio en diferentes ciudades del país. La cuenta autorizada para hacer donaciones es 34800000675 de Bancolombia, a nombre de la Fundación Pro Archipiélago.

La red de voluntarios para damnificados del huracán Iota habilitó diferentes puntos para hacer donaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Ibagué y Cúcuta.

Las donaciones más apreciadas son alcohol, sábanas, colchonetas, toallas, carpas, linternas, pilas, velas, tapabocas, ropa para todas las edades, pañales, alimentos no perecederos, leche para bebés, alimentos para mascotas, materiales de construcción y medicamentos para animales.