La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés o habrían servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados cerca de 400 millones de pesos.

La operación ‘Diez… Por ciento’ avanza en su segunda fase con el propósito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.

En esta etapa ha sido impactado el patrimonio de algunos de los contratistas y exfuncionarios de Armenia (Quindío), ciudad en la que inicialmente la Fiscalía descubrió las maniobras ilícitas. Ahora, los esfuerzos del equipo de fiscales y peritos se concentran en San Andrés Islas, departamento que también fue afectado en sus finanzas a través de la presunta entrega irregular de las obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otras.

El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación permitió detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estarían a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.

Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.

Bienes avaluados en 150 mil millones de pesos.

Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y están distribuidos de la siguiente manera:

30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Estos bienes estarían en cabeza de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A.; y Fernando León Diez Cardona.

20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua.

En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascendería a 5 mil millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.

También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volvería al Frisco.

Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.

4 sociedades y tres establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia) que conformaron los consorcios contratistas. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores se incautaron de 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.

Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

En contexto

De acuerdo con la investigación coordinada por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en 2011, Hernán Moreno Pérez, contratista y titular de la empresa Furel S.A., habría entregado 400 millones de pesos a la campaña de Aury Socorro Guerrero Bowie  para que, una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.

Para las elecciones de 2015, Moreno Pérez y otros constructores como Fernando León Diez Cardona, supuestamente, aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular.

La Fiscalía constató que los pliegos de contratación en San Andrés, al parecer, fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas quedaran con las obras y sus respectivas interventorías. En contraprestación por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller habrían recibido el 10% de la contratación que, según los elementos probatorios, superó los 120 mil millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía compulso copias a la Corte Suprema de Justica para que, dentro de sus competencias, investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller.

La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.