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Fiscalía General de la Nación emitió comunicado, respecto a las propiedades allanadas por extinción de dominio en San Andrés, por casos de corrupción

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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés o habrían servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados cerca de 400 millones de pesos.

La operación ‘Diez… Por ciento’ avanza en su segunda fase con el propósito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.

En esta etapa ha sido impactado el patrimonio de algunos de los contratistas y exfuncionarios de Armenia (Quindío), ciudad en la que inicialmente la Fiscalía descubrió las maniobras ilícitas. Ahora, los esfuerzos del equipo de fiscales y peritos se concentran en San Andrés Islas, departamento que también fue afectado en sus finanzas a través de la presunta entrega irregular de las obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otras.

El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación permitió detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estarían a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.

Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.

Bienes avaluados en 150 mil millones de pesos.

Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y están distribuidos de la siguiente manera:

30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Estos bienes estarían en cabeza de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A.; y Fernando León Diez Cardona.

20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua.

En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascendería a 5 mil millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.

También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volvería al Frisco.

Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.

4 sociedades y tres establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia) que conformaron los consorcios contratistas. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores se incautaron de 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.

Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

En contexto

De acuerdo con la investigación coordinada por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en 2011, Hernán Moreno Pérez, contratista y titular de la empresa Furel S.A., habría entregado 400 millones de pesos a la campaña de Aury Socorro Guerrero Bowie  para que, una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.

Para las elecciones de 2015, Moreno Pérez y otros constructores como Fernando León Diez Cardona, supuestamente, aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular.

La Fiscalía constató que los pliegos de contratación en San Andrés, al parecer, fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas quedaran con las obras y sus respectivas interventorías. En contraprestación por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller habrían recibido el 10% de la contratación que, según los elementos probatorios, superó los 120 mil millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía compulso copias a la Corte Suprema de Justica para que, dentro de sus competencias, investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller.

La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.

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Tras las rejas por acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir

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Por: redacción judicial, J.A

 En el juzgado segundo penal municipal se realizó la audiencia de legalización de captura en contra de Duen Rufino Corpus Britton por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir el pasado 25 de febrero.

La Fiscalía solicitó que se le impartiera legalidad al procedimiento de captura por orden judicial, por haber sido de forma legal, garantizándole los derechos fundamentales y por habérseles dado un buen trato en el momento de la captura, así como que fue puesto a disposición de un juez de control de garantía dentro de las 36 horas a que hace referencia la ley.

El despacho luego de un análisis cuidadoso del caso, toma la decisión de impartir legalidad al procedimiento de captura por orden judicial del ciudadano, en consecuencia, se ordena la cancelación de la orden de captura. La decisión quedo notificada en estrado.

Por otra parte, el ente acusador formuló imputación en contra de Duen Rufino Corpus Britton, como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir. El indiciado no se allanó a los cargos formulados por la Fiscalía.

La fiscalía solicitó al despacho que se impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad, por cumplirse el factor objetivo y subjetivo para la misma, por ser necesaria, equitativa, proporcional, por existir inferencia lógica de autoría, por cumplir con los fines constitucionales para la misma, por la gravedad de la conducta y por cuanto constituye un peligro para la comunidad.

Después de un análisis cuidadoso de los elementos materiales probatorios y evidencias presentadas por los sujetos procesales, el despacho decide imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad.

 

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Departamento Archipiélago se constituirá como victima en el proceso judicial que se adelanta contra exgobernadores

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La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cabeza del Gobernador Encargado Juan Francisco Herrera Leal, participará como víctima dentro de la audiencia de acusación que se llevará a cabo en contra de Ronald
Housni Jaller, gobernador suspendido de la isla y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, hoy martes 5 de marzo en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Las razones por las que el Gobierno del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se declara como víctima, están orientadas única y exclusivamente a salvaguardar los intereses y derechos de la comunidad a través de la recuperación de los recursos que debieron ser invertidos en obras y proyectos orientados a mejorar la calidad de la vida de los isleños.

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Reducción de hurto en el departamento en un 50%

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Por: Jeimy Almanza

El comandante de la policía nacional Coronel Jorge Urquijo en diálogo con esta redacción habló sobre el trabajo que realizan y sus propósitos para disminuir las cifras en los diferentes delitos que aquejan al departamento, principalmente el hurto en sus diferentes modalidades destacando que este ha disminuido considerablemente, a pesar de presentarse algunos casos.

“Efectivamente se inicia una estrategia muy agresiva contra la delincuencia, pero también hay una actividad muy importante de la mano con la comunidad. Aquí queremos vincular a la comunidad en general a través de la red de participación cívica, en este plan de choque construyendo seguridad que se volcó a un trabajo de la mano con la comunidad recibiendo denuncias, recibiendo inquietudes y trabajar de la mano para mitigar y llevar tranquilidad a las zonas que han sido afectadas”.

Así mismo, el coronel Urquijo anunció la reducción en los hurtos en el departamento, dando crédito a la ayuda que la comunidad ha tenido con la entidad, “durante los últimos  días hemos hecho un trabajo muy importante de la mano con la comunidad, de la red cívica, con la administración departamental, las autoridades  militares, armada Nacional ejército y por supuesto también un trabajo muy importante articulado con la Fiscalía seccional san Andrés  donde se logró una reducción importante en diferentes delitos especialmente los delitos que tienen que ver con el patrimonio económico”.

En más del 50% se ha reducido la delincuencia en la modalidad de hurto en la isla, sin embargo, algunos casos aún son materia de investigación ya que la prioridad es dar tranquilidad a la población, “una reducción del hurto a personas del 51 por ciento que es muy significativo ustedes recordarán que a mediados del 2018 esta es una situación que tenía bastante preocupado a los turistas y recientes donde los hurtos estaban disparados si bien se han presentado algunos casos sensible también es cierto que a través de un trabajo articulado con las diferentes autoridades hemos logrado a hoy tener una reducción  el 51 por ciento siendo una cifra bastante significativa”.

Con la nueva estrategia, la policía nacional espera que la comunidad se apodere y así finalizar con éxito las actividades de investigación, captura y seguridad en el departamento archipiélago. De igual forma se esperó trabajar para reducir aún más el delito de hurto y cualquier otro que afecte a la isla.

 

 

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