Fiscalía imputó a ex secretario de Infraestructura y a contratista por presuntos actos de corrupción en San Andrés – El Extra
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Fiscalía imputó a ex secretario de Infraestructura y a contratista por presuntos actos de corrupción en San Andrés

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La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de control de garantías a Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura de la Gobernación de San Andrés Isla.

Según la investigación el exfuncionario estaría implicado en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Cargos que no fueron aceptados.

En la misma audiencia, también fue imputado el contratista Andrés San Miguel Castaño, quien habría incurrido en la conducta delictiva de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros agravado, la cual no aceptó.

Los hechos investigados se registraron en 2018 por las aparentes irregularidades que se presentaron durante la suscripción de un contrato entre la administración departamental y San Miguel Castaño cuyo objeto era la construcción del Centro de la Cultura Hípica de San Andrés. Para la ejecución de esa obra se destinaron $14.700’000.000 de pesos.

La Fiscalía evidenció que al contratista se le habría realizado un anticipo del 50 por ciento de la obra, aun cuando ésta se encontraba suspendida por falta de licencias ambientales.

Se presume que el dinero apropiado en favor propio y de terceros alcanzó los $7.302’992.703 de pesos y el avance de la construcción sólo llegó al 0.31%.

En cuanto a Lozano Bowie, el ente investigador consideró que el secretario de infraestructura y supervisor de la interventoría de dicha construcción debió verificar la ejecución del contrato, ejercer vigilancia y velar por el correcto uso de los recursos públicos.

• Información divulgada por la Fiscalía General de la Nación

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Ocho migrantes venezolanos abandonados en la isla Pescador de Cayo Albuquerque fueron rescatados por la Armada

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En el desarrollo de actividades de control y vigilancia marítima, la Armada de Colombia rescató a ocho migrantes venezolanos, seis adultos y dos menores de edad, quienes habrían sido abandonados en la Isla Cayo Pescador Alburquerque, a 25 millas náuticas al suroeste de la isla de San Andrés.

Al lugar de los hechos, llegó una Unidad de Reacción Rápida – URR de la Estación de Guardacostas de San Andrés, para efectuar la verificación inicial del estado de salud de estas personas y trasladarlas hasta muelle seguro, donde fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para adelantar los trámites pertinentes. Los menores de edad, por su parte, fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

Cabe resaltar que, este es el segundo caso registrado durante el año, en el que migrantes irregulares son abandonados en este sector del departamento. Adicionalmente, la región insular del Caribe colombiano afronta condiciones climáticas adversas, como resultado de la formación de una alerta por ciclón tropical; situación que desencadena vientos de 37 km/h aproximadamente, así como el incremento de la altura del oleaje y tormentas que dificultan la navegación, lo que pone en riesgo la vida de quienes hacen uso de embarcaciones no autorizadas.

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Procuraduría inhabilitó por ocho años al actual secretario de Infraestructura Cristián Cañón cuando era subdirector de planeación de Cardique

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Por irregularidades en la contratación de una obra de cerramiento perimetral cercana a la Avenida del Lago en Cartagena, Bolívar, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años y seis meses, al exsubdirector de Planeación de Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Cristian Fernando Cañón Bernal.

El órgano de control demostró que el disciplinado incumplió su deber de elaborar unos estudios previos serios para asegurar la viabilidad y estabilidad del proyecto en la etapa precontractual y, por ende, una correcta ejecución, sumado a esto, omitió el análisis de mercado que permitiera establecer con precisión el valor real del contrato.

El fallo de primera instancia citó que para corregir estas deficiencias el contrato por valor inicial de $ 1.256’167.434 tuvo que ser modificado, incluyendo una adición presupuestal del 32.6 % y una suspensión que generó retrasos, pues aunque su ejecución fue pactada en dos meses y medio, tardó más de dos años en finalizar.

La Procuraduría puntualizó que “(…) aunque la obra haya sido ejecutada satisfactoriamente y sin afectaciones sustanciales”, hubo “(…) incumplimiento en la inclusión de estudios técnicos eficientes y completos”.

A juicio de la entidad, el exfuncionario incumplió los principios de planeación, economía y transparencia que rigen la contratación estatal.

La falta de Cañón Bernal fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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A la cárcel en San Andrés, dos sujetos que tenían azotado con hurtos al comercio

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Por solicitud de una fiscal de la Seccional San Andrés, jueces de control de garantías, en casos diferentes, impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos hombres, presuntamente responsables del delito de hurto calificado agravado.

Una de las investigaciones afecta a Kennier Alexandre Carballo Romero, de 24 años, quien habría participado en dos atracos cometidos a locales de comercio. El primer hecho ocurrió el 1 de agosto en un almacén de la calle Las Proveedoras donde el procesado, se cree, hurtó 7 millones de pesos y un computador. El segundo hurto atribuido a Carballo Romero fue en una panadería. De este lugar Caraballo se habría apoderado de las pertenencias de los clientes que allí se encontraban.

Entre lo hurtado está un bolso con cuatro millones de pesos, celulares y prendas de oro. El hombre aceptó estos cargos que le imputó el ente acusador.

La segunda medida de aseguramiento fue impuesta a Rodolfo Ramos Mercado, de 40 años, quien el pasado 8 de julio, al parecer, ingresó a un establecimiento de giros de dinero en la Esquina de Pinky y se apropió de 640.000 pesos y un celular.

J7Durante el desarrollo de las audiencias preliminares, el hoy implicado negó su responsabilidad en el delito imputado. Los dos procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Nueva Esperanza del archipiélago.

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