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Fraccionamiento político en las islas afecta la gobernabilidad

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Antonio Colmenares Martínez

Con dos presidentes posesionados en la Asamblea del Archipiélago y un gobernador encargado que recibe abiertas críticas del gobernador electo apartado del cargo, se abrió el panorama de la gobernabilidad en el año 2021 en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El 29 de diciembre de 2020 Carlos Carvajal, presidente de la duma, posesionó como presidente 2021 a la diputada liberal Margith Bandera bajo el amparo del cumplimiento de la norma, pero que a un sector de la comunidad isleña le pareció algo similar a cuando una pareja de enamorados se casa en una pequeña capilla, con el acompañamiento del cura y dos amigos que le sirven de testigos y horas después, les informan a sus respectivas familias.

Fue algo así, muy sigiloso. Horas después la Asamblea emitió un comunicado informando sobre el hecho cumplido que entregaba la presidencia a la candidata que obtuvo solo cinco votos de once posibles y por razón de un tecnicismo, se desconocía la decisión de los seis restantes diputados que votaron por Escorcio Cristopher.

Sin embargo, el otro sector de la Asamblea, el de los seis diputados dos de ellos liberales, que habían votado por Cristopher, decidieron hacer su propia posesión y entregaron la presidencia de la duma a su candidato en la mañana del primero de enero de 2021.

Dos presidentes posesionados, con justificaciones normativas argumentadas de parte y parte, el partido Liberal sin comunicación entre sus propios miembros y con representación en los dos sectores que se disputan la presidencia, deja como resultado un solo problema verdadero que se deberá resolver en el menor tiempo posible en la Asamblea del Archipiélago.

Grietas políticas

Hay preocupación, desde luego por lo que todo esto representa para las necesidades que sufren los habitantes de las islas por la pandemia y por la obligación de reconstruir lo que el huracán Iota se llevó y que requiere de la responsabilidad de la Asamblea y de la Gobernación para que, unidos, den respuestas inmediatas, pero no se puede pensar con romanticismo, sino con la visión clara de que todo este maremágnum se genera en las profundas grietas políticas existentes y confirmadas en las declaraciones de los mismos protagonistas.

Y mientras tanto en la Gobernación

Entre muchos, uno de los puntos más notorios que confirman los desacuerdos políticos fue la no aprobación en la Asamblea del proyecto de ordenanza que autorizaba a la gobernación la utilización de las vigencias futuras.

Al no contar con esos recursos el gobernador encargado Alen Jay Stephens no pudo poner al día, entre otras necesidades, los contratos de las personas que trabajan en la Oficina de Control de Circulación y Residencia -Occre- y eso generó deterioro en la atención que se debe dar a los turistas cuando llegan al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

Algunos turistas denunciaron el hecho de tener que hacer una fila por tiempo considerable, cuando esperaban que se les recibiera con música y danzas autóctonas, como se promociona en el interior del país y en el mundo este destino, a cambio debieron soportar la lentitud de una larga fila.

El gobernador Jay Stephens debió recurrir a ‘pedir prestados’ funcionarios de otras dependencias de la gobernación para suplir estos faltantes de personal ante la buena respuesta de muchos turistas que decidieron viajar a San Andrés en el fin y comienzo de año.

Diferencias entre gobernadores

En diálogo con el programa San Andrés News de Caracol en las islas, el gobernador encargado Alen Jay Stephens, informó que “lastimosamente por temas jurídicos no puedo acercarme al gobernador Everth Hawkins, pero su mensaje lo respeto como amigo. Considero que construimos un proyecto en el que estamos destinados a marcar la diferencia. Él -refiriéndose a Hawkins- dio el consentimiento de que yo fuera el encargado y estoy respetando ampliamente el programa.

El ‘Nuevo comienzo’ se está dando y se debe sentir orgulloso -otra vez refiriéndose a Hawkins-, de que le apostó a una persona que está haciendo las cosas bien. No comparto el tema de la deslealtad. Desde que asumí el encargo la prioridad ha sido para mí lo que ocurre en el Archipiélago y es a lo que le debo lealtad”, dijo Jay Stephens.

El encargado indicó además que aceptaba con respeto las críticas, pero en lo referente a la lealtad cree que hay un vacío que debe ser aclarado.

“Que diga en donde y cuando ha habido deslealtad. Por el contrario, le deseo un próspero año 2021 y que salga bien del proceso que enfrenta. Seguirá contando con mi apoyo porque es el apoyo del amigo de siempre”, acotó el gobernador encargado.

La Occre

Según el gobernador encargado la Occre fue recibida por el nuevo gobierno el primero de enero de 2020, especialmente en la oficina de Providencia, en estado de debilidad y luego con presupuesto cero por causa de la pandemia.

En torno a este tema, Jay Stephens anunció que el gobierno nacional apoyará para superar la situación crítica de la Occre y dijo que hay compromiso especial para adecuar la oficina de Providencia.

“La raíz del problema actual de falta de recursos para contratar el personal que se requiere es la no aprobación de la Asamblea a las vigencias futuras, pero soy la primera voz, no la de los funcionarios.

Hay temas que se deben y venimos corrigiendo, no me duermo y siempre encuentro soluciones, pero se debe entender que la principal apuesta era las vigencias futuras, pero no se logró, esa es la raíz problema”, dijo el mandatario encargado.

En medio de los análisis de la situación de gobernabilidad que se vive en el Archipiélago Jay Stephens hizo un anuncio de cambios en las dependencias sin especificar en cuales.

 

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Tribunal Contencioso administrativo suspendió de manera provisional los efectos de la elección de presidente de la Asamblea

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La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

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Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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Justiniano Brown Bryan

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

 

Foto Cortesía

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«Continúa labores la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago»: IGAC

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La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.

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