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Fuertes declaraciones de César James sobre presunta corrupción

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Empresarios paisas se llevaron el botín de contrataciones en San Andrés: Revista Semana

La revista Semana bajo el título ‘Los megaempresarios paisas detrás del desgreño de contratos en San Andrés’ publicó un artículo según el cual detrás del robo de millonarios recursos que debían ser inyectados a la educación, los hospitales y el turismo estarían reconocidos empresarios que habrían hecho aportes a las campañas de dos gobernadores y un congresista por 2.200 millones de pesos.

“El archipiélago de San Andrés mantiene una lucha histórica por salir de la pobreza, el atraso y el aislamiento. Pese a su desventaja con otras regiones, el pequeño botín de este departamento no se le olvidó a los corruptos y hasta allí llegaron para dar un millonario golpe. Detrás de este saqueo están los nombres de poderosos empresarios paisas, uno de los cuales, ya prendió el ventilador. El desangre lo habrían hecho a través de una decena de contratos -tres eran para la construcción de colegios- de los que habrían sacado como tajada más de 11.000 millones de pesos, según informó a la Fiscalía. Esta cifra se calcula del 10 por ciento del valor del contrato que reglamentariamente se tenía que repartir en coimas, sin embargo, el ente investigador encontró un sofisticado sistema de anticipos a campañas políticas que hace temer que la cuenta sea mucho mayor. Según la Fiscalía, el esquema habría servido para catapultar políticamente a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie en el 2012, y con el mismo modelo a su sucesor el gobernador suspendido Ronald Housny Jaller. Aunque salió quemado para reelegirse en la Cámara de Representantes, esta investigación deja también en serios aprietos a Jack Housni Jaller, a quien le compulsaron copias”, dice la publicación sobre la cual hay que hacer la salvedad de que Jack Housni no se presentó a las pasadas elecciones al Congreso por lo que no es preciso decir que ‘salió quemado’.

Más allá del departamento

Según la revista el caso hace parte de una larga investigación que comenzó en Armenia, se extendió a San Andrés y que es poco probable que pare allí. «No es simplemente el pago de una comisión, es una estructura mucho más elaborada de carácter expansivo, en donde tenían acuerdos previos para apropiarse de dineros del Estado; la contratación fue instrumentalizada y transdepartamentalizada», aseguró el fiscal delegado ante la corte Jaime Camacho Flórez, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la exgobernadora y el actual gobernador.

Detalles

Los detalles de cómo funcionaba esta organización fueron revelados por tres testigos: Fernando León Diez, representante de la Constructora Diez Cardona; el exsecretario General de la Gobernación durante los dos periodos César Augusto James Bryan y Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA). Este último salió condenado a seis años y medio por la corrupción de Armenia, anota la información.
“Sus declaraciones pusieron a temblar a la clase política de la isla cuando revelaron que para la campaña de Aury Guerrero habrían pagado 1.000 millones de pesos y para la de los hermanos Housni 1.200 millones. Todo bajo la condición de que este ‘anticipo’ se les devolvía en contratos. «Para ese momento, el gobernador era Ronald, como ayudamos a financiar su campaña, de mis recursos saqué 100 millones de pesos para aportar, los entregué en efectivo por intermedio de Ángel José Angarita Pareja, no recuerdo a quién los entregó, si a Jack o a Ronald. Hernán Moreno me dijo que puso 100 millones y que otra persona había aportado 1.000 millones y que había que reponerle esos 1.000 millones con otros negocios», aseguró Diez.

Hernán Moreno al que hacen referencia es el dueño de la firma Furel S.A., una compañía de ingeniería eléctrica que aparece como de las mayores contratistas de EPM y UNE, y tiene prestación del servicio de energía eléctrica de San Andrés. Actualmente se encuentra en detención domiciliaria por el caso de Armenia y le imputarán nuevos cargos por los hechos de San Andrés. La sorpresa de la Fiscalía durante la audiencia es que Moreno no es el más poderoso ni el único que estaría detrás de estos saqueos.

Aunque en comienzo, Diez se negó a dar el nombre de un tercer empresario, al ser interrogado por la Fiscalía esto fue lo que respondió Diez: «Lo único que conozco de Mauricio Botero es su sociedad con Hernán Moreno y que me invitaron a participar de un grupo para financiar campañas políticas en el 2015, puntualmente la de Ronald. Esa era la persona que yo no quería decir, que puso los 1000 millones de pesos».

Botero sería el dueño de Dispresco, la firma que tiene la mayor parte de la distribución de la Fábrica de Licores de Antioquia en todo el país. Aunque no aparece en la lista de capturados, su nombre está una y otra vez en las declaraciones de los testigos como la persona que llegaba a la isla en un avión privado a reclamar los compromisos de los políticos asumidos en campaña.

«Diez fue con Moreno y con Mauricio Botero en noviembre del 2016 en un avión privado del empresario para reclamarle a Jack Housni resultados de este aporte económico y allí se obtuvo las adiciones para los arreglos del Colegio Bolivariano y la construcción del SIES, (Edificio del Archivo General y Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad)», manifestó el exsecretario César Augusto James.

Según este exfuncionario, Hernán Moreno realizaba borradores a las modificaciones al pliego de condiciones de los contratos para salir favorecido. «Este borrador lo entregó personalmente Moreno, posteriormente la gobernadora da la orden a la Secretaria de Educación para modificar el pliego de condiciones. Así sucedió con todos los contratos a Hernán, es decir, que Diez hacía equipo, elaboraba las modificaciones a los pliegos para que las propuestas fueran las ganadoras», dijo James.

Así habrían logrado dirigir los contratos para la construcción de la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School por 7.206 millones de pesos; la reconstrucción de la institución educativa Bolivariano (Etapa I) por 13.079 millones de pesos, y su respectiva interventoría por 711.309 millones. También la construcción del megacolegio Cemed, Antonia Santos, por un valor de 32.030 millones de pesos y su contrato de interventoría por 1.136 millones de pesos.

Otras de las obras que la Fiscalía cree que fueron amañadas son la construcción de edificios públicos del Departamento por 2.100 millones; la recuperación de inmuebles para los puntos de información turística y de promoción de la cultura por 2.083 millones; la construcción del edificio del archivo general y sistema integrado de emergencias y seguridad – SIES- por 18.334 millones, y la interventoría de este último por $820.656 millones.
Sin embargo, entre los contratos llamó poderosamente la atención de las autoridades fue el convenio interadministrativo 1111 del 2016 firmado entre la Gobernación de San Andrés y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia –EDUA. A través de dicho convenio, EDUA fungió como el ejecutor de proyectos cuyos pliegos se estructuraban, se ofertaban, se publicaban y se adjudicaban en Armenia, para que el contratista se fuera a hacer la construcción de obras en la isla. Así entregaron obras por $ 7.723 millones para la restauración del antiguo hospital, arreglo de parques, centros comunitarios, el puente acuático entre Hens Cay – Rese Cay, intervención en la zona hoyo soplador, hipódromo y construcción del proyecto centro comunitario.

«Con la publicación de pliegos en Armenia para obras en San Andrés garantizarían el no acceso de otros oferentes. La selección no fue transparente ni objetiva. Todos los contratistas estaban previamente seleccionados, y la motivación era el pago de los anticipos de las campañas y la apropiación de dineros en beneficio personal», sostuvo la Fiscalía.

Testigos

Al respecto, los testigos afirman que fue el alcalde de Armenia -hoy capturado- fue quien presentó a César Augusto James con Sebastián Congote Posada, gerente de la EDUA. «En una reunión Carlos Mario y Fernando Diez estaban hablando de ejecución de proyectos en lotes de empresas públicas de Antioquia. Diez manifiesta el interés de presentar a la EDUA como ejecutor de proyectos con la Gobernación de San Andrés, dice que él ya está ejecutando proyectos allí y que tiene buenas relaciones con el gobernador y su hermano el representante. Por lo tanto, facilitaría la forma de pago en la ejecución del contrato», aseguró Congote. Al parecer, después de firmado, el gobernador le pidió al alcalde liquidar el contrato por los inconvenientes políticos que le acarreó.

La Fiscalía asegura que estos contratos fueron firmados para la gobernación de Guerrero Bowie y de cara a la nueva administración de Housny Jaller, la jugada corrupta fue tramitarles adiciones, sin que se tenga certeza del cumplimiento de las obras o de la verdadera necesidad de inyectarles más capital. Sin embargo, lo que pasó en San Andrés todavía no es el final. La Fiscalía va tras la pista de varios de los contratos mencionados que aún no han sido rastreados pero que agravarían la situación de once personas capturadas que responderán por los delitos de concierto para delinquir, peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, indica la publicación de la revista Semana.

Fuente: Semana.com

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Incautan una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína en aguas de San Andrés

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Durante el desarrollo de actividades de patrullaje y control marítimo en el departamento del Archipiélago, la Armada de Colombia en una operación multinacional con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos – JIATFS, incautó más de una tonelada de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados a bordo de una motonave tipo Go Fast que navegaba de forma sospechosa y a gran velocidad aproximadamente a 107 millas náuticas de la isla de San Andrés.

La operación inició al recibir una alerta sobre la presencia de una embarcación sospechosa, momento en el que se desplegó una Unidad Reacción Rápida – URR de la Estación de Guardacostas de San Andrés, que luego de una intensa persecución interceptó la motonave y puso fin a su intención criminal. Durante la interdicción, los tripulantes de la motonave arrojaron al mar diferentes bultos, que fueron recuperados por personal de Guardacostas. Al interior de la embarcación fueron encontrados cinco tripulantes, tres de nacionalidad nicaragüense y dos costarricenses a bordo de la embarcación.

Posteriormente, los sujetos junto al alijo incautado fueron conducidos al muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés y puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.

Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la Prueba de Identificación Preliminar Homologada- PIPH, la cual arrojó resultado positivo para 1,1 toneladas de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Cabe destacar que las sustancias incautadas están avaluadas en el mercado ilegal en más de siete millones de dólares.

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Capturado sujeto que habría amenazado y hurtado a funcionario de la Fiscalía en San Andrés

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Al avalar los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal en la isla de San Andrés, un juez de control de garantías impuso aseguramiento en centro carcelario a Jordan Orlando Pusey Jones, de 33 años.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 1 de julio en un establecimiento público del barrio Loma Barack a donde llegó el procesado en compañía de otros hombres.

Al identificar que allí se encontraba un funcionarios de la Fiscalía, presuntamente lo amenazó con un arma de fuego por laborar en la entidad donde se adelantan varios procesos judiciales en su contra. Posterior a ello le hurtó una cadena de oro.

Durante el robo, Pusey Jones habría lesionado a otra persona que se encontraba departiendo en el lugar.

La Policía Nacional capturó al ahora procesado en el barrio Mattlina Hill a quien la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado agravado, amenazas contra servidor público, lesiones personales dolosas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuegos.

Ninguno de los cargos fue aceptado.

Pusey Jones presenta otras anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, hurto y amenaza de testigos.

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Tribunal Administrativo del Archipiélago decretó medida de suspensión provisional del acto de elección del alcalde de Providencia

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Por: Antonio Colmenares M.

El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, resolvió decretar medida de suspensión provisional del acto de elección de Alex Alberto Ramírez Nuza como Alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas para el periodo 2024-2027.

La solicitud de aplicar esta medida cautelar la hizo el demandante Gilbert Kenin Bush Brown, quien denunció una presunta doble militancia como causal de nulidad electoral.

El proceso apenas comienza con la aceptación del medio de control de nulidad electoral por parte del Tribunal, lo que supone que ahora las partes deberán presentar pruebas que permitan al Tribunal fallar de fondo sobre el tema.

Alcalde

El alcalde Alex Ramírez, por intermedio de su apoderado judicial “manifestó oponerse a la prosperidad de la medida preventiva, afirmó que las pruebas que fueron arrimadas con el medio de control son de carácter indiciario no siendo posible determinar los elementos mínimos de fecha, hora y lugar para determinar con certeza la existencia de la conducta prohibida alegada por el demandante, como tampoco presentó documentos, argumentos y justificaciones que permitan concluir y demostrar que resultaría más gravoso para el interés público, negar la medida cautelar que conceder la existencia de un perjuicio irremediable de no concederse la medida cautelar.

Sobre la calidad del soporte probatorio que justifica la medida cautelar reprochó de estos la falta de requisitos legales y técnicos aseverando que ni las fotografías arrimadas, como tampoco del video pueden determinarse los elementos de temporalidad y territorialidad necesarios para la doble militancia y que además el demandante pretende hacer valer como prueba unos vínculos o links a los cuales no es posible acceder y que no cumplen con las exigencias descritas en la Ley 527 de 1999. Que no hayan sido alterados o modificados,por lo tanto, no resultaría posible apreciarlos como pruebas que demuestren las narraciones hechas en el acápite de hechos.

Asegura que contrario a lo expuesto por el demandante, la figura de la doble militancia está determinada en la Ley tan sólo para partidos o movimientos políticos mas NO para movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos como sería del caso del demandado con su movimiento REDI.

Para el demandado se encuentra probado con la certificaciónCNE-S-2024-001280-DVIE-700 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que “el Movimiento Reverdecer para las Islas “REDI” no cuenta con personería jurídica vigente”, por lo tanto, no sería aplicable la figura de la doble militancia.

Alega que la corporación debe tomar una decisión similar a la tomada en el proceso con radicado8001233300020230005900 en auto 137 del día 24 de noviembre de 2023 ya que de lo contrario estaría contradiciendo el precedente horizontal con fuerza vinculante y que, para apartarse de él, el tribunal debería exponer la carga argumentativa que lo justifique”, dice el documento.

Medida cautelar

Es claro que las normas indican que la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Según la ley, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Pero también las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto y podrán ser decretadas de oficio.

Análisis del Tribunal

El Tribunal estudiará los requisitos de procedencia, iniciando por los generales o comunes de índole formal.

En relación con estos se observa que la solicitud de medida cautelar se efectuó en el marco de un proceso declarativo delos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. También se constata que la medida cautelar fue solicitada en el cuerpo de la demanda, razón por lo cual se acreditan los requisitos sobre la procedencia de la medida cautelar de índole formal.

Siguiendo con la línea de estudio de las medidas cautelares propuesta por el Consejo de Estado, ahora corresponde revisarlos requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material.

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