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Judiciales

Gobernador fue requerido por el Tribunal Administrativo para que envíe certificado de existencia de Gallardo y Compañía S.A.

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El Tribunal Administrativo requirió al gobernador Nicolas Gallardo Vásquez, para que en el término de tres días allegue certificado de existencia y representación legal de la sociedad Gallardo y Compañía S.A., así como el documento que acredite que la sociedad Gallardo y Compañía S.A. es la propietaria del muelle Toninos Marina.

Esto tiene que ver con el desacato admitido por el Tribunal Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que es muy amplio e incluye otros sectores, más allá de lo que corresponde a Tonino´s Marina.

Como se recuerda, el jefe de la oficina jurídica de la Gobernación, Juan Alberto Williams Hawkins, manifestó las razones de impedimento por lazos de consanguinidad que tiene el gobernador Nicolás Gallardo Vázquez para decidir cualquier acción.

Se debe observar que el desacato apenas fue admitido, es decir que falta el análisis a fondo del Tribunal para proceder a fallar y en tal sentido ordenar a las autoridades lo que la ley determine ante el evidente incumplimiento de la decisión de la Sala del mismo Tribunal Administrativo en fallo de septiembre 18 de 2003 que resolvió que la Dimar y Coralina, cumpliendo con las atribuciones que por ley le corresponden, deberían recuperar las playas de la isla de San Andrés.

Por eso el 3 de abril el Tribunal Administrativo, manifestó que no se encuentra certificado de existencia y representación legal, que permita identificar las personas que integran la mencionada sociedad Gallardo y Compañía S.A., motivo por el cual este despacho requirió para que dentro del término de tres días se allegue documento que acredite que la sociedad Gallardo y Compañía S.A. es la propietaria del muelle Toninos y quienes son socios de la misma.

De otra parte, la apoderada de la organización Heredad Veeduría Ciudadana, mediante memorial solicitó certificación por medio del cual se acredite la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida en el caso sub lite y el número de audiencias del comité de verificación de fallo realizadas dentro del proceso, señalándose las fechas y sujetos procesales.

En ese orden de ideas, el despacho accederá a lo solicitado por la apoderada de Heredad Veeduría Ciudadana, ordenándose que por medio de la secretaría de esta Corporación sea suministrada la información requerida mediante la expedición del correspondiente certificado.

Finalmente, a través de correo electrónico, el apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitó se reconozca personería jurídica para actuar dentro del proceso y acceder al expediente digital para el análisis y seguimiento del

caso. En efecto, se observa que el doctor Jhon Jairo Camargo Motta, en calidad de Director de Defensa Jurídica Nacional (E) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, otorgó poder especial amplio y suficiente al doctor Andrés Felipe González De Pablos, para que intervenga en el proceso de la referencia y actúe como apoderado judicial en representación de la ANDJE.

Lo que se desacató

En el fallo del 2003 el Tribunal ordenó a la gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en el término de tres meses debía tomar los correctivos necesarios en el sentido de utilizar las facultades policivas que la ley le otorga para remover todo tipo de edificaciones y construcciones, kioscos y carpas de carácter permanente que operen en las playas de la isla de San Andrés, especialmente en Spratt Bright, Sound Bay y San Luis, sin las respectivas licencias, concesiones o autorizaciones expedidas por Coralina, Dimar y también para que en el mismo término se quite el parqueadero para vehículos construido al frente del Hotel Tiuna, pero esta orden nunca se cumplió, pero esa orden nunca se cumplió y por eso ahora el Tribunal aceptó el desacato.

Tonino’s

El sector que ha ocupado la empresa Tonino’s Marina ha sido concesionado a una parte de la familia Gallardo, pero no se puede olvidar que se trata de un sector costero con característica de público, según la Constitución colombiana y por lo tanto debe ser recuperado por la autoridad correspondiente que es la Dimar, entidad encargada de la vigilancia, control y administración de zonas costeras.  

La playa es pública y lo que ocurre es que no ha sido devuelta al Estado y a la comunidad debido a que una parte de la familia Gallardo que ha tenido una concesión en ese sector, no ha atendido a que esa licencia tenía vigencia solo hasta 2014, pero continuaron sin que la Dimar haga respetar las normas constitucionales.La Dirección General Marítima -Dimar-, no ha renovado esa concesión y por norma nacional no lo podría hacer puesto que no se puede pasar por encima de la orden de prohibición para concesionar playas, emitida por el Consejo de Estado.

Impedimento

En un documento presentado por William Hackings, como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Archipiélago, manifestó el impedimento del gobernador Gallardo Vázquez para actuar dentro del asunto Tonino’s por “considerar que ese sector y el muelle que allí existe pertenece a la Sociedad Gallardo y Compañía S.A., cuyos socios son los señores Mauricio, Sonia, Julio, Mario, Ronaldo, Luis, Luisa, Adalberto y Elisa Gallardo, quienes son hermanos del señor Jesús Enrique Gallardo Mantilla, padres del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vázquez”.

Hay que observar que el jefe jurídico continúa hablando de ‘propiedad’ de un sitio que por ley nacional es público por ser zona costera y sin olvidar que ha sido concesionado, las normas constitucionales no se pueden desconocer.

Pero, según el jefe jurídico en su texto de manifestación de impedimento, dice que las personas de la familia Gallardo mencionadas “son los tíos del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vázquez, por lo tanto, son sus parientes en segundo grado de consanguinidad de conformidad con el numeral cuarto del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- en concordancia con el numeral 1 del artículo 141 del código general del proceso, el señor gobernador Nicolás Gallardo se encuentra impedido para actuar dentro del presente asunto toda vez que las personas que hacen parte de la sociedad Gallardo y compañía son sus parientes en segundo grado de consanguinidad”.

De esa manera y a través de la Oficina Jurídica de la Gobernación, el mandatario Nicolás Gallardo se declara impedido dentro del asunto Tonino’s por tener lazos de consanguinidad en segundo grado con los socios de la sociedad Gallardo.

El Extra Radio

Condenado a 5 años de carcel en San Andrés alias «el Diablo» por hurto a viviendas y locales

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La contundencias de las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional San Andrés, fueron suficientes para que un juez de conocimiento condenara a 5 años de prisión a Edwin Mejía Mozo, alias el ‘Diablo’, quien se dedicaba a hurtar residencias y locales comerciales en el archipiélago.

Los hechos por los cuales fue sentenciado ocurrieron el 22 de abril de 2023 cuando el procesado, de 49 años, cubierto con un pasamontañas ingresó a un inmueble del barrio Sarie Bay para hurtar algunas pertenencias.

La Policía Nacional logró capturarlo momentos después en el mismo sector y le encontraron en su poder los elementos que había sustraído, entre ellos un televisor y una cama de bebé.

En el desarrollo de la audiencia concentrada y ante las pruebas que entregó la fiscal del caso alias el ‘Diablo’ se allanó a los cargos por el delito de hurto calificado que se le imputó.

• Esta información la publica la Fiscalía General de la Nación por razones de interés general.

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Judiciales

Culmina con éxito jornada de conciliación de la Fiscalía en San Andrés

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La Fiscalía General de la Nación celebró con éxito la primera jornada masiva de conciliación en San Andrés, el pasado 20 de mayo, con la participación de aproximadamente 100 personas. Este evento, dirigido a ofrecer un espacio sano y justo para la resolución rápida y eficaz de conflictos, resultó en la conciliación favorable de 35 víctimas.

Durante la jornada, fiscales, asistentes y un equipo interdisciplinario trabajaron juntos para abordar diversos conflictos, predominando los relacionados con lesiones personales e inasistencia alimentaria. Aunque 11 casos no llegaron a un acuerdo y algunas partes no asistieron, la actividad contribuyó significativamente a la descongestión del sistema judicial en la región.

La colaboración interinstitucional con la Policía Nacional y la gobernación del archipiélago fue crucial para el éxito de esta jornada.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de fortalecer el acercamiento con la población raizal y continuar promoviendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos, asegurando la legalidad y satisfacción mutua de las partes involucradas en San Andrés y Providencia.

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Actualidad

Primera jornada de conciliación en San Andrés: la Fiscalía descongestionará procesos judiciales

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El próximo lunes 20 de mayo de 2024, la Fiscalía General de la Nación en San Andrés llevará a cabo una jornada especial de conciliación. Esta iniciativa, apoyada por la Policía Nacional y la gobernación del archipiélago, busca descongestionar 100 procesos judiciales conciliables.

La jornada contará con un equipo interdisciplinario de seis fiscales y sus asistentes, dos equipos psicosociales proporcionados por la administración departamental y efectivos de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad. El objetivo es que las víctimas de delitos querellables, como lesiones personales, daño en bien ajeno, injuria, calumnia, estafa, falsedad personal, hurto, inasistencia alimentaria y abuso de confianza, puedan llegar a acuerdos justos con los presuntos infractores.

El evento se realizará en la sala múltiple del auditorio del Banco de la República, ubicado en la avenida Colón No. 2-74, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los asistentes tendrán la oportunidad de consultar el estado de sus procesos y buscar soluciones a través de la conciliación.

Con esta acción, la Fiscalía de San Andrés busca fortalecer el vínculo con la ciudadanía y proporcionar herramientas que garanticen un mejor acceso a la justicia para todos los habitantes del archipiélago.

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