Conectate con nosotros

Actualidad

Hotel ‘El ilegal’ Resort

Publicado

en

 

Antonio Colmenares Martínez

Con la denuncia, la semana pasada, de cerca de 40 personas que relataron como fueron traídos a San Andrés con la promesa de trabajo digno pero que en la práctica fueron sometidos al hacinamiento en una casa de San Luis, en medio de la mayor incomodidad, durmiendo en camas improvisadas de icopor o cartones, sin alimentación apropiada y sin cumplimiento con el pago que les prometieron, se ‘pinta’ perfectamente la ineficacia de la Oficina de Control de Circulación y Residencia -Occre-, no por culpa del actual director, ni de los anteriores, sino de la falta de autonomía de una entidad que nació y se ha mantenido como una oficina más, entre muchas, de la gobernación.

Los gobernadores, desde el año 1991 cuando la Occre vio la luz gracias a la expedición del decreto 2762, creyeron que bastaba con que existiera la norma y la oficina, pero jamás se preocuparon hasta la actualidad, de desarrollar y actualizar el decreto para darle la fuerza que requiere una entidad llamada a formular la política poblacional, en vez de estar tratando de evitar que entren nuevos habitantes de las islas, como el campesino tratando de controlar los pollos para que no se salgan del corral. En este caso para que no entren.

Se nombran los directores de la Occre y se dejan a su suerte, sin presupuesto para transporte, uniformes, papelería y muchas veces hasta sin los empleados que son nombrados por órdenes de prestación de servicios.

Entonces la historia de la semana pasada en la que se involucran personas engañadas que, ante la necesidad de sus familias y el desempleo existente en todo el país, aceptan venir como indocumentados, no es el primer caso y no será el último porque la autoridad llamada a ejercer ese control no tiene la capacidad de hacerlo y hasta debe pasar la ‘pena ajena’ de tener que dejar estas personas libres porque no hay presupuesto para mandarlos de regreso a sus lugares de origen.

Los directores de la Occre históricamente han tenido las manos atadas y han debido enfrentar que no se les escuche cuando, con base en lo que deben enfrentar y la altísima responsabilidad de evitar la superpoblación, presentan sus proyectos ante el gobernador de turno que es quien en últimas debe y tiene la responsabilidad de buscar las soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Pero los mandatarios, por lo que se evidencia no le han dado la importancia a la máxima necesidad de San Andrés que es controlar el ingreso de más personas porque existe el peligro de que la capacidad de carga se agote, la violencia y la delincuencia se desborden y sobrevengan más y mayores problemas para todos en general y muy especialmente para el destino turístico.

Ahora no se trata de ‘castigar’ a los ilegales encontrados en las peores condiciones, sino de encontrar y aplicar la ley a quienes los trajeron y a quienes permitieron que una casa con capacidad para pocas personas se convirtiera en un centro de hacinamiento.

 

Anuncio
Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Actualidad

Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

Publicado

en

A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

Sigue leyendo

Actualidad

Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

Publicado

en

Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

Sigue leyendo

Actualidad

Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

Publicado

en

Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

Sigue leyendo

Tendencias