Antonio Colmenares Martínez

Con la denuncia, la semana pasada, de cerca de 40 personas que relataron como fueron traídos a San Andrés con la promesa de trabajo digno pero que en la práctica fueron sometidos al hacinamiento en una casa de San Luis, en medio de la mayor incomodidad, durmiendo en camas improvisadas de icopor o cartones, sin alimentación apropiada y sin cumplimiento con el pago que les prometieron, se ‘pinta’ perfectamente la ineficacia de la Oficina de Control de Circulación y Residencia -Occre-, no por culpa del actual director, ni de los anteriores, sino de la falta de autonomía de una entidad que nació y se ha mantenido como una oficina más, entre muchas, de la gobernación.

Los gobernadores, desde el año 1991 cuando la Occre vio la luz gracias a la expedición del decreto 2762, creyeron que bastaba con que existiera la norma y la oficina, pero jamás se preocuparon hasta la actualidad, de desarrollar y actualizar el decreto para darle la fuerza que requiere una entidad llamada a formular la política poblacional, en vez de estar tratando de evitar que entren nuevos habitantes de las islas, como el campesino tratando de controlar los pollos para que no se salgan del corral. En este caso para que no entren.

Se nombran los directores de la Occre y se dejan a su suerte, sin presupuesto para transporte, uniformes, papelería y muchas veces hasta sin los empleados que son nombrados por órdenes de prestación de servicios.

Entonces la historia de la semana pasada en la que se involucran personas engañadas que, ante la necesidad de sus familias y el desempleo existente en todo el país, aceptan venir como indocumentados, no es el primer caso y no será el último porque la autoridad llamada a ejercer ese control no tiene la capacidad de hacerlo y hasta debe pasar la ‘pena ajena’ de tener que dejar estas personas libres porque no hay presupuesto para mandarlos de regreso a sus lugares de origen.

Los directores de la Occre históricamente han tenido las manos atadas y han debido enfrentar que no se les escuche cuando, con base en lo que deben enfrentar y la altísima responsabilidad de evitar la superpoblación, presentan sus proyectos ante el gobernador de turno que es quien en últimas debe y tiene la responsabilidad de buscar las soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Pero los mandatarios, por lo que se evidencia no le han dado la importancia a la máxima necesidad de San Andrés que es controlar el ingreso de más personas porque existe el peligro de que la capacidad de carga se agote, la violencia y la delincuencia se desborden y sobrevengan más y mayores problemas para todos en general y muy especialmente para el destino turístico.

Ahora no se trata de ‘castigar’ a los ilegales encontrados en las peores condiciones, sino de encontrar y aplicar la ley a quienes los trajeron y a quienes permitieron que una casa con capacidad para pocas personas se convirtiera en un centro de hacinamiento.