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ICBF crea fondo educativo para financiar estudios de madres comunitarias

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Cerca de 10.500 agentes educativos y madres comunitarias encargados de la atención integral de 2 millones de niños y niñas entre cero y cinco años de edad en el país, serán formados y cualificados en pedagogía infantil y otros temas relacionados con la educación inicial de la primera infancia, gracias al fondo educativo creado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

Así lo dio a conocer en la ciudad de Cali, la Directora General del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, en compañía del presidente del ICETEX, Víctor Alejandro Venegas Mendoza, en el marco de la socialización del Fondo para la Formación y Cualificación de Agentes Educativos y Madres Comunitarias de los Servicios de Educación Inicial y Atención a la Primera Infancia, que fue creado con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de formación permanente de la madres comunitarias y agentes educativos del país, y como respuesta a la línea de calidad y pertinencia de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre.

“Por primera vez en el ICBF creamos un fondo educativo para financiar la formación de nuestras coequiperas, las madres comunitarias, y de los agentes educativos que todos los días le ponen el corazón al cuidado, atención y protección de los niños y niñas de primera infancia. Este talento humano merece nuestro apoyo y reconocimiento, por eso seguimos enfocando todos los esfuerzos institucionales y haciendo grandes alianzas, esta vez en conjunto con el ICETEX, para potencializar sus conocimientos y que sigan creciendo intelectualmente, ejerciendo su labor con calidad en favor de la población infantil”, aseguró Karen Abudinen Abuchaibe, Directora General del ICBF.

Este Fondo, que cuenta con recursos por el orden de los $16.000 millones dispuestos por el ICBF y administrados por el ICETEX, servirá para cubrir hasta el 80% del valor de la matrícula de aquellos agentes educativos y madres comunitarias que se formen en Licenciatura de Pedagogía Infantil en instituciones de educación superior, y el 100% para quienes realicen diplomados y cursos cortos en temas relacionados con la educación inicial en entidades para el desarrollo humano; con el fin de garantizar la calidad del talento humano que atiende a la primera infancia del país.

Dentro de los criterios de selección para beneficiar a los 10.500 agentes educativos y madres comunitarias en todo el país, se tendrá en cuenta el tipo de formación a desarrollar: 1) la labor o rol desempeñado durante su experiencia en la atención a la primera infancia, 2) que en lo posible no hayan sido beneficiarios de estos procesos de formación en vigencia anteriores y 3) serán priorizados aquellos que estén en los 170 municipios focalizados por el Gobierno Nacional como territorios de paz.

“Cuando le imprimimos pasión y conocimiento a lo que hacemos, generamos grandes transformaciones sociales, por eso estamos trabajando 24/7 por nuestros niños y por el talento humano encargado de su atención en nuestros servicios de Primera Infancia, capacitándolo y enriqueciendo sus prácticas pedagógicas para que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas que más adelante impulsarán el progreso de todo un país”, señaló Abudinen Abuchaibe.

Cerca de 20 universidades e instituciones académicas se han vinculado a este fondo educativo del ICBF para brindar formación a las madres comunitarias y agentes educativos en carreras profesionales, técnicas, tecnológicas y procesos de cualificación en temas como: Familias y Desarrollo Infantil, Prevención de Riesgos, Modelo de Acompañamiento Situado (MAS) y en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entre las instituciones educativas se encuentran la Universidad ICESI de Cali (que ofrece 480 cupos para formación de las madres comunitarias), la Universidad Nacional, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Americana, Fundación Batuta, entre otras.

Este fondo educativo del ICBF beneficiará a 1.465 agentes educativos y madres comunitarias en Bogotá, 760 en Antioquia, 580 en Bolívar, 570 en Cauca, 550 en Atlántico, 550 en Santander, 535 en Valle del Cauca, 440 en Norte de Santander, 440 en Sucre, 380 en Córdoba, 370 en Cesar, 370 en Cundinamarca, 350 en Magdalena, 340 en Huila, 330 en Meta, 320 en Boyacá, 280 en Chocó, 280 en Tolima, 170 en Arauca, 170 en La Guajira, 170 en Risaralda, 160 en Nariño, 150 en Putumayo, 140 en Casanare, 110 en Caldas, 110 en Quindío, 100 en Amazonas, 80 Caquetá, 80 en Vichada, 60 en San Andrés y Providencia , 50 en Guaviare, 40 en Guainía y 40 en Vaupés.

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Consejo de Estado negó al representante Jorge Méndez, prosperidad de excepciones previas y mixtas en el caso de la demanda en su contra

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Por: Antonio Colmenares Martínez:

La Sala de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado negó la prosperidad de las excepciones previas y mixtas, formuladas por el demandado representante a la Cámara por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Jorge Méndez Hernández, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Consultado sobre este fallo, el representante Méndez restó importancia y solo manifestó que “todo va bien”.

Decisión

Se llegó a esta decisión por parte del Consejo de Estado, aunque le asiste razón al representante Méndez, al destacar que las demandas, inclusive, después de subsanadas, contienen algunas afirmaciones sobre situaciones ajenas a la causal de nulidad invocada, también debe recordarse que durante el trámite de admisión, la Sección con
toda claridad precisó que no podían acumularse circunstancias constitutivas de causales objetivas y subjetivas de nulidad y, por ello, determinó que los escritos introductorios cumplían con los
requisitos formalmente establecidos en las normas especiales, en el entendido que la controversia se circunscribiría a las situaciones que a juicio de la parte accionante dan cuenta de una organización a cargo del demandado, el alcalde del municipio de Providencia y
Santa Catalina y sus secretarios de despacho, que tenían como propósito conseguir votos para la elección a la Cámara de Representantes, a cambio del ofrecimiento de contratos con la administración municipal.

Hechos

Los hechos tienen que ver con las demandas en contra de Méndez Hernández con la pretensión de que le cancelaran la credencial obtenida por el Partido Cambio Radical que acredita a Jorge Méndez Hernández como congresista periodo Constitucional 2022-2026, por parte de Carlos Alberto Bryan Uribe, Ligia Rojas Lobo, John Fredy
Ospina Álvarez y Arnold Josué Brown Meza, que de manera independiente, ejercieron el medio de control de que trata el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011.

Los tres primeros elevaron fundamentalmente las pretensiones de
que se declarara la nulidad del formulario E-26 CA expedido por la comisión Escrutadora Departamental Eduardo Díaz Saldaña y Carlos Eduardo Pimienta Tatis, el 23 de marzo de 2022.

Ese documento contiene el Acto de Elección del Partido Cambio Radical con Jorge Méndez Hernández, candidato cabeza de lista de Katia Elena Outten Lynton y Sergio Narciso Huffington Ben,
quienes se inscribieron segundo y tercer renglón respectivamente de la lista cerrada del Partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes periodo Constitucional 2022-2026, por el
Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

En segundo lugar solicitaban los demandantes la cancelación de la credencial obtenida por el Partido Cambio Radical que acredita a Jorge Méndez Hernández como congresista periodo Constitucional 2022-2026.

Como consecuencia de esta solicitada declaración de cancelación de la credencial los demandantes solicitaron la declaración de nueva elección de los representantes a la Corporación Cámara de Representantes periodo Constitucional 2022-2026 del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Además que se hagan las demás declaraciones, condenas, anotaciones y anulaciones que constituyan consecuencia jurídica directa de la nulidad decretada.

Por su parte el ciudadano Arnold Josué Brown Meza, luego de subsanar la demanda, solicitó la nulidad de la elección acusada y la cancelación de la credencial correspondiente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación, por considerar que no lo asiste interés ni
responsabilidad alguna en los hechos y omisiones que motivaron el ejercicio del medio de control de nulidad electoral.

Reacción

Por su parte Jorge Méndez Hernández, mediante apoderado se opuso a las pretensiones de las demandas porque están sustentadas en la configuración de la causal subjetiva de nulidad electoral de corrupción, edificada en la infracción del numeral 1° del artículo 40 de la Constitución Política, el artículo 258 de la misma Carta y el numeral 2° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, por la presunta existencia de prácticas antidemocráticas, a través de las cuales se pretendió la obtención de votos a cambio de prebendas.

Destacó esta circunstancia, porque a su juicio, los demandantes por una parte, invocan la configuración de otras causales de nulidad como la expedición irregular y la generación de “efectos nocivos del acto administrativo que afectan de manera grave el orden público, político, económico, social o ecológico”, respecto de las cuales no exponen con claridad las razones por las cuales se configuran.

También señaló que las demandas hicieron alusión a situaciones ajenas a la causal subjetiva que invocaron, tales como la petición de saneamiento que se elevó el 22 de marzo de 2022; la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del demandado y el trámite que se le dio por las comisiones escrutadoras, las diferencias de votos frente a los pasados comicios y los celebrados en el año 2018 para la conformación del Congreso de la República, la presencia del alcalde en el puesto de votación de Providencia, que un ciudadano tomó un registro fotográfico del sufragio que realizó y la supuesta relación de un miembro de la comisión escrutadora departamental con un simpatizante del Partido Cambio Radical, las cuales considera impertinentes.

Entonces Méndez argumentó que se debe declarar la excepción de inepta demanda porque los asuntos antes señalados no guardan relación con la causal de nulidad que se desarrolló y respecto de los mismos no se expuso el concepto de violación, como lo exige el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no pueden tenerse como válidamente planteados, so pena de afectar su derecho a la defensa, pues carecería respecto de los mismos de aspectos claros, concretos y precisos para ejercer la contradicción, lo cual fue negado mediante el presente fallo por Consejo de Estado.

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Otra reunión para diseñar estrategias para controlar el espacio público

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La importancia de respetar el espacio público tanto residentes como
turistas y la implementación de estrategias para velar por el
mejoramiento de dichas zonas trabajando mancomunadamente con
entidades y comunidad, temas que se analizaron en una mesa de
trabajo convocada por la gobernación del Departamento
Archipiélago, con asistencia de la Cámara de Comercio de San
Andrés, Policía Nacional y las secretarías de Turismo, Planeación y
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La Administración Departamental continúa aunando esfuerzos junto
a demás entidades del territorio en busca de brindar seguridad a los
turistas y residentes.

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Ángelo Rodríguez, jugó un partido con internos de la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés

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De acuerdo con la informac

ión oficial, con motivo de darle la
bienvenida al nuevo año, se realizó un partido amistoso entre
futbolistas pro

fesionales de la isla, entre ellos Ángelo Rodríguez,
quienes se encuentran de descanso en la isla y algunos jugadores de
la isla con la población privada de la libertad.
Posteriormente se jugó un partido entre los patios 1 y 2 con el
objetivo de reforzar la sana convivencia y se hizo entrega de
televisor comunitario y refrigerios.

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