La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que las medidas de arresto establecidas en las jurisdicciones civil y penal para quien le falte el respeto a un juez durante una audiencia o impida u obstaculice la realización de una diligencia se ajustan a la Constitución.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público indicó que las normas demandadas, contempladas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 44) y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, art. 143), señalan claramente las conductas que pueden dar lugar a la imposición de un arresto y respetan las exigencias de los principios de tipicidad y proporcionalidad.

Precisó que las disposiciones examinadas estipulan un procedimiento para la imposición de esa sanción, que incluye escuchar al interesado y motivar la decisión, lo cual restringe la arbitrariedad y el autoritarismo del funcionario judicial, cuya decisión en todo caso está sometida a diversos controles.

La Procuradora sostuvo que la sanción de arresto es idónea para cumplir con la finalidad planteada, pues “se logra razonablemente motivar a los ciudadanos a no lesionar la majestad de la justicia y facilitar el correcto desarrollo de las causas jurisdiccionales”, recalcó.

Puntualizó que la disposición examinada “resulta necesaria, porque no existe una medida igual de eficaz para lograr la finalidad perseguida y menos lesiva para los derechos fundamentales”.

El Código General del Proceso contempla una sanción de arresto de hasta 15 días a quien obstaculice o impida la realización de una audiencia, mientras que en el Código de Procedimiento Penal es hasta por 30 días. Entre tanto, ambas jurisdicciones establecen un arresto de hasta cinco días por irrespetar a los jueces de la República durante una diligencia.

En las últimas horas la Policía del Departamento Archipiélago realizó la incautación de una tonelada y media de clorhidrato de Cocaína en el sector de Rocky CAY.

Los hechos se dieron gracias a la información de inteligencia recolectada por la Policía, y con la ayuda de la comunidad se pudo ubicar la vivienda donde se encontraba la sustancia en más de 60 cajas con panelas de la droga en su interior.

El cargamento incautado tiene un costo en el mercado negro superior a los $21 mil millones de pesos, dando un fuerte golpe a las redes de narcotráfico en la isla.

En el acto no hubo capturas.

La droga será entregada a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación que permita dar con los presuntos propietarios y darles captura.

La Fiscalía le imputó a los capturados cargos por narcotráfico y luego se conoció que estaban pedidos para ser juzgados en el país norteamericano.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición a Estados Unidos a los vinculados del caso de la ‘narcoavioneta’ de Providencia, escándalo donde incluso, estuvo relacionado el esposo de Alejandra Azcarate. Los tres implicados son Juan Camilo Cadena Botero, quien era el piloto de la avioneta N722KR; Harold Darío Rivera, técnico de vuelo; y el capitán de la Policía, Jorge Isaac Aguilar García.

El pasado 23 de mayo la aeronave N722KR, serie LJ-1065, propiedad de la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, fue hallada con 446 kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, en la aeronave, a parte de los 446 kilos de clorhidrato de cocaína, fueron hallados $102′752.000 en efectivo. Además, cargaba cajas de tapabocas y ayudas humanitarias que el ente investigador presume, podrían ser una forma de ocultar su actividad ilícita en el tráfico de sustancias psicoactivas con destino, al parecer, a los Estados Unidos.