Judiciales
Judicializan a presunto responsable de lancha desaparecida con 42 migrantes entre San Andrés y Nicaragua
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Borghi Kure Gaviria, señalado como el presunto administrador de la embarcación que desapareció con 42 migrantes a bordo entre la isla de San Andrés y los cayos de Nicaragua el 21 de octubre de 2023, un caso que aún permanece sin esclarecer.
De acuerdo con la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de tráfico de migrantes agravado. Entre los ocupantes de la embarcación desaparecida había ciudadanos colombianos, venezolanos y chinos, incluyendo 12 menores de edad, un bebé de tres meses y una mujer en estado de gestación. Desde el día del viaje se desconoce el paradero de todos ellos.
Las autoridades establecieron que ese día tres embarcaciones zarparon desde un muelle particular con decenas de migrantes que pretendían llegar de manera irregular a Centroamérica. Dos de las lanchas alcanzaron su destino sin inconvenientes, mientras que la tercera desapareció, presuntamente debido a condiciones climáticas adversas.
La Fiscalía indicó que la embarcación utilizada para el viaje estaba destinada a la pesca artesanal, tenía autorización para transportar únicamente 15 personas y no contaba con los permisos de la Capitanía de Puerto para navegar en mar abierto ni para movilizar pasajeros.
Según el ente investigador, Borghi Kure Gaviria haría parte de una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés, brindarles alojamiento temporal y coordinar su traslado marítimo hacia territorio nicaragüense. Además, presuntamente definía los horarios de salida, el valor cobrado a cada migrante y el número de personas que abordarían cada lancha.
El procesado fue capturado el pasado 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de ser deportado desde Panamá, país al que, según la investigación, habría huido tras la desaparición de la embarcación. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
- Comunicado e información publicado por la Fiscalía General de la Nación

Judiciales
Dos personas capturadas en Maria La Baja (Bolivar) por presuntamente extorsionar con falsos perfiles en San Andrés para no publicar contenido intimo
Un presunto esquema de extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería fue puesto al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que permitió asociar hechos delictivos que habrían afectado a por lo menos 14 personas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Por estos hechos fueron judicializados Kellys Johana Ramírez Díaz y Jhons Edison Pérez Morrillo, señalados de presuntamente contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería para persuadirlas de compartir fotografías y videos de contenido íntimo. Posteriormente, al parecer, exigían dinero bajo amenazas de divulgar el material en redes sociales y otras plataformas.


De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, en otros casos los investigados presuntamente se hacían pasar por integrantes de grupos delincuenciales con presencia en el archipiélago para intimidar a los ciudadanos y exigirles pagos a cambio de no atentar contra sus vidas.
Las autoridades señalaron que los presuntos responsables utilizaban diferentes identidades para establecer contacto con las víctimas y solicitaban transferencias de dinero a billeteras virtuales asociadas a números de teléfonos celulares.


La investigación permitió relacionar hechos ocurridos durante el último año y establecer, hasta el momento, un total de 14 personas afectadas, tanto hombres como mujeres. Los dos procesados fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el municipio de María La Baja, Bolívar, desde donde presuntamente se desarrollaban estas actividades ilícitas.
Una fiscal Gaula les imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ambos procesados no aceptaron los cargos. Por decisión de un juez penal de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía reiteró que la información se divulga por razones de interés general, en el marco de las investigaciones adelantadas para esclarecer estos hechos que habrían afectado a ciudadanos del archipiélago.
- Información, fotos y videos fueron publicados por la Fiscalía General de la Nación

Judiciales
Procuraduría destituyó por 15 años a exagentes de la Policía por caso de la narco avioneta en Providencia
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia a bordo de una avioneta, en mayo de 2021.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que los entonces agentes fueron quienes se encargaron de embarcar el alcaloide en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que la aeronave iniciara su desplazamiento a la terminal aérea El Embrujo, que sirve a Providencia, lugar donde fue incautado por las autoridades.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados.
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Juez Primero Penal dejó en libertad al exgobernador Everth Hawkins Sjogreen y la dictó medida de aseguramiento condicionada al cumplimento de seis requisitos entre ellos presentaciones periódicas y restricción para salir del país entre otros
Por: Antonio Colmenares M.
En la audiencia de imputación de cargos por los presuntos delitos de extorsión y secuestro extorsivo agravados que se le atribuyen al exgobernador Everth Hawkins Sjogreen, el Juez primero Penal decidió que la medida más adecuada es la medida de Aseguramiento sin pérdida de libertad pero con la obligación que debe cumplir con seis requisitos.
La medida proporcional según el juez es la no privativa de la libertad, pero Everth Hawkins debe suscribir un acta de compromiso en donde asegure que se somete a vigilancia de una persona o de una entidad, en este caso el Inpec.
Debe presentarse en forma periódica y cuando sea requerido, pero semanalmente ante el juez coordinador en Barranquilla.
Guardar buena conducta, además le queda prohibido salir delpaís y debe permanecer en Barranquilla y no debecomunicarse con los demandantes y ese tipo decomunicaciones debe hacerlas a través de la defensa.
Esta decisión constituye una medida de aseguramiento condicionada a lo ya establecido.

En concepto del juez primero penal la fiscal “se quedó corta”, según sus propias palabras debido a que inicialmente se hablaba de concierto para delinquir, extorsión y secuestro extorsivo agravados, pero en la audiencia de imputación solo aparecen la extorsión y el secuestro extorsivo.
Además, aclaró el Juez, que casi se cumple un año del hecho de secuestro que según la demandante ocurrió en noviembre del año 2025 y le extrañó que se hubiera dejado pasar tanto tiempo sabiendo de la gravedad del presunto delito.
Ante la decisión del juez la fiscal María Claudia Díaz, solicitó un receso para preparar su recurso de reposición y tras ese espacio manifestó que “los jueces están bajo el imperio de La ley y la su decisión es arbitraria”, dijo textualmente y afirmó que encontró falencias en la decisión porque no tuvo en cuenta que “cuando se trata de este tipo de delitos no hay beneficios” y citó la ley.
Seguidamente pidió al juez de segunda instancia que tenga en cuenta la normatividad procesal vigente que, según su punto de vista, el juez primero penal no observó.
El defensor Jhonatan Pelaez Saens argumentó su apelación solicitando al juez primero penal que le pida al juez de segunda instancia que le revoque la medida y que le dé la libertad plena.
La representante de la Procuraduría, Natalia Catalina Orozco,estuvo de acuerdo con la decisión del juez pero se apartó de la solicitud de la defensa.
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