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JUNE MARIE MOW: LA INEFECTIVIDAD DE LAS AYUDAS

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Tomado del blog Quitasueño

…¿Quedaremos más empobrecidos a pesar de millonarias ayudas como le ocurrió a Haití después del terremoto del 2010 y del huracán Matthew del 2016?

Presidente Iván Duque en Providencia anunciando las ayudas que no llegan.

Las tormentas ciclónicas

El 2 de noviembre el huracán Eta pasó cerca de las islas, apenas rozándolas, sin embargo, causó daños considerables y aumentó la vulnerabilidad de estas pequeñas islas. El 16 de noviembre, solo 15 días más tarde, Iota, una tormenta ciclónica categoría 4 a 5, de alto nivel en el momento en que atravesó y azotó por varias horas las Islas de Old Providence y Ketlina con vientos sostenidos de mas de 200 km/hora; en menos de 8 horas dejó devastación y destrucción : casi el 100% de las edificaciones, incluyendo, el aeropuerto, el puesto de salud, y la sede de la alcaldíaquedaron  totalmente dañadas;  las islas quedaron incomunicadas, en la absoluta oscuridad y sin servicio de agua potable.

La voracidad de la tormenta Iota afectó a más de 6 mil personas; varias familias han sido desplazadas a la Isla de San Andrés (y a algunas ciudades colombianas); en donde han sido acogidas por amigos y familiares para brindarles techo, agua y comida, así como apoyo emocional.

Al inicio, las noticias internacionales dirigieron su atención a los impactos de Iota en las costas de Nicaragua y Honduras (igual ocurrió con Eta); luego empezaron a llover los anuncios de ayudas y promesas de diversas fuentes. El gobierno colombiano prometió lo imposible, demostrando su falta de conocimiento y entendimiento del contexto insular antillano, de reconstruir las islas en 100 días.

La generosidad y solidaridad de colombianos, y extranjeros, pero sobre todo de la diáspora raizal han sido enormes. Es importante destacar la ayuda que ha llegado de expertos constructores raizales de las Islas Caimán, por sus valiosos conocimientos sobre códigos de construcción resistentes a tormentas ciclónicas y sismos; pero aún siguen esperando que el gobierno cumpla su compromiso de enviar los materiales para iniciar la reconstrucción de las viviendas. 

Esta debería haber sido una de las prioridades del gobierno encabezado por el Presidente Iván Duque Márquez, y toda la nómina de altos, medianos y pequeños funcionarios públicos, que en sus respectivos rangos se han desplazado en un “ir y venir” a las islas de Providencia y Santa Catalina.

Los Gobiernos de Estados Unidos y de China, así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donaron una cifra aún sin identificar como ayuda humanitaria dirigida a los damnificados, y asistencia técnica para identificar las prioridades inmediatas y examinar las necesidades de la población. 

Poco se sabe sobre la efectividad de estas ayudas, porque la población sigue sufriendo los embates del clima; cada vez que llueve se mojan las personas que se quedaron para reconstruir sus viviendas en su isla-hogar, en su territorio. La ayuda humanitaria más efectiva para garantizar los derechos humanos de la población afectada aún no llega; no hay láminas metálicas galvanizadas para techar las viviendas, y la población aún carece de elementos esenciales.

Actualmente, los raizales y no raizales se preguntan qué ha pasado con las millonarias donaciones reportadas por diversos medios de comunicación y redes sociales, de ONGs extranjeras y colombianas, de gobiernos, y de la empresa privada; hay varias decenas de organizaciones que supuestamente están brindando una respuesta inmediata y apoyando en la reconstrucción.

Si bien la vía circunvalar está libre de escombros, aún se desconoce el plan de tratamiento y disposición final de los residuos, y los providencianos continúan a la intemperie. En otras palabras, los derechos y necesidades de la población no están siendo atendidas, las ayudas han sido inefectivas y  no están llegando, situación que podría tornarse peligrosa para la supervivencia de un pueblo que se encuentra física y humanamente en una situación de alta vulnerabilidad.

Cooperación y ayudas

Si bien necesitamos cooperación, y mucha, es necesario solicitar que la cooperación no sea avasalladora, como pareciera que lo ha sido hasta ahora, con agenda y recurso humano propios, “descartando” y desplazando las capacidades locales. Les recordamos que los hombres y mujeres constructores de viviendas, agricultores, pescadores, cocineros, y otros miembros de la comunidad, son poseedores y portadores de un conocimiento tradicional y experticia local, todos ávidos de ser puestas al servicio de la reconstrucción de las islas.

Sin embargo, con todas estas ayudas, irónicamente no ha sido posible brindar agua potable y techo a los héroes y heroínas sobrevivientes que decidieron quedarse a trabajar por la reconstrucción de las Islas de Old Providence y Ketlina. Se reciben quejas permanentes de suministro de agua de la represa “maltratadas” que generan afecciones gástricas e intestinales.

Las miles de toneladas de ayuda que han llovido de Colombia y del extranjero, tal parece que le hubiesen llegado providencialmente a otra Providencia, y no a Old Providence en el Caribe Occidental. 

Como no lo sabemos, y diariamente se suma una nueva ONG, nos preguntamos:

¿Por qué la ayuda donada por gobiernos amigos no ha llegado a los locales?

¿Cuántas ONGs nacionales e internacionales están operando en las Islas, brindando ayudas? 

¿Quiénes son las personas directa o indirectamente relacionadas con estas ONGs? 

¿Cuáles son sus intereses y pretensiones? 

¿Son verdaderamente desinteresadas y altruistas las ayudas?

¿Las agendas de ellas están sobre la mesa? 

¿Han sido acaso concertadas con el pueblo raizal de Old Providence y Ketlina?

¿Cuán efectivas han sido las acciones de las organizaciones que han hecho su arribo? 

¿Existen intereses políticos, económicos, territoriales y/o de promoción y mejoramiento de imágen frente a la tragedia del pueblo raizal?

Funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo departiendo en las islas.

El caso de Haití 

En el caso de Haití, después del terremoto de 2010,  de los 9 billones de dólares de ayuda internacional, el 89% fue para organizaciones no-haitianas; el 9.6% al gobierno haitiano,  y el 0.6% a organizaciones no gubernamentales del país, quienes ostentaban la experiencia y el conocimiento.

Organizaciones no-haitianas con muy buenas intenciones implementaron acciones que luego no pudieron ser sostenidas por el gobierno haitiano, tales como hospitales temporales en tiendas de campaña, al no quedar recursos para pagar al recurso humano del área de la salud. 

El testimonio de un sobreviviente del huracán Mathew en Haití a una agencia de prensa, se resume así:

We never believed in foreign aid. Please, don¨t come back promising us billions again if nothing is to come of it. 80% of the cash was burnt by NGOs.

Cuya traducción es la siguiente:

No creemos en ayudas internacionales, y por favor no regresen prometiéndonos nuevamente billones si no obtendremos ningún resultado de ello. El 80% de de los dineros fueron despilfarrados por ONGs”.

El regreso a la tragedia

Pero regresando a nuestra tragedia, se leen testimonios de algunas personas que tuvieron que viajar a la isla de San Andrés en busca de agua y comida, porque afirman que no ha sido posible obtener estos elementos básicos en Old Providence.

Particularmente preocupa, que un año o dos años tras el paso de ETA e IOTA haya muy poco que mostrar frente a los miles de millones de pesos que con seguridad el gobierno colombiano reportará como invertidos para la recuperación de las islas,; que los raizales empobrecidos sean dependientes de “limosnas”, y que las personas más vulnerables no hayan tenido que continuar habitando los “templos”, ya que estos son inapropiados para prestarles una atención digna.

Los locales tenemos estrategias propias para superar la adversidad, motivo por el cual hacemos un llamado para que éstas no sean ignoradas. Hay oportunidades para apoyar a los agricultores y pescadores locales;  a los propietarios de posadas nativas y restaurantes, así como a los comerciantes locales; es muy importante, entonces, crear con urgencia las condiciones para aprovechar estas oportunidades.

El apoyo de afuera no puede ser con proyectos y programas definidos por otros, y debe ser dirigida a convertir en realidad la agenda propia de los dueños del territorio insular de Old Providence y Ketlina.

Una agenda propia que obviamente no está basada en proyectos de corto plazo impuestos y controlados por agencias donantes, o por los fondos colombianos, y que tiene como objetivo la auto reconstrucción, con, por, y para la gente de nuestras islas.

Si la condición de apoyo de las ONGs y gobierno es la imposición de agendas de otros, nuestra obligación es rechazarlas, porque atenta contra nuestra dignidad y el derecho a la auto determinación, desconociendo que somos sujeto de derechos.

Por otra parte, el gobierno nacional, más allá de las funciones del Presidente en una situación de desastre, de ninguna manera debe reemplazar a la administración local. Debe apoyarla, promoviendo las alertas y controles, para que junto con las comunidades de cada sector de las islas se apropien y lideren la planificación de la reconstrucción de su “island-home”y la emprendan. Es la única manera de lograr el propósito de construir unas islas más resilientes para adaptarnos y salvarnos, bajo el lema “build back better”, depurando las actuaciones de la administración de discriminaciones o privilegios por asuntos de índole político.

Es necesario impedir que el trato históricamente colonialista del gobierno colombiano, que se manifiesta, entre las diferentes modalidades aplicadas,  a través de un  paternalismo “no desinteresado”, deje a los raizales con una mayor dependencia de sus limosnas,  aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentran por la implantación de un modelo de desarrollo continental y colonial, en un contexto insular, y por el paso secuencial de dos tormentas ciclónicas categorías 4 y 5.

Su compromiso no debe ser otro que reconocer que el pueblo raizal es sujeto de derechos, lo cual implica promover sus derechos legítimos a la autodeterminación política y económica.

Ratifico que ante  la inefectiva provisión de ayudas en la fase de respuesta inmediata, sumadas a las múltiples donaciones que no han sido aún recibidas por los sobrevivientes, se hace necesario que haya una rendición de cuentas dirigida a los pobladores de ambas islas, pero sobre todo, que las donaciones lleguen sin más dilaciones, para evitar mayores frustraciones y resentimientos.

No podemos seguir aceptando informes manipulados con verdades a medias.

Esperamos que las ayudas y/o donaciones no sean engañosas. La reconstrucción de las islas no debe convertirse en la excusa para la contratación de bienes y servicios que no responden al cumplimiento de los derechos humanos de la población sujeto de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

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Tribunal Contencioso administrativo suspendió de manera provisional los efectos de la elección de presidente de la Asamblea

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La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

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Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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Justiniano Brown Bryan

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

 

Foto Cortesía

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«Continúa labores la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago»: IGAC

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La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.

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