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La visita presidencial

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Por Alberto Escobar Alcalá

Lo que no hizo la pandemia covid19, lo logró el fenómeno natural huracán Eta que tuvo como común denominador, el de haber golpeado a un sector incipiente del turismo apostado en el sector suroeste de las Islas.

Hoy voy a referirme a los estragos ocurridos en la Isla de San Andrés, por la poca información que tengo de las hermanas Islas de Providencia y Santa Catalina, como el desprendimiento del puente que las comunica y los daños que sufrieron las playas de Agua Dulce, South West Bay y la playa de Manzanillo.

Pues, las fuertes brisas arrasaron con los negocios la mayoría de ellos construidos o administrados por raizales, tratando de involucrarse en el sistema económico que se creó alrededor de la declaración del Puerto Libre por parte del General Gustavo Rojas Pinilla, que nos ha sido tan esquivo. Ahora viene la naturaleza y nos aplaza ese esfuerzo de insertarnos en esa tan esquiva economía para nosotros.

Los anuncios del gobierno central encabezado por el presidente Iván Duque, habrá que analizarlo más en detalle dado el número de acciones a que habrán de ejecutar, se hablan de ciento dieciocho, entre los cuales se destacan 1) Una bolsa económica por valor de treinta mil millones de pesos que será administrado por Bancóldex que abrigamos la esperanza que sea bien repartidas para que los que sufrieron el azote de Eta, incluyendo a participar en igualdad de condiciones. Ojalá se repartiera en rublos tanto para los que sufrieron por la pandemia incluyendo a los pequeños comerciantes (tenderos), con intereses blandos y a largo plazo, para que puedan reconstruir sus negocios. 2) El Alcantarillado Pluvial, para corregir los errores de pasado fruto de la mala planeación en la construcción de soluciones de viviendas, que se realizaron sin tener en cuenta que se estaba taponando los desagües naturales. Que en esta ocasión no sea otra frustración más como las que han venido sufriendo los habitantes de esos sectores desde el 2012, cuando la obra valía treinta y nueve mil millones de pesos, hoy debe costar aproximadamente uno sesenta mil millones de pesos. 3) Acciones para mitigar la Erosión Costera. Obra que ha tenido tropiezos fruto de nuestra tradición de país santanderista o leguleyo, porque no de otra manera se pueda entender el que se contrató unos estudios con la Universidad del Norte, con términos de referencia elaborados por la Corporación Ambiental Coralina, pero en si transcurso, se modificó la legislación y pasaron la competencia a la ANLA, quienes se negaron a avalar lo realizado por Coralina y la Universidad de Norte, y presentó, nuevos términos de referencia, que la Universidad se negó a ajustar, arguyendo que ya habían terminado su trabajo y lo que pedía el ANLA, era materia de otro estudio, que si memoria no me falla tenía un valor de ochocientos millones de pesos, que no obstante los esfuerzos que se hicieron en la Comisión Archipiélago que se creó para administran los cincuenta millones de dólares, cuyo crédito se consiguió del BID, no se logró destrabarlo. Esperamos que esta sea la vencida.

Hay otras acciones que seguiremos examinando, pero a primera vista no es tan halagüeño, las promesas presidenciales ya que observamos que se metieron obras que ya se han contratado como el puente de Providencia y Santa Catalina, la planta desalinizadora de 50 litros por segundos que se encomendó a Findeter desde el 2016 y otros que tienen su fuente de financiación asegurada que me parece un error haberlo incluido, porque le quita seriedad a la promesa presidencial. Post Data: Considero, que de las ciento dieciocho acciones que no tienen fuente de financiación debería de involucrarse en un documento Conpes que le daría mayor tranquilidad a la comunidad de las Islas, que esta vez será la vencida.

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Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

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A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

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Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

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Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

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Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

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Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

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