Opinion
Los estadísticos de la muerte
Por: Jack Housni Jaller
En eso nos hemos convertido como sociedad, en contadores de cifras de jóvenes asesinados, muchachos sin nombre ni apellido reconocidos solamente por unos alias extraños. Pero más extraño, más decepcionante, y más preocupante como comunidad es la indolencia general de una sociedad ciega, sorda y muda. San Andrés tiene pocos jóvenes con aceptables recursos económicos para tener una buena calidad de vida, unos pocos que pueden vivir aislados de la realidad en un club o en casas con todas la comodidades.
Los tiempos en que todos disfrutábamos de todos los espacios de la isla ya se acabaron, ahora los que pueden se refugian en ghettos a la inversa, lugares encerrados, cárceles seguras, donde no los pueda tocar «la mala hora»
Los otros, los que mueren en las calles y nos enteramos por EL CAFÉ DE LA YOU, me recuerdan a la canción del Joe Arroyo, La Guerra De Los Callados, los que nadie llora, los que se buscaron su destino, los que merecían morir. En eso nos hemos convertido, en una pueblo sin alma ni compasión, en validadores de la muerte, en una sociedad que no solo no siente el dolor de esas familias, si no, que además, no vislumbra los peligros de una violencia desatada.
Son los hijos de los nadies los que están cayendo en las calles ensangrentadas, son los que no tienen nombre, los bandiditos que a nadie le importa. Si fueran los hijos de los «ricos» , además que ya casi se hubieran exterminado, la protesta ciudadana tendría magnitudes gigantescas, y la tragedia seria contada por todos los medios nacionales.
Y no, no es culpa del Gobernador, no es culpa del comandante de la policía, es culpa de una sociedad con una economía inequitativa, es la pobreza heredada de generación en generación, es la ceguera conveniente de todos lo que hace que estos pelaos se refugien en pandillas y delincan desde muy temprana edad, chicos que la vida les ofrece tan poco que perderla no les importa: como la canción de Pablo Milanés, La Vida No Vale Nada.
Algo oscuro, más oscuro que las muertes y los niños sicarios le pasa a esta sociedad, algo que crece en silencio pero a pasos agigantados: la aceptación de la muerte y la tragedia como algo cotidiano. La normalización del mal como parte de nuestra cotidianidad.
No es posible un futuro en estas condiciones, la agenda de comunidad y las organizaciones gremiales, sociales, raizales, comunitarias y de toda índole es organizar unos grupos de estudio de las causas y las soluciones ante La Guerra De Los Callados, y la salvaguarda de todos los jóvenes de la Isla.
Jack Housni Jaller – Bogotá 5 de octubre de 2025
Opinion
¿Quién está dejando entrar los vehículos a San Andrés?
Por: Jack Housni
En San Andrés hay preguntas que ya no pueden seguir respondiéndose con silencios administrativos, explicaciones burocráticas o el viejo argumento de que “así se ha hecho siempre”.
Una de ellas tiene que ver con los vehículos.
La isla tiene un territorio limitado, una red vial que no puede expandirse indefinidamente y una presión creciente sobre el espacio urbano. En estas condiciones, permitir que el parque automotor crezca sin control no es un asunto menor: es una decisión que afecta la movilidad, el ambiente, el espacio público y, en última instancia, la sostenibilidad de la isla.
Por eso se estableció por medio de Ley para San Andrés un régimen especial.
La regla fundamental está contenida en la Resolución 5016 de 2017 del Ministerio de Transporte, que creó el Derecho de Reposición Vehicular —DRV— y estableció expresamente que el ingreso de vehículos automotores terrestres al Archipiélago “únicamente podrá efectuarse por reposición”.
No hay mucho espacio para interpretaciones políticas frente a esa frase.
La norma dice reposición. La pregunta es otra:¿Se está cumpliendo? Y si no se está cumpliendo, ¿quién es responsable?
La isla no puede funcionar como si fuera el continente
El régimen especial de vehículos no fue creado por capricho. San Andrés no tiene la misma capacidad territorial que una ciudad continental. No puede ampliar indefinidamente sus carreteras, construir nuevas vías sobre territorio inexistente ni multiplicar el espacio urbano para acomodar una cantidad ilimitada de automóviles, motocicletas y demás vehículos.
El propio Ministerio de Transporte justificó la regulación señalando la necesidad de controlar el parque automotor, mejorar sus condiciones y retirar vehículos que habían superado su vida útil.
Ese es el sentido de la reposición: para que entre un vehículo, debe salir otro. No se trata solamente de cambiar un carro viejo por uno nuevo. Se trata de impedir que el número de vehículos crezca indefinidamente.
El sistema incluso contempló equivalencias en las cuales la salida de varios vehículos podía generar el derecho para ingresar uno nuevo. Por eso, si hoy aparecen vehículos ingresando al Archipiélago sin una reposición verificable, no estamos frente a una simple irregularidad administrativa. Estamos frente a la posible ruptura del mecanismo diseñado para proteger la capacidad limitada de una isla.
Una norma vigente y una pregunta sin respuesta
Hay además una discusión jurídica que las autoridades tienen la obligación de aclarar.
El artículo 6 de la Resolución 5016 estableció las equivalencias de reposición para los primeros tres años siguientes a su publicación. Ese período terminó en 2020.Sin embargo, el artículo 9 —que establece que el ingreso se realiza únicamente por reposición— no fue derogado. Más aún: en una respuesta oficial de febrero de 2025, el propio Ministerio de Transporte manifestó que la Resolución 5016 continuaba vigente y sostuvo expresamente que el ingreso de vehículos terrestres al Archipiélago debía realizarse por reposición.
Entonces existe una pregunta perfectamente legítima:¿Cuál es hoy el mecanismo exacto mediante el cual se está acreditando esa reposición?
Si las equivalencias originales dejaron de tener vigencia temporal en 2020, ¿qué mecanismo las sustituyó? ¿Dónde está publicado el acto administrativo que define los criterios y cupos actuales?
La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Una administración pública no puede exigir una obligación sin explicar con claridad el procedimiento mediante el cual se cumple, pero tampoco puede interpretar el vencimiento de un plazo como la desaparición de toda obligación de reposición cuando el propio Ministerio sostiene que el ingreso continúa sometido a ella.
La solución no puede ser la ambigüedad. Tiene que ser transparencia. ¿Cuántos vehículos han entrado? No necesitamos discursos. Necesitamos información verificable. ¿Cuántos vehículos automotores han ingresado al Archipiélago desde 2017? ¿Cuántos fueron importados, cuántos fueron matriculados y cuántos obtuvieron DRV? ¿Cuántos vehículos fueron retirados o desintegrados para generar esos derechos?
Estas preguntas deberían poder responderse vehículo por vehículo, mediante el cruce de la información de la Secretaría de Movilidad, la DIAN, el RUNT y los certificados de desintegración.
No se trata de una investigación de inteligencia. Se trata de comprobar que cada vehículo autorizado cumplió las condiciones legales. La Secretaría de Movilidad tiene que rendir cuentasLa responsabilidad de la Secretaría de Movilidad es central. La regulación le atribuye funciones relacionadas con la expedición del Derecho de Reposición Vehicular y con el trámite de matrícula.
Por eso debe explicar públicamente cómo controla el sistema y cuántos DRV expidió cada año, cuántos vehículos los respaldaron, cuáles fueron retirados y cuántos vehículos ingresaron posteriormente.
La pregunta decisiva es esta:¿Hay vehículos matriculados en San Andrés que no puedan asociarse documentalmente con un proceso válido de reposición? Si la respuesta es no, que se publiquen los datos. Si la respuesta es sí, hay que explicar por qué y determinar quién autorizó operaciones que no cumplían las condiciones legales.
¿Y la DIAN?La DIAN tiene una responsabilidad distinta, pero igualmente importante. La autoridad aduanera controla las operaciones de importación y los vehículos que ingresan al régimen correspondiente del Archipiélago.
Por eso debe cruzar sistemáticamente su información con la de la Secretaría de Movilidad y el RUNT. Ese control permitiría detectar vehículos importados que no tengan una autorización de reposición asociada, inconsistencias entre los documentos aduaneros y los registros de matrícula, o diferencias entre los vehículos que supuestamente salieron y los que finalmente ingresaron.
Si las entidades tienen la información, deben utilizarla para verificar el cumplimiento de la ley. También existe responsabilidad de los particularesQuien compra o importa un vehículo destinado a San Andrés debe conocer que el Archipiélago tiene un régimen especial. No basta con pagar la importación ni con que un intermediario asegure que “eso se arregla”. El propietario también tiene la obligación de cumplir la legislación y, si participa conscientemente en una operación irregular, deberá responder por ello.
Pero esa responsabilidad no elimina la obligación de las autoridades de controlar el proceso. Si existen varias entidades encargadas de revisar la operación, cualquier ingreso irregular exige establecer cómo fue posible y quién omitió los controles correspondientes.
El rumor de corrupción no puede sustituir una investigación
En San Andrés es vox populi que existen prácticas irregulares alrededor de determinados trámites públicos. Pero no basta con decir que “todo está corrupto”. Tampoco es aceptable responder que, como no existe una sentencia, no pasa nada. Entre ambas posiciones existe una obligación institucional: investigar.
Si existen denuncias, deben investigarse. Si existen inconsistencias, deben auditarse. Si existen funcionarios que omitieron controles, deben determinarse sus responsabilidades. Y si no existe ninguna irregularidad, las autoridades deberían poder demostrarlo con información verificable.
La corrupción no se combate con comunicados de prensa. Se combate haciendo que cada operación deje una huella documental clara y verificable. ¿Quién controla a los que controlan? Esta es la pregunta política de fondo.
El problema no es solamente cuántos vehículos hay en San Andrés, sino quién decidió que cada uno de ellos podía estar allí. Si un vehículo entró legalmente, debe existir un expediente. Si ingresó por reposición, debe existir el DRV y la evidencia de la salida del vehículo que lo respaldó.
Si fue importado, debe existir trazabilidad aduanera. Si fue matriculado, debe existir el registro correspondiente.El cruce de esa información debe permitir comprobar que el sistema funciona.
Si no es posible hacerlo, existe un problema de control que las autoridades deben explicar.San Andrés merece una auditoría públicaLa Gobernación, la Secretaría de Movilidad, la DIAN, el Ministerio de Transporte y los organismos de control deberían promover una revisión integral del sistema.
La auditoría debe establecer cuántos vehículos ingresaron desde 2017, cuántos DRV fueron expedidos, qué vehículos generaron esos derechos, cuántos fueron efectivamente retirados o desintegrados, cuántos vehículos fueron matriculados y qué norma se está utilizando actualmente para determinar las equivalencias de reposición.
También debe identificar las diferencias entre las bases de datos de la DIAN, el RUNT y la Secretaría de Movilidad, así como las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en procedimientos cuestionados.
Si aparecen irregularidades, deben investigarse hasta las últimas consecuencias. No se trata de perseguir a nadie. Se trata de saber quién cumplió y quién no.
Eso se llama Gobernanza.
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