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Los puntos gruesos de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno

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Fuente: El Espectador

Cambios en la tutela, reestructuración del gobierno y la administración de la Rama Judicial, eliminación de facultades electorales al procurador, auditor y registrados y garantía presupuestal son algunas de los cambios que plantea la iniciativa del Gobierno Nacional.

La reforma a la justicia fue una de las promesas de campaña del hoy presidente Iván Duque Márquez. Desde las épocas electorales, incluso, generó polémica su propuesta de crear una sola Corte (una supercorte), en la que se unirían los seis altos tribunales que existe en el  país y que acabaría, por ejemplo, con la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz, que pasarían a ser salas dentro del gran tribunal.

Las críticas, sobre todo, se enfocaron en lo que sería un grave golpe a la independencia judicial y la calificaron como un intento del uribismo para controlar las tres ramas del poder públicos, pues ya tenía a su favor el Ejecutivo, con Iván Duque encabezando las encuestas de intención de voto, y, posteriormente, lograría la presidencia del Congreso de la República, como era la tradición.

La espera terminó y a las 11:30 de la mañana de este jueves está prevista la radicación del proyecto de reforme judicial del Gobierno Nacional, del que, si bien puede haber cambios de última hora, ya se conocen los puntos más gruesos que buscarán darle un revolcón al sistema judicial colombiano. La iniciativa cuenta con 31 artículos, incluida la vigencia, y plantea el desarrollo de tres ejes: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia (i), Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia (ii) y seguridad jurídica (iii).

En el primer punto plantea la eliminación de las facultades electorales al procurador, registrados y auditor general, quienes deberán ser elegidos para un período de cuatro años por el Congreso de la República. La novedad es que, además, deberán ser seleccionados por convocatoria pública.

Por ejemplo, el artículo 27 de la iniciativa, que reforma el artículo 276 de la Constitución, señala: “El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República, para un período de cuatro años, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. A los quince días de la elección, el Senado de la República realizará una audiencia pública de ratificación para permitir la participación ciudadana y determinar por mayoría simple si se confirma o no a la persona elegida para proceder a su posesión en el cargo. La sola elección, sin la confirmación y la posesión, no genera derechos adquiridos”. Todas estas elecciones contarán con una audiencia de confirmación “para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado, y con ello el nominador autorice la posesión”.

La propuesta de reforma también amplía el régimen de inhabilidades y, en ese sentido, ni magistrados ni miembros de la Comisión de Carrera Judicial podrán recomendar personas para un organismo de control o la Rama Ejecutiva. En caso de que lo hagan, tendrían como sanción la pérdida del cargo. “Sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado. Después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. Tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término”, señala el documento de resumen de la reforma. También se aumentarán los requisitos en experiencia para aspirar a ser magistrados: el tiempo de ejercicio previo para ser candidatos a una alta corte será de 20 años.

La reforma mantiene la Comisión de Investigación y Acusación, aunque propone la agilización de los procedimientos en esta con la radicación de una reforma a la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso) “para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados”.

En el punto dos la reforma dispone que quien aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado tenga que acreditar, por lo menos, cinco años de experiencia como juez y magistrado de tribunal dentro de los 20 años de experiencia que exigirá la iniciativa. Se plantea, además, una reestructuración en el gobierno y la administración de la Rama Judicial, con coordinaciones que quedarán a cargo de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, una Dirección General de la Rama Judicial y una Comisión de Carrera Judicial.

Por otra parte, se plantea que los periodos para los presidentes de las altas cortes sean de dos años, con el fin de que haya una “estabilidad de las políticas de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”.

En cuanto a la agilización del proceso penal, se propone que el juez de control de garantías pueda dictar sentencia en los casos en los que haya aceptación de cargos “sin requerirse más trámites ni cambio de juez”. También determina una tasa mínima de crecimiento presupuesta en la Rama Judicial, que se establecerá en el Plan de Desarrollo Nacional de cada cuatrienio y que deberá ser respetada por el Congreso de la República.

La iniciativa también incluye cambios en cuanto a la acción de tutela. En el artículo primero propone una modificación del artículo 86 de la Constitución e introduce un parágrafo que señala que “la ley estatutaria reglamentará el procedimiento para los casos en que la acción de tutela se ejerza contra providencias judiciales, incluyendo el término de caducidad, la competencia, las instancias y las causales de procedibilidad”. “Se reforma el artículo 86 de la Constitución para: (i) exigir legitimidad de quien la ejerce, (ii) que no sea en cualquier tiempo (iii) que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y (iv) se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales”, explica el resumen de la reforma.

También pretende regular la comunicación de las decisiones judiciales, al proponer que las cortes solo puedan comunicar las sentencias “cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y aclaraciones de voto”.

Politica

Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura contra Elizabeth Jay Pang

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió la solicitud de pérdida de investidura contra la señora congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, formulada por el ciudadano Orlando Vidal Caballero Díaz

Este fue el acta emitida por el Consejo de Estado:

Radicado: 11001031500020220671400 PI

Accionante: Orlando Vidal Caballero Díaz

Accionados: Elizabeth Jay-Pang Díaz

Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia – Ley 1881 de 2018

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a pronunciarse acerca de la admisión de la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Orlando Vidal Caballero Díaz, en contra de la señora Elizabeth Jay-Pang Díaz.

C O N S I D E R A C I O N E S

El solicitante, haciendo uso del medio de control contemplado en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 1881 de 2018, pretende que se declare la pérdida de investidura de la señora Elizabeth Jay-Pang Díaz, quien actualmente ostenta el cargo de Representante a la Cámara por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por considerar que incurrió en la causal contenida en el artículo 183-1 de la Constitución Política, “por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.

Para fundamentar la conducta constitutiva de la causal de pérdida de investidura invocada, el actor señaló, en síntesis, que la denunciada violó la prohibición contenida en el artículo 180-1 constitucional, que le impedía desempeñar cargo o empleo distinto al de congresista, pues ocupa la representación legal de la Fundación Proyecta ADZ Dirección Consultoría Asesoría Integral de Proyectos, así como el cargo de suplente.

De igual manera se reprocha el no haber declarado impedimento en el trámite del proyecto que dio lugar a la Ley 2203 de 2022, “por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 47 de 1993”, iniciativa de autoría de la denunciada y que beneficia directamente al conglomerado empresarial familiar en la circunscripción electoral del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la que salió electa.

Revisada la mencionada solicitud de perdida de investidura, se tiene que cumple con los requisitos previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 1881 de 2018.

Revisada la mencionada solicitud de perdida de investidura, se tiene que cumple con los requisitos previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 1881 de 2018.

Como consecuencia, se ordenará notificar a la denunciada en los términos dispuestos en el artículo 9 de la Ley 1881 de 2018, en concordancia con las formas previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022 y 205 del CPACA. del gerente de la sociedad comercial familiar Josef Concretes Ltda.

 

SE RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de pérdida de investidura de la señora Elizabeth Jay-Pang Díaz, formulada por el ciudadano Orlando Vidal Caballero Díaz, según lo expuesto.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la denunciada y al señor agente del Ministerio Público, en los términos dispuestos en el artículo 9 de la Ley 1881

de 2018, en concordancia con las formas previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022 y 205 del CPACA.

TERCERO: ADVERTIR a la denunciada que, según el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018, dispone de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la notificación personal de esta providencia, para referirse por escrito a lo expuesto en la solicitud de pérdida de

investidura, así como para pedir y aportar las pruebas que considere pertinentes.

CUARTO: EXHORTAR a los sujetos procesales, para que cumplan con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Nicolás Gallardo escuchó las inquietudes de los taxistas del aeropuerto de San Andrés

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El diputado Nicolás Gallardo sostuvo una importante reunión con los taxistas del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, donde los escuchó atentamente para conocer de primera mano todas sus inquietudes y peticiones, la cual desde ese instante las pondrá en conocimiento de toda la Asamblea Departamental.

Así lo dio a conocer el ex candidato a la Gobernación a través de sus redes sociales:

«Estuvimos esta semana escuchando al gremio de taxistas del aeropuerto, sus problemáticas y sus propuesta acerca del mejoramiento de la seguridad y el flujo vehicular en el departamento Archipiélago. Contamos con una representante del ministerio de transporte, la policía nacional y nuestra representante a la cámara.»

El encuentro estuvo acompañado por el Ministerio de Transporte, la Secretaria de Movilidad, la Representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang, el Presidente de la Asamblea Orly Rozo y la Policía Nacional con su división de Transito y Transporte.

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«Hubo secretarios de la Alcaldía que presionaron con no firmar contratos si no apoyaban a un candidato a la cámara»: Bernardo Bent

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En entrevista para Caracol Radio, el candidato a la Cámara de Representantes Bernardo Bent, manifestó que tiene pruebas para demostrar que desde la Alcaldía de Providencia, en específico algunos Secretarios, están presionando a una gran cantidad de providencianos con no firmarle contratos si no apoyan al candidato a la Cámara Jorge Mendez.

Esto se habría presentado la semana pasada luego de que el candidato de Cambio Radical visitara el municipio, donde incluso se vio que tuvo un gran recibimiento con caravana incluida.

Bernardo expresó que si alguna entidad de investigación le pide las pruebas, él se las entrega sin ningún problema.

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