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Los puntos gruesos de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno

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Fuente: El Espectador

Cambios en la tutela, reestructuración del gobierno y la administración de la Rama Judicial, eliminación de facultades electorales al procurador, auditor y registrados y garantía presupuestal son algunas de los cambios que plantea la iniciativa del Gobierno Nacional.

La reforma a la justicia fue una de las promesas de campaña del hoy presidente Iván Duque Márquez. Desde las épocas electorales, incluso, generó polémica su propuesta de crear una sola Corte (una supercorte), en la que se unirían los seis altos tribunales que existe en el  país y que acabaría, por ejemplo, con la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz, que pasarían a ser salas dentro del gran tribunal.

Las críticas, sobre todo, se enfocaron en lo que sería un grave golpe a la independencia judicial y la calificaron como un intento del uribismo para controlar las tres ramas del poder públicos, pues ya tenía a su favor el Ejecutivo, con Iván Duque encabezando las encuestas de intención de voto, y, posteriormente, lograría la presidencia del Congreso de la República, como era la tradición.

La espera terminó y a las 11:30 de la mañana de este jueves está prevista la radicación del proyecto de reforme judicial del Gobierno Nacional, del que, si bien puede haber cambios de última hora, ya se conocen los puntos más gruesos que buscarán darle un revolcón al sistema judicial colombiano. La iniciativa cuenta con 31 artículos, incluida la vigencia, y plantea el desarrollo de tres ejes: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia (i), Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia (ii) y seguridad jurídica (iii).

En el primer punto plantea la eliminación de las facultades electorales al procurador, registrados y auditor general, quienes deberán ser elegidos para un período de cuatro años por el Congreso de la República. La novedad es que, además, deberán ser seleccionados por convocatoria pública.

Por ejemplo, el artículo 27 de la iniciativa, que reforma el artículo 276 de la Constitución, señala: “El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República, para un período de cuatro años, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. A los quince días de la elección, el Senado de la República realizará una audiencia pública de ratificación para permitir la participación ciudadana y determinar por mayoría simple si se confirma o no a la persona elegida para proceder a su posesión en el cargo. La sola elección, sin la confirmación y la posesión, no genera derechos adquiridos”. Todas estas elecciones contarán con una audiencia de confirmación “para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado, y con ello el nominador autorice la posesión”.

La propuesta de reforma también amplía el régimen de inhabilidades y, en ese sentido, ni magistrados ni miembros de la Comisión de Carrera Judicial podrán recomendar personas para un organismo de control o la Rama Ejecutiva. En caso de que lo hagan, tendrían como sanción la pérdida del cargo. “Sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado. Después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. Tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término”, señala el documento de resumen de la reforma. También se aumentarán los requisitos en experiencia para aspirar a ser magistrados: el tiempo de ejercicio previo para ser candidatos a una alta corte será de 20 años.

La reforma mantiene la Comisión de Investigación y Acusación, aunque propone la agilización de los procedimientos en esta con la radicación de una reforma a la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso) “para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados”.

En el punto dos la reforma dispone que quien aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado tenga que acreditar, por lo menos, cinco años de experiencia como juez y magistrado de tribunal dentro de los 20 años de experiencia que exigirá la iniciativa. Se plantea, además, una reestructuración en el gobierno y la administración de la Rama Judicial, con coordinaciones que quedarán a cargo de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, una Dirección General de la Rama Judicial y una Comisión de Carrera Judicial.

Por otra parte, se plantea que los periodos para los presidentes de las altas cortes sean de dos años, con el fin de que haya una “estabilidad de las políticas de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”.

En cuanto a la agilización del proceso penal, se propone que el juez de control de garantías pueda dictar sentencia en los casos en los que haya aceptación de cargos “sin requerirse más trámites ni cambio de juez”. También determina una tasa mínima de crecimiento presupuesta en la Rama Judicial, que se establecerá en el Plan de Desarrollo Nacional de cada cuatrienio y que deberá ser respetada por el Congreso de la República.

La iniciativa también incluye cambios en cuanto a la acción de tutela. En el artículo primero propone una modificación del artículo 86 de la Constitución e introduce un parágrafo que señala que “la ley estatutaria reglamentará el procedimiento para los casos en que la acción de tutela se ejerza contra providencias judiciales, incluyendo el término de caducidad, la competencia, las instancias y las causales de procedibilidad”. “Se reforma el artículo 86 de la Constitución para: (i) exigir legitimidad de quien la ejerce, (ii) que no sea en cualquier tiempo (iii) que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y (iv) se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales”, explica el resumen de la reforma.

También pretende regular la comunicación de las decisiones judiciales, al proponer que las cortes solo puedan comunicar las sentencias “cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y aclaraciones de voto”.

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“Proyecto adición presupuestal no fue negada; necesita ajustes”: Presidenta Comisión de Presupuesto y Control Fiscal

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La Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Control Fiscal, Margith Bandera, en diálogo con el programa radial San Andrés News, se refirió a la reciente decisión de la Asamblea Departamental, afirmando que “no fue negada ni tiene ningún concepto desfavorable, se hizo una recomendación al Gobierno Departamental para que tuviesen en cuenta una serie de ajustes y otro tipo de documentos”.

Según la diputada Bandera, el proyecto de adición puede ser presentado nuevamente, pero hay que dar claridad en que la Asamblea Departamental clausuró extras el 30 de septiembre e iniciaron sesiones ordinarias el 1 de octubre, “lo cual quiere decir que la diferencia en tiempo no es de 2, ni de 3, ni de 4 meses, por tanto, hay que tener paciencia y puede ser presentada en este proceso de sesiones ordinarias nuevamente”.

Para la Presidenta de la Comisión de Presupuesto el Gobierno Departamental se viene equivocando y la Asamblea no puede seguir aceptando este tipo de situaciones. “La Duma Departamental también tiene sus procesos y procedimientos para poder hacerle seguimiento a cualquier proyecto de ordenanza que llegue en su momento, y tenemos que tener en cuenta que han transcurrido 10 meses del año, y es la primera adición presentada, cuando debió haber sido desde los primeros meses”. Bajo estas circunstancias, “no se puede culpar a la Duma Departamental de la negligencia y la no presentación del proyecto de ordenanza de adición”.

La Asamblea Departamental necesita algunos documentos y soportes, que ayuden a ver la veracidad de los recursos, dónde se van a invertir. Se entiende la necesidad, pero dado que no es responsabilidad de la Duma, “no podemos achacarle la culpa a un Gobierno que ha sido negligente en la presentación de su proyecto.”, manifestó la diputada.

Como si fuera poco, afirma Margith Bandera, la información presentada ante la Asamblea fue muy leve, no se sustentó adecuadamente la información porque no la tienen y es responsabilidad de la misma Asamblea que se haga una buena inversión de los recursos. “Acabamos de hacer un debate de los recursos de la OCCRE, y hay proyectos vigencia 2017, que al momento no se han ejecutado ni en un 20%. Por tanto, dejo claro ante la comunidad, que es responsabilidad nuestra hacer el control político de esos recursos”. Por esta razón, hay preocupación, hay más de 200mil millones de pesos que reposan en las arcas de los bancos, de recursos que se están aprobando para proyectos que no se están ejecutando.

Finalmente, la diputada Bandera manifestó que próximamente se estará estudiando el proyecto de vigencia 2019, donde los recursos que la Gobernación tiene por adición de vigencia futura pueden ser incluidos, y se tendrá un plazo de 6 o 7 meses el otro año para gestionar. En este, pueden ser viables los proyectos de inversión de unas cuantías significativas y la Asamblea Departamental reafirma su compromiso con la comunidad, garantizando que no se pierda ningún recurso y que puedan ver dónde se invierte lo recaudado de sus impuestos.

Todas las adiciones que se han presentado en estos 3 años se han aprobado, no es responsabilidad de la Asamblea que el Gobierno espere 10 meses para presentar una adición. “Cada quien debe asumir responsabilidades, y desde la Asamblea estamos cumpliendo”, finalizó Bandera.

 

 

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Elizabeth Jay-Pang invita a la comunidad para seguir estructurando proyecto de ley

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El propósito de este nuevo encuentro es el de aclarar con detalles los alcances de la iniciativa radicada en el Congreso de la República

Con el propósito de continuar buscando alternativas que permitan dar una solución pronta a las diferentes problemáticas que vive el Departamento Archipiélago, en materia de salud y la prestación de este servicio fundamental, y, además, abrir un espacio para explicar y aclarar el propósito del proyecto de Ley 041 de 2018, radicado por la Representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, por medio del cual se busca hacer una modificación y adición a la Ley 47 de 1993 en sus artículos 19 y 20, la Congresista y su equipo de trabajo invitan a los representantes del sector salud, turismo, comerciantes y comunidad en general de las islas a conocer los detalles del proyecto.

Este nuevo encuentro en el que se explicará en detalle los alcances de la iniciativa radicada en el Congreso, cómo ha sido el proceso y cuáles son los trámites que se deben realizar para lograr o no su aprobación, busca además, continuar construyendo un Proyecto de Ley que aporte posibles soluciones a la problemática de la salud en las islas sin afectar las finanzas del Departamento y mucho menos el bolsillo de turistas, residentes y Raizales.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Walwin Petersen de la Gobernación Departamental, este sábado 6 de octubre entre las 9:00 am y las 12:00 m.

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‘Resucitan´ proyecto por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993

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Ponentes que habían decidido la Ponencia Negativa la retiraron a última hora

Antonio Colmenares Martínez
Especial para El Extra

Por considerar que surgieron “nuevos hechos y planteamientos en el análisis de la iniciativa” los ponentes Armando Zabaraín D’arce, del Atlántico, Jhon Jairo Cárdenas, del Cauca, y Oscar Darío Pérez, de Antioquia, que el 18 de septiembre firmaron la Ponencia Negativa al proyecto que planteaba un nuevo impuesto para los turistas, resolvieron este martes 2 de octubre solicitar el retiro de su propia decisión de Ponencia Negativa.

El texto de la decisión dice que “nuevo hechos y planteamientos en el análisis de la iniciativa, que siendo considerados de manera consiente obligan a cambiar radicalmente el sentido en el que esta ponencia fue concebida”.

Como es evidente fue una decisión en reversa de lo que ya habían analizado y que según el documento que reposa en la página de la Cámara de Representantes y en el que se puede leer que la consideraron improcedente y en donde estos mismos representantes consideraron que la aprobación de ese proyecto sería la apertura de “una ventana perversa para que la resolución de todos los problemas relacionados con la prestación de servicios y la financiación de actividades administrativas dentro del departamento sean solventadas por medio del traslado de los costos a los turistas”, según habían manifestado el 18 de septiembre de manera textual.

 

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