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Los puntos gruesos de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno

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Fuente: El Espectador

Cambios en la tutela, reestructuración del gobierno y la administración de la Rama Judicial, eliminación de facultades electorales al procurador, auditor y registrados y garantía presupuestal son algunas de los cambios que plantea la iniciativa del Gobierno Nacional.

La reforma a la justicia fue una de las promesas de campaña del hoy presidente Iván Duque Márquez. Desde las épocas electorales, incluso, generó polémica su propuesta de crear una sola Corte (una supercorte), en la que se unirían los seis altos tribunales que existe en el  país y que acabaría, por ejemplo, con la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz, que pasarían a ser salas dentro del gran tribunal.

Las críticas, sobre todo, se enfocaron en lo que sería un grave golpe a la independencia judicial y la calificaron como un intento del uribismo para controlar las tres ramas del poder públicos, pues ya tenía a su favor el Ejecutivo, con Iván Duque encabezando las encuestas de intención de voto, y, posteriormente, lograría la presidencia del Congreso de la República, como era la tradición.

La espera terminó y a las 11:30 de la mañana de este jueves está prevista la radicación del proyecto de reforme judicial del Gobierno Nacional, del que, si bien puede haber cambios de última hora, ya se conocen los puntos más gruesos que buscarán darle un revolcón al sistema judicial colombiano. La iniciativa cuenta con 31 artículos, incluida la vigencia, y plantea el desarrollo de tres ejes: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia (i), Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia (ii) y seguridad jurídica (iii).

En el primer punto plantea la eliminación de las facultades electorales al procurador, registrados y auditor general, quienes deberán ser elegidos para un período de cuatro años por el Congreso de la República. La novedad es que, además, deberán ser seleccionados por convocatoria pública.

Por ejemplo, el artículo 27 de la iniciativa, que reforma el artículo 276 de la Constitución, señala: “El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República, para un período de cuatro años, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. A los quince días de la elección, el Senado de la República realizará una audiencia pública de ratificación para permitir la participación ciudadana y determinar por mayoría simple si se confirma o no a la persona elegida para proceder a su posesión en el cargo. La sola elección, sin la confirmación y la posesión, no genera derechos adquiridos”. Todas estas elecciones contarán con una audiencia de confirmación “para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado, y con ello el nominador autorice la posesión”.

La propuesta de reforma también amplía el régimen de inhabilidades y, en ese sentido, ni magistrados ni miembros de la Comisión de Carrera Judicial podrán recomendar personas para un organismo de control o la Rama Ejecutiva. En caso de que lo hagan, tendrían como sanción la pérdida del cargo. “Sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado. Después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. Tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término”, señala el documento de resumen de la reforma. También se aumentarán los requisitos en experiencia para aspirar a ser magistrados: el tiempo de ejercicio previo para ser candidatos a una alta corte será de 20 años.

La reforma mantiene la Comisión de Investigación y Acusación, aunque propone la agilización de los procedimientos en esta con la radicación de una reforma a la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso) “para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados”.

En el punto dos la reforma dispone que quien aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado tenga que acreditar, por lo menos, cinco años de experiencia como juez y magistrado de tribunal dentro de los 20 años de experiencia que exigirá la iniciativa. Se plantea, además, una reestructuración en el gobierno y la administración de la Rama Judicial, con coordinaciones que quedarán a cargo de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, una Dirección General de la Rama Judicial y una Comisión de Carrera Judicial.

Por otra parte, se plantea que los periodos para los presidentes de las altas cortes sean de dos años, con el fin de que haya una “estabilidad de las políticas de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”.

En cuanto a la agilización del proceso penal, se propone que el juez de control de garantías pueda dictar sentencia en los casos en los que haya aceptación de cargos “sin requerirse más trámites ni cambio de juez”. También determina una tasa mínima de crecimiento presupuesta en la Rama Judicial, que se establecerá en el Plan de Desarrollo Nacional de cada cuatrienio y que deberá ser respetada por el Congreso de la República.

La iniciativa también incluye cambios en cuanto a la acción de tutela. En el artículo primero propone una modificación del artículo 86 de la Constitución e introduce un parágrafo que señala que “la ley estatutaria reglamentará el procedimiento para los casos en que la acción de tutela se ejerza contra providencias judiciales, incluyendo el término de caducidad, la competencia, las instancias y las causales de procedibilidad”. “Se reforma el artículo 86 de la Constitución para: (i) exigir legitimidad de quien la ejerce, (ii) que no sea en cualquier tiempo (iii) que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y (iv) se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales”, explica el resumen de la reforma.

También pretende regular la comunicación de las decisiones judiciales, al proponer que las cortes solo puedan comunicar las sentencias “cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y aclaraciones de voto”.

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“Hay que trascender de un gobierno de 4 paredes e ir a la comunidad”: Everth Hawkins

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Estuvimos dialogando abiertamente con Everth Hawkins, candidato por el Movimiento Amplio Por el Progreso del Archipiélago (MAPPA) en coalición con Cambio Radical, Colombia Renaciente y con Alianza Social Independiente. ¿El tema principal? 3 temas de su eje programático presentado en su Plan de Gobierno de ser elegido como Gobernador de las islas: Salud, Servicios Públicos y Seguridad.

Salud

San Andrés necesita un hospital de nivel 4 completo; ese es el principal problema. “No tenemos una salud con un tercer ni cuarto nivel completo, entonces la propuesta es crear una empresa social del estado, la cual financiaremos por media de una estampilla prohospital a través de una revolución tributaria que se va a hacer, haciéndole unos cambios al estatuto tributario del Departamento y lo vamos a enfatizar para que esos recursos ayuden”.

¿Pero de dónde saldrían realmente estos dineros?

Everth sostiene que estos recursos serán parte de los recaudados de la tarjeta de turismo. “Para el año pasado entraron a la entidad territorial como recurso de la tarjeta más de 118mil millones de pesos, si nosotros cogemos, por lo menos, $20.000, de los $115.000 que paga un turista por entrar a la isla, para financiar la salud, estaríamos hablando un aproximado de 23mil millones de pesos”. Manifiesta el candidato, que esta plata sería transferida al esquema público, directamente desde la Gobernación, para garantizar pagos de nómina, servicios públicos e insumos para que el Hospital pueda funcionar. Además de esto, Everth sostiene que el hospital debe seguir con los más de 53mil millones que viene facturando al año, eso garantizaría que “bajo ese esquema el Hospital pueda invertir en recursos, equipos, maquinarias, profesionales especialistas, médicos generales y demás personal asistencial para poder incrementar los niveles de atención básica en tercer y cuarto nivel completo”. No siendo poco, esto permitiría que los más de 14mil millones de pesos anuales que cuestan las remisiones al interior del país se quedaran en este esquema público.

¿Qué hay de Providencia?

Everth es consciente que el problema no solo lo tiene San Andrés, en Providencia también hay grandes falencias que, de ser electo, atenderá con prontitud. “Providencia tiene prácticamente un solo puesto de salud; hay una población superior a 6 mil habitantes que no tiene la atención oportuna de un hospital con todas las calidades que necesita para poder funcionar. Cada que oscurece, los habitantes de Providencia y Santa Catalina quedan a merced de Dios por no contar con un medio efectivo y eficiente que los transporte a San Andrés en caso de algún tipo de accidente”. Dado estas declaraciones, Everth reafirma el compromiso de trascender en esta situación para mejorar la calidad de vida en la hermana isla de Providencia. Como dato no menor, desde hace más de 10 años, no nacen providencianos en Providencia, puesto que todos los partos son atendidos en San Andrés.

Servicios Públicos

El candidato por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago es consciente de la importancia de estos temas, por eso en su plan de gobierno denominado ‘Todos por un Nuevo Comienzo’, ha enfatizado mucho en la solución del tema agua. “Tenemos un esquema de un contrato que favorece mucho más la administración de las redes, tanto acueducto como alcantarillado, para suplir las necesidades del sector turismo, y está bien, pero el problema radica en cuándo vamos a tener a toda nuestra población cubierta”. Por ello, manifiesta el candidato que hay que revisar primero el contrato de extensión a esta empresa; San Andrés debe ser capaz sacar una empresa propia, departamental, inclusive mixta, que pueda manejar sus propios recursos. No se pueden seguir transfiriendo los recursos del sistema general de participación a privados. La propuesta entonces, sería fortalecer el tema de plantas desalinizadoras, creando acueductos sectoriales en algunos barrios de San Andrés. Ya hay casos exitosos en países como Holanda, donde se suplen las necesidades de agua de todo el país mediante la desalinización.

¿Qué hay del aseo, de la montaña de basura, de la empresa de tratamiento?

El problema de los residuos radica en la puesta en marca de la RSU. “El consejo de estado, mediante fallo, estableció orden impartida a la gobernación para poner en funcionamiento la planta, que técnicamente no recoge cualquier tipo de residuos, tienen que seleccionarse para poder ser incinerados”.

¿Y la empresa encargada de la basura?

Según el candidato, la empresa debería estar trabajando precisamente en eso, pero según han leído en el contrato que tienen, cree que “tienen una comodidad total en lo que está pasando, porque si la RSU no funciona pues ellos igual tienen recursos del sistema general para saneamiento básico; es inaudito que sigamos teniendo ese tipo de esquemas, que no nos están dando una solución de fondo al tema de las basuras”

En países como Alemania, Francia y Holanda, hay equipos y maquinaria que seleccionan la misma basura, la incineran y no generan ningún tipo de contaminación grave al medio ambiente.

¿Cómo está el tema de las energías alternativas?

Las plantas desalinizadoras están conectadas a la energía convencional, lo cual encarece la tarifa, haciendo que el tema del agua sea impagable. Por eso “lo que deberíamos tener es plantas desalinizadoras generadas por energía solar, que es lo que vamos a hacer en todos los barrios”. En el plan de desarrollo del actual gobierno del Presidente Duque está enfatizado mucho la inversión en recursos para este tipo de energías.

Seguridad

“Hay que fortalecer los mecanismos de investigación judicial. Los monitoreos de cámara de seguridad hay que sacarlos, no solo que estén en la Sijin o en la Policía, si no que también estén en el CTI de la Fiscalía, que es uno de los organismos de investigación judicial, lo mismo que el Comando Específico y la Gobernación misma, entre esas entidades habrá que monitorear la ciudad. Si no hay resultado, así sí que apague y vámonos”.

¿Y los jóvenes?
“Más allá de todas las estrategias que tengamos de manera institucional, acá hay que ser muy claros en algo, hace más de 30 años a los barrios no llega la inversión del estado, tenemos que ser enfáticos en invertir en la población pobre y vulnerable que se constituye en el 62% de la comunidad”.

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Paola Rada presentó oficialmente su campaña hacia la Asamblea 2020-2023

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Este miércoles 14 de agosto, en el salón de eventos Barracuda, contiguo al emblemático Parque de la Barracuda, la Dra. Paola Rada hizo el lanzamiento de su campaña ante los medios y público en general. Entre sus propuestas, destaca la búsqueda de la Secretaría de la mujer.

Paola le apuesta a políticas frescas, donde la equidad y la inclusión sean los pilares que fundamenten su campaña, por ello su bandera es llevar la ya establecida oficina de la mujer a Secretaría, eso sí, evitando que se politice y no permitiendo que los recursos se manipulen. “iniciamos una campaña social, política, con gerencia, con transparencia, basada en la eficiencia y la eficacia; hoy hacemos una campaña que va a impactar de manera positiva a toda la comunidad, con propuestas viables”.

Además de esta Secretaría, entre las propuestas de la Dra. Rada están la construcción de una política pública LGTBI, con el firme propósito de dignificar esta comunidad, que muchas veces se ve afectada por la discriminación; el proyecto de las políticas de las juntas de acciones comunales; la profesionalización del deporte, donde buscará la creación de centros de formación deportiva a nivel profesional; y buscará apalancar los proyectos de los fondos “impúlsame”.

Paola Rada también se enfocará en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, la educación, sobre todo en la primera infancia, focalizará el futuro de los niños, buscando protegerlos y mejorando su alimentación, el emprendimiento y la economía naranja y que el gastó público se vea reflejado en la estructura turística del departamento. Todo es lo hará con “un control eficiente del gasto publico, incidiendo de manera positiva en la priorizacion del gasto y que llegue efectivamente a la comunidad”.

Si bien la candidata a la Asamblea Departamental apoya a Nicolás Gallardo a la Gobernación, afirma que tiene su propia agenda y que no depende de ningún tipo de influencia política o económica. Paola manifiesta que tiene algunos escenarios comunes con el joven candidato y hacen parte del plan de su gobierno, pero “siempre bajo la línea criterioza de la independencia”.

La campaña de Paola es generosa, como ella bien manifiesta, trabaja con un equipo de voluntarios, con los que está segura de hacer realidad cada una de sus propuestas.

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Conozca el listado completo de candidatos a la Asamblea Departamental

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Luego de finalizar el proceso de inscripción, además del plazo de cinco días habiles después de la fecha límite para realizar algún cambio, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer los nombres de los candidatos a la Asamblea Departamental, junto con los partidos o movimientos políticos en los que fueron inscritos.

El listado de los candidatos para ser diputados del departamento es el siguiente:

  • Partido Liberal Colombiano

 

  • Partido Colombia Justa y Libre

 

  • Partido Conservador Colombiano

 

  • Partido Cambio Radical

 

  • Partido Alianza Verde

 

  • Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U

 

  • Movimiento de Integración Regional – IR

 

  • Movimiento Amplio Por Progreso del Archipiélago (MAPPA)

 

  • Partido político MIRA y Partido Centro Democrático

 

  • Fuerza Común San Andrés

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