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Ni apología ni diatriba

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Antonio Colmenares Martínez

 

Hay que hacer claridad que este artículo no es, ni quiere ser, apología, encomio, panegírico o ensalzamiento a favor del gobernador Everth Hawkins, ni contra él una diatriba, afrenta, improperio, o escarnio, sino simplemente un análisis de lo que constituye la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo contra el mandatario del Archipiélago, por la desatención de una orden proferida por la autoridad competente “en una acción popular desde dos puntos de vista, uno objetivo que es la inobservancia de esa orden y subjetivo por considerar que hubo comportamiento negligente del funcionario encargado de cumplir lo ordenado”, para citar parte del documento en el que se decidió la sanción de pago de 50 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes.

Para algunas personas, fue tendencioso, sesgado y hasta malvado que, en primer lugar, tanto el documento del Tribunal como los medios que informaron sobre el hecho, se nombrara primero al gobernador y al secretario de salud Julián Davis Robinson y después a la representante de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez Orrego; al actual operador Sermedic IPS S.A.S, Ramiro de Jesús Roldan Henao, al gerente Zonal de la Nueva EPS, Michael Manuel Cardona, todos sancionados con el mismo valor.

No hubo tal sesgo, maldad o manifestación de ‘oposición’. No. Es que es evidente que el mandatario del departamento, no solo Hawkins, sino la mayor parte de sus predecesores desde la época de la Intendencia Especial, han incumplido, en diferentes proporciones con lo que le ordena a cada mandatario la Constitución, que es principalmente, en el caso que nos ocupa, “garantizar la prestación del servicio de salud en forma oportuna, eficiente y continua, para toda la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho servicio entraña: el principio de integralidad, lo que significa que, además del servicio de salud propiamente dicho, urgencias, médicos, laboratorio, farmacia, UCI etc., sino también los de mantenimiento, ropería, aseo, esterilización, vigilancia, recolección y disposición final de residuos peligrosos.

Además, el abastecimiento del Hospital Municipal de Providencia y Santa Catalina, islas, con los insumos, personal médico, medicamentos y equipos técnicos que sean necesarios para la prestación integral del servicio de salud”.

Y no solo eso sino gestionar con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil, la posibilidad de suscribir un Convenio con el objeto de disponer de un medio de transporte aéreo preferiblemente medicado, para el desplazamiento de pacientes que sean remitidos al Hospital Departamental para recibir atención médica, que no pueda ser dispensado en el municipio.

Desafortunadamente, a lo largo de la historia, con muy especiales excepciones, buena parte de esos mandatos se han incumplido.

En la historia reciente recibió sanción Ronald Housni, más reciente aún el gobernador encargado contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, quien debía pagar una sanción de 30 salarios mínimos, pero que por ‘sustracción de materia’, porque dejó el encargo y ya no había a quien cobrarle, le revocaron la decisión del Tribunal, por intermediación del Consejo de Estado.

Así las cosas, le ‘cayó’ la responsabilidad al nuevo gobernador Everth Hawkins, quien además recibe la Resolución de sanción en momentos en que está privado de la libertad y se defiende de acusaciones de la Fiscalía que encontró razones para adelantarle un proceso por temas de contratación.

Es apenas lógico que se nombre adelante en el documento del Tribunal al gobernador y al secretario de salud, porque son ellos quienes deben ‘meter en cintura’ a los demás sancionados, son ellos quienes, por ley, son los principales responsables porque si no están de acuerdo con la forma de operar la salud de las otras entidades, deben poner orden en beneficio de una comunidad isleña que teme enfermarse porque se siente desprotegida.

Ahora bien, es verdad incuestionable que, a Hawkins y a sus secretarios, les llegó la pavorosa pandemia y debieron dejar los planes que traían y que se pusieron de manifiesto, si no en salud si en otros frentes con la visita del gobernador a las obras inconclusas como el Tropical Park y el Megacolegio del Cemed, entre otros, apenas cuando en enero se estaba poniendo al frente de un departamento que requería de una atención muy especial después de pasar de ‘mano en mano’, léase de encargado en encargado, cada uno de ellos, por motivos de la indefinida temporalidad, es decir, al no saber hasta cuando iban a estar al frente del encargo, no solucionaron de fondo la mayoría de los problemas y además algunos conquistaron muchos cuestionamientos.

Al gobernador Hawkins se le veía, desde que comenzó su periodo, con grandes deseos de no defraudar la esperanza que representaba para quienes creyeron en él y votaron a su favor y a los que no, y para ser sincero, para este escritor, que, aunque no votó por él, también preveía una buena gestión, aunque por escuela periodística prefiere estar lo más lejos posible del gobierno para conservar la credibilidad.

Pero aquí lo importante es que hay porque creer que Hawkins sigue siendo una esperanza, cuando supere la investigación en su contra, ya que es de conocimiento público que es un hombre experimentado en sector público, abogado, es decir con bagaje intelectual, entre otras muchas virtudes, por eso es al menos extraño, que conociendo la situación de la salud, porque se recuerda que jugó un papel protagónico en el pasado, no hubiera empezado desde los primeros días de enero a buscar la aprobación de la Asamblea para el proyecto de la Empresa Social del Estado como nuevo modelo de salud para el departamento con lo que se hubiera ganado terreno para enfrentar de mejor manera la pandemia de covid19, que afectó al mundo entero desde marzo.

Era importante que el gobernador hubiera empezado el proceso de cambio desde mucho antes a la aprobación del proyecto de la ESE porque se conocía que la IPS Universitaria se iría al finalizar el mes de julio de 2020 y ante la falta de seguridad en lo que se venía encima, le tocó al gobierno hacer rogativas a la IPS Universitaria para que se quedara hasta enero de 2021, a lo cual respondieron negativamente y como gran cosa aceptaron atender hasta finales de octubre. Posteriormente y por gestión del representante Jorge Méndez ante el ministerio de la Salud, aceptaron quedarse hasta enero tal como se había previsto desde el principio.

La sanción le tocó a Hawkins porque es el gobernador de turno, no porque sea culpable de todo el histórico de desatención en salud. Recibió una problemática enorme que era imposible solucionar en ocho meses y además con pandemia, aunque se sabe que ‘dura es la ley, pero es la ley’.

Así las cosas, en este momento se impone hacer honor a la verdad, sin tratar de buscar justificaciones o de poner en la ‘picota pública’ a una persona a la que se debe dar el tiempo necesario para que defina su realidad frente a la justicia y pueda posteriormente desarrollar lo que seguramente tiene en sus planes hacer en beneficio del departamento.

 

 

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Operadores Claro, Tigo y Avantel restablecieron servicios en el Archipiélago: Ministra de las Tic

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El gobierno nacional a través de  la ministra de las TIC, Karen Abudinen, afirmó este miércoles que su regreso al archipiélago tiene el propósito de conectar a San Andrés y Providencia en tiempo récord, y para lograrlo adelantó una jornada de supervisión a los trabajos de reconexión en compañía de los técnicos del MinTIC y de las empresas Claro, Tigo, Movistar y Avantel.

La agenda de la ministra Abudinen inició en la Gobernación de San Andrés y Providencia, donde fue recibida por el gobernador encargado Allen Jay Stephens y el alcalde de Providencia, Norberto Gari Hooker, la directora del Departamento para la Prosperidad Social y gerente del Plan Reconstrucción, Susana Correa, la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, María Paula Correa, y los representantes a la Cámara Jorge Méndez y Elizabeth Jay-Pang Díaz.

Ante ellos, los presidentes de las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones expusieron, uno a uno, los avances en materia de reconexión y se fijaron algunos de los compromisos que se asumirán para lograr restablecer el servicio por completo, tanto en San Andrés como en Providencia.

Posteriormente, la ministra Abudinen inició un recorrido por algunas de las estaciones base de San Andrés, en el hospital Clarence Newball, el barrio El Bight; Los Corales; en la vía San Luis, detrás del aeropuerto y en la Transversal 10ª, donde ejecutó pruebas de conectividad en tiempo real.

Al término de la supervisión, la funcionaria reveló que Claro, Tigo y Avantel reportaron un restablecimiento de 100 % en el servicio de sus estaciones base en la isla. En el caso de Movistar, se registró un avance de 92 %, estando 2 estaciones en proceso de reactivación.

Por su parte, el gobernador encargado Allen Jay Stephens agradeció el acompañamiento y supervisión realizado por la jefa de la cartera de las TIC desde el inicio de la emergencia, «pues es bien conocido que usted es una mujer de regiones que se apropia personalmente de los retos más importantes, como reconectar las comunicaciones de San Andrés y Providencia«.

Puntos de internet gratuito para Providencia y San Andrés

De igual forma, la ministra Karen Abudinen confirmó que el Gobierno trabaja a toda marcha para que, en dos días, los habitantes de Providencia tengan el primer punto de acceso gratuito a internet vía wifi.

«Estamos trabajando 24/7 y volcando todos nuestros esfuerzos para conseguir que los sueños derrumbados por la fuerza de los vientos revivan con ayuda de la conectividad y la tecnología, pues la meta del Gobierno es lograr que en Providencia estén activados un total de 10 puntos de conexión gratuita a internet vía wifi antes de terminar el año, y de 20 más en San Andrés«.

Y añadió: «A San Andrés y Providencia hay que llegar con buenas noticias. Por eso estamos nuevamente aquí, trabajando sin descanso y supervisando que todo esté avanzando para el restablecimiento del servicio de telecomunicaciones en el menor tiempo posible, así como la activación del primer punto de acceso gratuito a internet«, afirmó Abudinen.

Providencia sumó 14 teléfonos satelitales

La visita de la ministra Abudinen incluyó la entrega de 6 teléfonos satelitales adicionales que se sumaron a los 8 existentes desde el pasado 17 de noviembre, los cuales han permitido a centenares de familias afectadas mantener comunicación y apoyar la labor de la fuerza pública.

«Con la llegada de estos nuevos equipos que facilitan la comunicación de los habitantes de Providencia con sus familiares, ya son 14 los teléfonos satelitales que tenemos en la zona al servicio de la comunidad«, resaltó Abudinen.

En cuanto al apoyo en infraestructura tecnológica para la Alcaldía de Providencia, la ministra entregó 7 computadores al alcalde Norberto Gari que acelerarán la reactivación administrativa de la isla.

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Escrito de Acusación de Fiscal Delegada acusó al gobernador Hawkins de ‘obrar en coparticipación criminal’

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La Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, presentó el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, en el que, detalle a detalle, expone la versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago.

En alguno de los apartes del documento oficial, se acusa a Hawkins de ‘obrar en coparticipación criminal’, porque para la realización del contrato contó con la gestión del secretario de Salud, el jefe de prensa y comunicaciones y el representante legal de la empresa contratista.

En resumen, la delegada Torres Rodríguez, analizó las presuntas irregularidades en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

El escrito explica que el gobernador incumplió los requisitos legales porque no se hizo un estudio previo que justificara la celebración del contrato y solo hasta después de firmado el documento se “convocó al jefe de prensa para que ayudara a definir la estrategia de comunicaciones e hiciera los requerimientos de productos, es decir, después de celebrado, pensó en para qué se requería, cómo se iba a cumplir y cuánto costaría”, dice el Escrito de Acusación.

El peculado por apropiación del cual también se acusa a Hawkins se concretó por dos vías, según la delegada: La primera porque el contratista Noe Fotos SAS, presentó cuentas de cobro por mayores cantidades de material en cuantía de equivalente al valor de 86 millones, ochocientos mil pesos, que no están soportados en cotizaciones, ni oficios de solicitud de material por parte de la gobernación, pero que fueron pagadas en la ejecución del contrato.

La segunda vía fue a través de pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de 36 millones, 520 mil, 638 pesos, que se determinaron de acuerdo con el estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados.

De manera que la Fiscalía estima que el detrimento patrimonial asciende a 123 millones, 320 mil, 638 pesos, equivalente al 24,6 por ciento del valor total del contrato.

El Escrito de Acusación fue dirigido a Juzgado Penal Municipal o Promiscuo, Juzgado Penal del Circuito, Juzgado Penal del Circuito Especializado, Magistrado Sala Penal Promiscuo Tribunal Superior dl Distrito y Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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Comunidad isleña espera que las ayudas nacionales e internacionales lleguen realmente a su destino

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Antonio Colmenares Martínez

La experiencia de catástrofes ocurridas en Colombia que han recibido innumerables ayudas nacionales e internacionales, públicas y privadas, genera escepticismo en la comunidad isleña, especialmente en Providencia.

Hay ejemplos como el de Mocoa que después de tres años de ocurrida la avalancha que acabó con barrios enteros, todavía la reconstrucción está en proceso.

Además, existe la incertidumbre de que cuando se vayan las cámaras y micrófonos y se apaguen los reflectores de los medios, la soledad y la demora en la entrega de ayudas humanitarias, se convierta en la segunda emergencia.

La comunidad espera que los anuncios, órdenes y disposiciones del presidente Iván Duque, se cumplan a cabalidad y que las ayudas como la del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, que donó 400.000 dólares a Colombia para mitigar la problemática de emergencia tras el paso del huracán Iota por el Archipiélago y por el departamento del Magdalena, suma que se divide en dos cooperaciones técnicas de emergencia por 200.000 dólares cada una, realmente lleguen a su destino.

Por ahora hay que aplaudir la labor de los uniformados de la Policía, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Bomberos, Defensa Civil y de gran cantidad de voluntarios de San Andrés que se han desplazado a Providencia para colaborar con las brigadas de aseo y recolección de material.

Es importante recordar que la Cruz Roja Colombiana creó la campaña #UnidosPorProvidencia y #ColombiaTeNecesita para hacer donaciones destinadas a los afectados a través de la cuenta bancaria corriente Davivienda No. 455-069996490 o también se pueden enviar transferencias por Mercadopago.

La fundación Pro Archipiélago también habilitó una cuenta de ahorros y puntos de acopio en diferentes ciudades del país. La cuenta autorizada para hacer donaciones es 34800000675 de Bancolombia, a nombre de la Fundación Pro Archipiélago.

La red de voluntarios para damnificados del huracán Iota habilitó diferentes puntos para hacer donaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Ibagué y Cúcuta.

Las donaciones más apreciadas son alcohol, sábanas, colchonetas, toallas, carpas, linternas, pilas, velas, tapabocas, ropa para todas las edades, pañales, alimentos no perecederos, leche para bebés, alimentos para mascotas, materiales de construcción y medicamentos para animales.

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