Antonio Colmenares Martínez

Hay que hacer claridad que este artículo no es, ni quiere ser, apología, encomio, panegírico o ensalzamiento a favor del gobernador Everth Hawkins, ni contra él una diatriba, afrenta, improperio, o escarnio, sino simplemente un análisis de lo que constituye la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo contra el mandatario del Archipiélago, por la desatención de una orden proferida por la autoridad competente “en una acción popular desde dos puntos de vista, uno objetivo que es la inobservancia de esa orden y subjetivo por considerar que hubo comportamiento negligente del funcionario encargado de cumplir lo ordenado”, para citar parte del documento en el que se decidió la sanción de pago de 50 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes.

Para algunas personas, fue tendencioso, sesgado y hasta malvado que, en primer lugar, tanto el documento del Tribunal como los medios que informaron sobre el hecho, se nombrara primero al gobernador y al secretario de salud Julián Davis Robinson y después a la representante de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez Orrego; al actual operador Sermedic IPS S.A.S, Ramiro de Jesús Roldan Henao, al gerente Zonal de la Nueva EPS, Michael Manuel Cardona, todos sancionados con el mismo valor.

No hubo tal sesgo, maldad o manifestación de ‘oposición’. No. Es que es evidente que el mandatario del departamento, no solo Hawkins, sino la mayor parte de sus predecesores desde la época de la Intendencia Especial, han incumplido, en diferentes proporciones con lo que le ordena a cada mandatario la Constitución, que es principalmente, en el caso que nos ocupa, “garantizar la prestación del servicio de salud en forma oportuna, eficiente y continua, para toda la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho servicio entraña: el principio de integralidad, lo que significa que, además del servicio de salud propiamente dicho, urgencias, médicos, laboratorio, farmacia, UCI etc., sino también los de mantenimiento, ropería, aseo, esterilización, vigilancia, recolección y disposición final de residuos peligrosos.

Además, el abastecimiento del Hospital Municipal de Providencia y Santa Catalina, islas, con los insumos, personal médico, medicamentos y equipos técnicos que sean necesarios para la prestación integral del servicio de salud”.

Y no solo eso sino gestionar con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil, la posibilidad de suscribir un Convenio con el objeto de disponer de un medio de transporte aéreo preferiblemente medicado, para el desplazamiento de pacientes que sean remitidos al Hospital Departamental para recibir atención médica, que no pueda ser dispensado en el municipio.

Desafortunadamente, a lo largo de la historia, con muy especiales excepciones, buena parte de esos mandatos se han incumplido.

En la historia reciente recibió sanción Ronald Housni, más reciente aún el gobernador encargado contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, quien debía pagar una sanción de 30 salarios mínimos, pero que por ‘sustracción de materia’, porque dejó el encargo y ya no había a quien cobrarle, le revocaron la decisión del Tribunal, por intermediación del Consejo de Estado.

Así las cosas, le ‘cayó’ la responsabilidad al nuevo gobernador Everth Hawkins, quien además recibe la Resolución de sanción en momentos en que está privado de la libertad y se defiende de acusaciones de la Fiscalía que encontró razones para adelantarle un proceso por temas de contratación.

Es apenas lógico que se nombre adelante en el documento del Tribunal al gobernador y al secretario de salud, porque son ellos quienes deben ‘meter en cintura’ a los demás sancionados, son ellos quienes, por ley, son los principales responsables porque si no están de acuerdo con la forma de operar la salud de las otras entidades, deben poner orden en beneficio de una comunidad isleña que teme enfermarse porque se siente desprotegida.

Ahora bien, es verdad incuestionable que, a Hawkins y a sus secretarios, les llegó la pavorosa pandemia y debieron dejar los planes que traían y que se pusieron de manifiesto, si no en salud si en otros frentes con la visita del gobernador a las obras inconclusas como el Tropical Park y el Megacolegio del Cemed, entre otros, apenas cuando en enero se estaba poniendo al frente de un departamento que requería de una atención muy especial después de pasar de ‘mano en mano’, léase de encargado en encargado, cada uno de ellos, por motivos de la indefinida temporalidad, es decir, al no saber hasta cuando iban a estar al frente del encargo, no solucionaron de fondo la mayoría de los problemas y además algunos conquistaron muchos cuestionamientos.

Al gobernador Hawkins se le veía, desde que comenzó su periodo, con grandes deseos de no defraudar la esperanza que representaba para quienes creyeron en él y votaron a su favor y a los que no, y para ser sincero, para este escritor, que, aunque no votó por él, también preveía una buena gestión, aunque por escuela periodística prefiere estar lo más lejos posible del gobierno para conservar la credibilidad.

Pero aquí lo importante es que hay porque creer que Hawkins sigue siendo una esperanza, cuando supere la investigación en su contra, ya que es de conocimiento público que es un hombre experimentado en sector público, abogado, es decir con bagaje intelectual, entre otras muchas virtudes, por eso es al menos extraño, que conociendo la situación de la salud, porque se recuerda que jugó un papel protagónico en el pasado, no hubiera empezado desde los primeros días de enero a buscar la aprobación de la Asamblea para el proyecto de la Empresa Social del Estado como nuevo modelo de salud para el departamento con lo que se hubiera ganado terreno para enfrentar de mejor manera la pandemia de covid19, que afectó al mundo entero desde marzo.

Era importante que el gobernador hubiera empezado el proceso de cambio desde mucho antes a la aprobación del proyecto de la ESE porque se conocía que la IPS Universitaria se iría al finalizar el mes de julio de 2020 y ante la falta de seguridad en lo que se venía encima, le tocó al gobierno hacer rogativas a la IPS Universitaria para que se quedara hasta enero de 2021, a lo cual respondieron negativamente y como gran cosa aceptaron atender hasta finales de octubre. Posteriormente y por gestión del representante Jorge Méndez ante el ministerio de la Salud, aceptaron quedarse hasta enero tal como se había previsto desde el principio.

La sanción le tocó a Hawkins porque es el gobernador de turno, no porque sea culpable de todo el histórico de desatención en salud. Recibió una problemática enorme que era imposible solucionar en ocho meses y además con pandemia, aunque se sabe que ‘dura es la ley, pero es la ley’.

Así las cosas, en este momento se impone hacer honor a la verdad, sin tratar de buscar justificaciones o de poner en la ‘picota pública’ a una persona a la que se debe dar el tiempo necesario para que defina su realidad frente a la justicia y pueda posteriormente desarrollar lo que seguramente tiene en sus planes hacer en beneficio del departamento.