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“No me entregaron el informe de empalme, ni del inventario y el problema de medicamentos continúa”: Veedor Villarreal Herrera

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Antonio Colmenares Martínez

El veedor en salud del departamento Archipiélago, Héctor Villarreal Herrera, denunció que ni como miembro de lo junta directiva, ni como veedor lo tuvieron en cuenta para entregarle copia del informe de empalme, ni del inventario existente, especialmente de farmacia, dos meses después de haber comenzado la operación de la ESE Departamental que reemplazó desde el primero de febrero a Sermedic y a la IPS Universitaria y además informó que el problema de entrega de medicamentos continúa igual en el Hospital Clarence Lynd Newball.

Villarreal Herrera, hizo parte de la junta directiva provisional de la ESE, en representación de la comunidad, pero su permanencia terminó el primero de abril.

¿Qué hizo en la junta directiva de la ESE Departamental?

Desde la junta directiva de la Ese pude continuar con el proceso de defensa de nuestros derechos en la salud. Hice muchas gestiones, peleé, reclamé para que nos entreguen los medicamentos.

¿Mejoró con la ESE la entrega de medicamentos?

La creación de la Empresa Social del Estado se ha tenido con la idea del ‘salvavidas’ para que nuestro sistema de salud mejore, pero ha habido mucha deficiencia, siguen las vulneraciones en cuanto a la entrega de los medicamentos, no hay medicamentos en la farmacia, los usuarios todos los días se quejan, hay mucha vulneración.

Siempre defendí la comunidad, siempre estuvo como prioridad el tema de medicamentos.

¿Qué responde la gerencia?

Le solicité a la gerente Hilary Rodríguez, un informe de empalme de la entrega de la IPS Universitaria a la Empresa Social del Estado -ESE-, en lo que tiene que ver con medicamentos, materiales médico quirúrgicos y para saber que medicamentos de alta rotación había porque tuve conocimiento de que quedaron muchos medicamentos de baja rotación.

Quería tener el informe para saber las fechas de vencimiento y las fechas en que se recibieron esos medicamentos, pero hasta hoy no me han entregado esa información.

¿Es decir, que ni como miembro de la junta directiva ni como veedor conoce el documento de empalme o el inventario?

En el mes de octubre nosotros aprobamos un recurso de 300 millones de pesos para el proceso de empalme que debía arrancar en noviembre o diciembre porque la ESE empezaba a operar el 31 de enero y en diciembre había que hacer ajustes de rutina dentro de la ESE y la gerente me dijo, hace unos días, que todavía están en proceso de inventario.

En mi experiencia, no debió demorarse tanto ese proceso porque fui trabajador de Caprecom y fui quien entregó las bodegas a la IPS Universitaria y me demoré 20 días para entregar ese inventario. No se porque hasta la fecha siguen en proceso de inventario si ya Sermedic se fue. No entiendo porque este proceso se hizo de esta manera.

¿Quiere decir que no hay informe de recibo y entrega?

No hay un informe general de cómo se recibió el Hospital y si lo hay no ha habido voluntad de la administración del Hospital para entregar ese informe.

La semana pasada nos citaron a los miembros de junta, pero la estadía mía como miembro de la junta directiva era hasta el primero de abril y pasó el tiempo y no recibí el documento que debe ser detallado y formalizado que se pueda estudiar porque aparte de ser miembro de la junta soy veedor ciudadano y las normas me dan la facultad para investigar.

No hay un informe claro, lo único cierto es que los pacientes siguen con problemas de medicamentos, tengo casos como los de la familia Yabrudi que no les han dado los medicamentos necesarios para que la salud de ellos progrese. Seguimos en las mismas.

Aparte del problema con los medicamentos hay deterioro en el hospital, ¿qué se hace al respecto por parte de la ESE?

Me he dado a la tarea de ir personalmente al Hospital y soy testigo de que hay mucho deterioro, hay camas oxidadas, las sillas están acabadas, no se sabe de qué manera se puede solucionar o ante quien acudir, porque si no nos ‘come’ el covid19, nos van a matar las bacterias, nos va a infectar el óxido.

No ha habido ninguna entidad de control o autoridad que obligue a que se hagan los mantenimientos, no lo ha habido.

¿Seguirá en la junta directiva?

Me volví a postular para formar parte de la junta directiva como representante de la comunidad porque quiero seguir defendiendo el proceso de salud en el departamento ayudando a mi comunidad.

Se va a organizar lo referente a los nueve miembros de la junta porque se requiere que le ‘metamos mano’ a eso.

Quiero decirle a la comunidad que me den el voto de confianza para seguir luchando y buscando beneficios para todos en el tema de salud. Quiero continuar.

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Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

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A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

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Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

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Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

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Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

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Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

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