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Noviembre 19, ocho años después del fallo del despojo

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Antonio Colmenares Martínez

El 19 de noviembre de 2012, hace exactamente ocho años, quedó en la mente de los habitantes del Archipiélago como un día nefasto en la historia de esta parte del Caribe occidental por cuenta de la decisión que tomaron los 14 jueces de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, decisión considerada por la gran mayoría de los pobladores de las islas, como absurda, injusta e inconsecuente, al negarle la posesión a Colombia de más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial.

Colombia no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Los gobiernos ni se inmutan cuando pierden territorio. Hoy Colombia es mucho menos que lo que era hasta las 10 de la mañana del 19 de noviembre de 2012. Solo el amor por el país mantiene la bandera completa en el corazón.

Los habitantes de las islas, ese 19 de noviembre, pasaron en cuestión de un minuto del júbilo al escuchar que era ratificada la posesión de los cayos e islotes al drama de escuchar que le quitaban gran parte del mar ancestral que guardará por siempre muchas aventuras y proezas marinas, recuerdos, idilios y hasta muertos.

Este mar es la herencia que han recibido los raizales, de generación en generación y que de la noche a la mañana se desvanecía entre argumentos jurídicos lanzados por las bocas de unos señores que ni siquiera conocen esta parte del mundo.

Las reacciones de rabia, impotencia e indignación no se hicieron esperar y se han mantenido silenciosas, agazapadas a la espera de lo que puede venir con las nuevas reclamaciones de Nicaragua y las pésimas gestiones de la siempre perdedora cancillería colombiana. Los hombres y mujeres curtidos de salitre y sol, se negaban y se niegan a asimilar la estrepitosa derrota que es una tragedia que no termina de superarse.

Los indignados habitantes de las islas aún no se reponían del golpe inicial de la lectura del fallo cuando arribó al atardecer del mismo 19 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos, con actitud de ‘apaga incendios’, acompañado por la canciller María Ángela Holguín. Traían el ‘agua tibia’ lista para aplicar los pañitos con el fin de atender la crisis originada con esta especie de tsunami jurídico.

Las protestas desde el primer minuto fueron contra el gobierno al frente del Hotel Aquarium, donde se alojó el jefe de Estado y que por varias horas fue convertido en un ‘cuartel de crisis’ para evaluar la situación. Y al siguiente día hicieron aparición las frases del presidente: “Desde anoche estamos aquí dando la cara, evaluando las consecuencias del fallo de ayer, estuvimos expresando nuestra solidaridad y compartiendo el dolor que están sintiendo todos los habitantes del Archipiélago”. Frases almibaradas y vacías de soluciones. Santos solo intentaba con verborrea ‘cubrir la espalda’ de la ineficiente y mediocre delegación de diplomáticos colombianos que fueron a La Haya con la tarea de demostrar y argumentar la propiedad y la soberanía del Archipiélago sobre sus aguas jurisdiccionales, pero que regresaron vencidos por un solo diplomático nicaragüense que hizo a fondo su labor y les ganó.

Marcha de las camisas negras

El fallo unió a todos en las islas, raizales, colombianos continentales, árabes, judíos, que se tomaron las calles de San Andrés.

Más de diez mil almas inconformes por el fallo de La Corte Internacional de Justicia de La Haya, marcharon con camisas negras y pidiendo que el gobierno les permitiera la autonomía porque sienten que Colombia no los ha protegido.

Este fue un hecho sin precedentes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Arengas y alusiones contra la que consideran fue una mediocre defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, que, en teoría, llevó a este pueblo raizal a perder su herencia ancestral, se desprendieron de una multitudinaria marcha de, al menos, diez mil personas, que circuló por las vías de San Andrés, desde las 3:30 del viernes 23 de noviembre del 2012.

La multitud se congregó, frente a la Iglesia Bautista Central y se desplazó hasta el monumento a los soldados isleños caídos en la guerra contra el Perú y que está ubicado frente al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

Los raizales enarbolaron su bandera que contiene tres estrellas blancas grandes que simbolizan a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en medio de un rectángulo azul marino en donde están ‘enclavados’ triángulos verde esperanza, amarillo riqueza, blanco de paz y un círculo rojo con una cruz blanca que alude a la espiritualidad de los creoles.

Ni Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, llegó ese mismo viernes temprano y hacia el mediodía caminó por el centro, saludando y agachando un poco la cabeza para que el ala de su sombrero envigadeño le tapara la cara cuando le gritaron ¡go home! -vete a casa-.

El exmandatario, respondió en el salón de la Asamblea, hasta donde llegó a pie para reunirse con los diferentes sectores de la sociedad insular. “Estoy aquí para pedirles que no acepten que el presidente Santos acate el fallo de La Haya. Es un absurdo jurídico, es un adefesio y hay que estar firmes en la defensa de toda la jurisdicción de la patria”, insistió.

Pero algunos de quienes intervinieron le recordaron y le ‘echaron en cara’ que en el 2007 pudo haber cambiado la historia y que de los 11 años que cumplió la demanda de Nicaragua, él estuvo ocho en el poder y no hizo nada. Uribe se defendió, pero el ambiente no era propicio para estas andanadas de intereses políticos tratando de dar soluciones y marcar rutas hacia la recuperación de un patrimonio a punto de perderse.

Por eso cuando Uribe quiso participar en la marcha, a las tres de tarde, la presión de los contradictores y los constantes reclamos lo obligaron a desviar con su comitiva por la segunda esquina que encontró. Se fue saludando a quienes aún lo tienen dentro de sus afectos y dándoles la mano a los niños que se asombraban de ver por primera vez a un expresidente de verdad en actitud de escape.

También en Bogotá

¡Presidente, la patria se defiende!, le gritaban a Santos por las calles de Bogotá. Una gran muestra de solidaridad para con el pueblo raizal isleño demostró la ciudadanía de la capital del país en la congregación del Parque El Virrey.

Con banderas del Archipiélago, caras pintadas y hasta personas emocionadas que lloraron al sentir tristeza y vergüenza por el olvido en que se ha tenido a la comunidad isleña, se hicieron presentes muchos atendiendo la convocatoria y otros que simplemente pasaban por la ciclovía y preferían quedarse a apoyar la justa causa.

Los isleños que residen en Bogotá se dieron cita casi en forma masiva y lanzaron las arengas y frases todas exigiendo al gobierno que no acate el fallo de la Corte Internacional de Justicia porque atenta contra los intereses básicos de los pescadores especialmente de Providencia.

Algunas personas manifestaron dudas acerca de la medición hecha por los 14 magistrados de la CIJ, pues dicen algunos expertos que no hay un estudio geodésico puntual, no se dan las coordenadas concretas sobre los límites y solo hay proyecciones.

Ocho años después no se conocen las decisiones del gobierno nacional sobre el tema y hay mucho pesimismo sobre los resultados en La Haya sobre las dos nuevas reclamaciones de Nicaragua, primero porque alegan que el fallo del 2012 no se cumplió y porque ahora vienen por más del territorio insular colombiano.

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Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

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A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

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Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

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Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

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Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

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Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

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