La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

Foto Cortesía

La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.