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Procuraduría delegada para vigilancia preventiva entregó información sobre presuntos hallazgos en contratación que incluye posibles inhabilidades e incompatibilidades en el Archipiélago

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La Procuraduría Delegada Vigilancia Preventiva de la Función Pública en su segundo informe de contratación con fecha 23 de diciembre en la jurisdicción del Archipiélago, encontró que, durante 2019, en SAI se suscribieron 3.509 contratos de prestación de servicios profesionales, de los cuales 3.457 (98,5%) fueron suscritos por Entidades del orden territorial, mientras que los contratos restantes fueron celebrados por la Cámara de Comercio de SAI y por Organismos de control.

Además, durante 2020, en SAI se suscribieron 3.857 contratos, de los cuales 3.476 (90,1%) fueron suscritos por entidades del orden territorial y 331 (8,6%) por Entidades del orden nacional. Los demás contratos fueron celebrados por la Cámara de Comercio y por Organismos de Control.

De esta información, el 69,8% de contratos celebrados en 2020 (2.692) corresponden a apoyo a gestión, mientras que para el 2019 el porcentaje era del 97,4%.

En 2019 y en 2020, los contratos de prestación de servicios para apoyo a la gestión son en un 99% contratación de la Gobernación y de la Alcaldía de Providencia,

Recomendación

La Procuraduría recomendó remitir para investigación los casos de presuntas inhabilidades e incompatibilidades y exhortó al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a reevaluar y restructurar el modelo de empleo público, de gestión del talento humano y de contratistas de prestación de servicios en el Departamento Archipiélago, considerando los resultados de la vigilancia preventiva e invitar al Departamento Administrativo de la Función Pública para que asesore, acompañe y capacite a las Gobernación del Departamento Archipiélago y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina en las políticas y disposiciones sobre la gestión del talento humano, la organización y el funcionamiento de la administración pública.

Providencia

En el caso de la Alcaldía de Providencia la Procuraduría invitó a un análisis adicional, considerando que, de conformidad con el DANE, la Isla cuenta con una población cercana a los 6.000 habitantes y la Alcaldía celebró 1699 contratos de prestación de servicios para el año 2019 y 1311 para el año 2020.

Se evidenció el impacto del Estado en términos de ingresos en la población de Providencia y sus hogares, considerando que se registran 1.545 hogares con un promedio de 2,7 habitantes por hogar.

Contratos de servicios profesionales

En el año 2020 se identificaron 549 contratos de prestación de servicios profesionales, 214 de la Gobernación y 330 de la Alcaldía de Providencia, que cumplen las tres condiciones que se refieren al apoyo a gestión, tienen una duración de 8 meses o más y los honorarios diarios son al menos iguales a los que se perciben por cuenta de un salario mínimo legal vigente de 20205

En el contexto del Archipiélago, el personal contratado por prestación de servicios profesionales representa el 85% del total de funcionarios de planta de la Gobernación, y en el caso de la Alcaldía de Providencia, el personal por prestación de servicios es más de 4 veces el tamaño de la nómina.

La Procuraduría considera que se hace necesario evaluar el modelo de empleo público y de vinculación con el Estado por medio de contratos de prestación de servicios en el Departamento Archipiélago, y en especial, en la Isla de Providencia; dado que los datos demuestran una necesidad respecto de la plata de personal dentro de las respectivas Entidades, según el análisis de redes, logradas a partir del cruce de bases de datos de SIGEP y SECOP I y II.

Presuntas inhabilidades e incompatibilidades

La Procuraduría informó que también se hallaron presuntas inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado o con circunstancias que afectan la transparencia en el ejercicio de la función pública.

En uno de los casos se involucró a la esposa del exsecretario de Turismo de Providencia que aparece como contratista de la Alcaldía de Providencia.

Se trata del funcionario Marcos Antonio Robinson Newball, quien fue secretario de Turismo hasta diciembre de 2019 y la observación de la Procuraduría indica que Janeth Henry Archbold, tiene contrato con la Alcaldía del Municipio de Providencia, siendo esposa de Marcos Antonio Robinson Newball.

En este caso la Procuraduría indicó que en caso de comprobarse lo anterior, se configuraría la incompatibilidad del literal b del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que las personas no podrán celebrar contratos con una entidad cuando “tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Para esta confirmación deben observarse las fechas de suscripción de nómina y contratos de las personas involucradas.

Otro caso referenciado por la Procuraduría, el esposo y el padre de la subdirectora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible -Coralina-, son contratistas de la Gobernación y de la Alcaldía de Providencia.

Se trata de Magda Manuela Masquita Mckeller y según el ente de control, el esposo de la funcionaria, Richard Albert Francis Beltrán, tiene un contrato con la Gobernación de San Andrés. Además, el papá de la funcionaria, Luis Carlos Masquitta Salazar, también tiene un contrato con la Gobernación de San Andrés y otro con la Alcaldía de Providencia.

Asegura la Procuraduría que, en este caso, inicialmente no existe ninguna inhabilidad o incompatibilidad. No obstante, considerando que Coralina es la máxima autoridad ambiental en el Departamento Archipiélago y que uno de los contratos tiene por objeto la protección de áreas pesqueras, es necesario verificar las respectivas actuaciones tanto de la funcionaria como del contratista para verificar si existe o no un conflicto de interés, así como el alcance específico de las labores realizadas por los distintos actores.

El tercer caso relacionado por la Procuraduría, el esposo de directiva de la Gobernación tiene contrato con la Gobernación. Se trata de Jenyffer Villalba, quien se desempeña como directiva de la Gobernación del Archipiélago y el esposo Munir Elías Cusse Arana tiene un contrato con la Gobernación y observa la Procuraduría que en caso de comprobarse lo anterior, se configuraría la incompatibilidad porque las personas no podrán celebrar contratos con una entidad cuando “tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Financiadores

En lo que tiene que ver con los financiadores de campañas políticas, advierte la Procuraduría que ‘no es aplicable la inhabilidad de financiadores de campañas políticas dado que estos son contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además del hecho que ninguno superó el aporte del 2%, de conformidad con lo establecido por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016, algunos los financiadores de campaña sí suscribieron contratos con las Entidades Estatales de las circunscripciones electorales del candidato apoyado que salió electo’.

La información de la delegada incluye en este ítem a Shanna Lee Livingston Serrato, $36,570,080, Contratación Directa OPS, además de Carol J. Manrique Mendoza, $33,518,000, Contratación Directa OPS, Kareny Cardona Christopher, $21,546,327, Yenis M. Céspedes Espitia, $14,831,467, Franklyn José Villarreal Herrera, $13,407,380, estos con la gobernación y con la Empresa de Energía – EEDAS. S.A., a Lincoln Restrepo Hawkins Esquivel, $13,779,850.

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San Andrés se fortalece con turismo, comercio y pesca como motores clave

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En un giro positivo para el archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina muestran signos alentadores de recuperación en sus sectores clave: turismo, comercio y pesca.

Después de un 2022 y parte de 2023 marcado por la crisis económica, principalmente afectada por la pandemia de COVID-19 y la desaparición de aerolíneas low cost, las islas se encaminan hacia una revitalización.

Según Jennifer Yepes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, a pesar de la pérdida de conectividad, el turismo ha mostrado una mejora significativa, cerrando el año pasado con 983.000 turistas y manteniendo una tendencia positiva en enero y febrero de 2024.

El secretario departamental de turismo, Ricardo Camacho, resalta que el turismo, tras experimentar altibajos en 2023, ha iniciado el año con un aumento de frecuencias de empresas como Avianca y Latam. Estrategias enfocadas en mejoras de infraestructura turística, promoción a nivel nacional e internacional, así como la participación en ferias especializadas, buscan potenciar este sector a lo largo del año.

Las cifras de la Secretaría de Turismo evidencian una recuperación rápida, con diciembre de 2023 alcanzando niveles similares a diciembre de 2022, a pesar de la crisis comercial por el cierre de aerolíneas. Más de 983.000 turistas visitaron el archipiélago al cierre del pasado año.

Por otro lado, el comercio, estrechamente vinculado al turismo, muestra indicios prometedores. La Cámara de Comercio de San Andrés cuenta con más de 12.000 establecimientos activos, y las renovaciones de matrícula mercantil en 2023 alcanzaron las 10.750, señalando un horizonte optimista para el comercio en 2024.

Finalmente, la pesca, otro pilar económico, recibe un fortalecimiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Actividades de control y monitoreo en pesca artesanal e industrial, así como campañas contra la pesca ilegal, demuestran el compromiso por preservar y potenciar este sector crucial.

En conjunto, estas señales positivas sugieren que San Andrés, Providencia y Santa Catalina están encaminando su recuperación económica en 2024, construyendo un futuro más sólido para las islas.

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

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