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Procuraduría delegada para vigilancia preventiva entregó información sobre presuntos hallazgos en contratación que incluye posibles inhabilidades e incompatibilidades en el Archipiélago

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La Procuraduría Delegada Vigilancia Preventiva de la Función Pública en su segundo informe de contratación con fecha 23 de diciembre en la jurisdicción del Archipiélago, encontró que, durante 2019, en SAI se suscribieron 3.509 contratos de prestación de servicios profesionales, de los cuales 3.457 (98,5%) fueron suscritos por Entidades del orden territorial, mientras que los contratos restantes fueron celebrados por la Cámara de Comercio de SAI y por Organismos de control.

Además, durante 2020, en SAI se suscribieron 3.857 contratos, de los cuales 3.476 (90,1%) fueron suscritos por entidades del orden territorial y 331 (8,6%) por Entidades del orden nacional. Los demás contratos fueron celebrados por la Cámara de Comercio y por Organismos de Control.

De esta información, el 69,8% de contratos celebrados en 2020 (2.692) corresponden a apoyo a gestión, mientras que para el 2019 el porcentaje era del 97,4%.

En 2019 y en 2020, los contratos de prestación de servicios para apoyo a la gestión son en un 99% contratación de la Gobernación y de la Alcaldía de Providencia,

Recomendación

La Procuraduría recomendó remitir para investigación los casos de presuntas inhabilidades e incompatibilidades y exhortó al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a reevaluar y restructurar el modelo de empleo público, de gestión del talento humano y de contratistas de prestación de servicios en el Departamento Archipiélago, considerando los resultados de la vigilancia preventiva e invitar al Departamento Administrativo de la Función Pública para que asesore, acompañe y capacite a las Gobernación del Departamento Archipiélago y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina en las políticas y disposiciones sobre la gestión del talento humano, la organización y el funcionamiento de la administración pública.

Providencia

En el caso de la Alcaldía de Providencia la Procuraduría invitó a un análisis adicional, considerando que, de conformidad con el DANE, la Isla cuenta con una población cercana a los 6.000 habitantes y la Alcaldía celebró 1699 contratos de prestación de servicios para el año 2019 y 1311 para el año 2020.

Se evidenció el impacto del Estado en términos de ingresos en la población de Providencia y sus hogares, considerando que se registran 1.545 hogares con un promedio de 2,7 habitantes por hogar.

Contratos de servicios profesionales

En el año 2020 se identificaron 549 contratos de prestación de servicios profesionales, 214 de la Gobernación y 330 de la Alcaldía de Providencia, que cumplen las tres condiciones que se refieren al apoyo a gestión, tienen una duración de 8 meses o más y los honorarios diarios son al menos iguales a los que se perciben por cuenta de un salario mínimo legal vigente de 20205

En el contexto del Archipiélago, el personal contratado por prestación de servicios profesionales representa el 85% del total de funcionarios de planta de la Gobernación, y en el caso de la Alcaldía de Providencia, el personal por prestación de servicios es más de 4 veces el tamaño de la nómina.

La Procuraduría considera que se hace necesario evaluar el modelo de empleo público y de vinculación con el Estado por medio de contratos de prestación de servicios en el Departamento Archipiélago, y en especial, en la Isla de Providencia; dado que los datos demuestran una necesidad respecto de la plata de personal dentro de las respectivas Entidades, según el análisis de redes, logradas a partir del cruce de bases de datos de SIGEP y SECOP I y II.

Presuntas inhabilidades e incompatibilidades

La Procuraduría informó que también se hallaron presuntas inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado o con circunstancias que afectan la transparencia en el ejercicio de la función pública.

En uno de los casos se involucró a la esposa del exsecretario de Turismo de Providencia que aparece como contratista de la Alcaldía de Providencia.

Se trata del funcionario Marcos Antonio Robinson Newball, quien fue secretario de Turismo hasta diciembre de 2019 y la observación de la Procuraduría indica que Janeth Henry Archbold, tiene contrato con la Alcaldía del Municipio de Providencia, siendo esposa de Marcos Antonio Robinson Newball.

En este caso la Procuraduría indicó que en caso de comprobarse lo anterior, se configuraría la incompatibilidad del literal b del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que las personas no podrán celebrar contratos con una entidad cuando “tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Para esta confirmación deben observarse las fechas de suscripción de nómina y contratos de las personas involucradas.

Otro caso referenciado por la Procuraduría, el esposo y el padre de la subdirectora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible -Coralina-, son contratistas de la Gobernación y de la Alcaldía de Providencia.

Se trata de Magda Manuela Masquita Mckeller y según el ente de control, el esposo de la funcionaria, Richard Albert Francis Beltrán, tiene un contrato con la Gobernación de San Andrés. Además, el papá de la funcionaria, Luis Carlos Masquitta Salazar, también tiene un contrato con la Gobernación de San Andrés y otro con la Alcaldía de Providencia.

Asegura la Procuraduría que, en este caso, inicialmente no existe ninguna inhabilidad o incompatibilidad. No obstante, considerando que Coralina es la máxima autoridad ambiental en el Departamento Archipiélago y que uno de los contratos tiene por objeto la protección de áreas pesqueras, es necesario verificar las respectivas actuaciones tanto de la funcionaria como del contratista para verificar si existe o no un conflicto de interés, así como el alcance específico de las labores realizadas por los distintos actores.

El tercer caso relacionado por la Procuraduría, el esposo de directiva de la Gobernación tiene contrato con la Gobernación. Se trata de Jenyffer Villalba, quien se desempeña como directiva de la Gobernación del Archipiélago y el esposo Munir Elías Cusse Arana tiene un contrato con la Gobernación y observa la Procuraduría que en caso de comprobarse lo anterior, se configuraría la incompatibilidad porque las personas no podrán celebrar contratos con una entidad cuando “tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Financiadores

En lo que tiene que ver con los financiadores de campañas políticas, advierte la Procuraduría que ‘no es aplicable la inhabilidad de financiadores de campañas políticas dado que estos son contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además del hecho que ninguno superó el aporte del 2%, de conformidad con lo establecido por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016, algunos los financiadores de campaña sí suscribieron contratos con las Entidades Estatales de las circunscripciones electorales del candidato apoyado que salió electo’.

La información de la delegada incluye en este ítem a Shanna Lee Livingston Serrato, $36,570,080, Contratación Directa OPS, además de Carol J. Manrique Mendoza, $33,518,000, Contratación Directa OPS, Kareny Cardona Christopher, $21,546,327, Yenis M. Céspedes Espitia, $14,831,467, Franklyn José Villarreal Herrera, $13,407,380, estos con la gobernación y con la Empresa de Energía – EEDAS. S.A., a Lincoln Restrepo Hawkins Esquivel, $13,779,850.

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Tribunal Contencioso administrativo suspendió de manera provisional los efectos de la elección de presidente de la Asamblea

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La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

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Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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Justiniano Brown Bryan

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

 

Foto Cortesía

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«Continúa labores la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago»: IGAC

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La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.

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