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Procuraduría formula cargos contra Julio Gallardo por el ‘Cartel de la Toga’

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La investigación revela que el exrepresentante a la Cámara habría pagado $200 millones a cambio de torcer una decisión judicial a su favor

La Procuraduría formuló pliego de cargos al exrepresentante a la Cámara entre 2014 y 2018 Julio Eugenio Gallardo Archbold por presuntamente haber pagado $200 millones a la organización criminal que se conoció como el Cartel de la toga, la cual torcía expedientes en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados y abogados, a quienes congresistas y gobernadores investigados pagaban millonarios sobornos.

La investigación revela que el excongresista sostuvo presuntamente reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno (exfiscal anticorrupción) entre 2014 y 2015, y le entregó $200 millones para que intercediera y buscara la forma de favorecerlo en un proceso penal que se seguía en su contra. Este dinero habría sido repartido entre Moreno y el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos.

Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y el excongresista pidió a Moreno la devolución del dinero. Este último le regresó el soborno, pero igual lo mencionó una vez empezó a ventilar nombres para recibir beneficios judiciales. Es de recordar que por estos mismos hechos un juzgado de Bogotá lo condenó en abril de 2022.

Gallardo Archbold también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. La investigación se centra en un supuesto incremento patrimonial injustificado que habría tenido lugar entre los años 2007 y 2020.

Tomado de: El Espectador

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

  1. ↩︎
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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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