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Procuraduría imputó cargos a título de ‘culpa grave’ contra Marcela Sjogreen

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Antonio Colmenares Martínez

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Marcela Adita Sjogreen Velasco, en su calidad de secretaría de Agricultura y Pesca durante las vigencias 2012 y 22013, por el presunto pago de subsidios de pesca a empresarios, abogados, contratistas, profesionales, comerciantes y pensionados, que aparecieron en la base de datos como pescadores artesanales.

La investigación comenzó con fundamento en el oficio firmado por la gerente departamental de la Contraloría, Lilia Palomino López, enviado a la Procuraduría y en que se ponen en conocimiento los hallazgos disciplinarios tras comparar la base de datos entregada por el Banco Agrario de Colombia, entidad pagadora de los subsidios, con la información entregada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- que relacionaba el componente pesquero del Plan Archipiélago, creado por motivo de los efectos del fallo de Corte Internacional de Justicia con sede La Haya.

Pliego de cargos

En el pliego de cargos se establece que, con los soportes recaudados se determinó un detrimento al patrimonio del Estado de mil 209 millones 600 mil pesos, que equivale al 18,35 por ciento del total pagado a beneficiarios que figuran como excluidos, verificándose que se hicieron 295 pagos por 531 millones de pesos, a personas que aparecen suspendidas de las bases de datos.

El cierre de la investigación disciplinaria se cerró según documento del 11 de noviembre de 2018, tan pronto como se agotó el término probatorio.

La conducta que se investigó para determinar la responsabilidad disciplinaria de Marcela Adita Sjogreen Velasco, se fundamenta en que, como secretaria de Agricultura y Pesca omitió la verificación de las personas que fueron incluidas como beneficiarias del subsidio de pescadores artesanales, permitiendo que resultaran favorecidos “reconocidos funcionarios públicos, contratistas, abogados y profesionales de otras áreas y además personas suspendidas o excluidas de las listas del DPS. 

Finalidad del subsidio

De acuerdo con lo establecido por el Coordinador de Sostenibilidad Estratégica del Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, Enrique Camargo Cortés, “la finalidad del subsidio es para que llegue a los pescadores nacionales colombianos que tengan como actividad principal, habitual y regular la pesca artesanal comercial en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que con ocasión del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, hayan afectado su actividad pesquera y consecuentemente sus ingresos.

La identificación de potenciales beneficiarios la realizan las asociaciones y cooperativas de pescadores legalmente constituidas e inscritas en la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago, quienes certifican ante el Comité de Apoyo y Acompañamiento para la inclusión en el listado censal de pescadores comerciales artesanales.

La Secretaría de Agricultura y Pesca envía en papelería oficial de la gobernación, el listado de los pescadores que según su criterio se encuentran aptos para el pago”, indica el documento.

DPS y el subsidio

El DPS en la resolución 2117 del 21 de diciembre de 2012 determinó que se otorgará subsidio a los pescadores que hacen parte del componente pesquero artesanal del Plan Archipiélago y explica que se dará subsidio mensual de un millón 800 mil pesos por un periodo de seis meses.

Pero había condiciones como pertenecer a una cooperativa, capacitarse, mantener la actividad, no se tenían en cuenta funcionarios de planta de entidades públicas o privadas, los pescadores judicializados o condenados penalmente no eran candidatos para el subsidio, entre otras.

Excluidos y suspendidos 

El DPS detectó que, a pesar de repetir las condiciones hubo contravención de los lineamientos porque evidenció registro de excluidos y suspendidos como los abogados Carlos Arturo Cantero Quintana, quien figura como suspendido del programa, Charlie Alfonso Ritchie Mcnish y otros profesionales como Dido Dixon Williams Nelson, Erlid Rafael Arroyo Newball, Fabio Palacio Howard, Antonio Sjogreen Pablo.

Servidores públicos

Según los documentos del DPS, estaban en la lista y fueron excluidos, Andrés Avelino Meza Villareal, quien laboraba en el Infotep; Gionjossy Villa Davis, servidor público de la Rama Judicial; Eleuterio Archbold Hawkins, quien se encontraba vinculado con la alcaldía de Providencia; Eldita Florisa Petterson Mosquito, funcionaria de la Aerocivil.

Aparecen otros nombres con una fecha de pago como Randolph Duke Bush, Santiago Mattos Ruiz, Diana Sjogreen Smith, Warren Areiza Villa, Rafael Fernando Atephens Bowie, Rafael Enrique Acosta Webster, Abraham Lincon Bent Manrique, Carlos Antonio Thyme James, Daya Jay Robinson, Ilmo Francisco Archbold Archbold, Eligio Escobar Alcalá, Ching Sang Jay Robinson, Norvel París Smith Bent, Elarico James Smith, Orlando James Bernard, 

A otros no les pagaban

Dentro de las quejas se encuentra que, por el contrario, hubo a quienes, siendo legítimos beneficiarios, no les pagaban como es el caso de Álvaro Ovalle Rendón, a quien, a pesar de estar inscrito.

La Procuraduría destacó que es fácil colegir que, mientras que no cumplían requisitos eran beneficiados y les pagaban el subsidio, “a otros, como el señor Ovalle Rendón le han efectuado un solo pago, pese a que efectivamente si cumple con los requisitos legales exigidos”.

“Soy inocente”: Marcela Sjogreen

La exsecretaria de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago, Marcela Adita Sjogreen Velasco, sobre estas acusaciones dijo: “De acuerdo con lo decidido por la Contraloría, no existió detrimento patrimonial alguno porque quienes adujeron su condición de pescadores artesanales acreditaron esa condición y fue el Departamento de Prosperidad Social quien efectuó la verificación, razones por las cuales en mi condición de secretaria de Agricultura y Pesca, en aquella época, hice lo que legalmente me correspondía, cumplí cabalmente con mis deberes, realicé las actividades que correspondían, razones por las cuales mi conducta ya fue juzgada y considerada acorde con el ordenamiento jurídico”.

Defensa

El 20 de noviembre de 2020 la firma de abogados Alberto Morales Támara Morales Asociados, envió, dentro de los términos establecidos, una carta a la Procuradora Regional y a la Procuraduría General de la Nación, con referencia a las acusaciones contra Marcela Adita Sjogreen Velasco, documento en el que rinde descargos y solicita la práctica de pruebas en el término legal previsto.

Manifiesta la defensa que se debe absolver a Marcela Adita Sjogreen Velasco porque los elementos estructurales de la falta disciplinaria que se le imputa “no se configuran desde el punto de vista objetivo”.

En otro aparte del documento la defensa reclama la inocencia de Marcela Adita Sjogreen Velasco porque “no tenía el deber funcional de verificar la genuidad (sic) de la información pues esta labor correspondía única y exclusivamente al Departamento para la Prosperidad Social con fundamento en la información que suministraban las cooperativas pesqueras”.

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Fiscalía desarticuló grupo delincuencial «Los Andariegos», dedicados al tráfico ilegal de migrantes en San Andrés y otras regiones del país

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A la organización criminal que se le atribuyen 42 eventos ilícitos de tráfico de migrantes, en los que fueron trasladados de manera clandestina 1.082 ciudadanos extranjeros, quedó en evidencia gracias a las labores investigativas articuladas de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, con apoyo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés (ICE/HSI).

Se trata de ‘Los Andariegos’, una estructura señalada de garantizarles a los migrantes transporte, hospedaje, alimentación y salida del país para seguir su camino a Estados Unidos. Los elementos de prueba indican que la red disponía de dos rutas. La primera, movilizaba a los extranjeros en buses de turismo y de servicio interdepartamental desde Ipiales (Nariño) hasta Necoclí (Antioquia), para posteriormente pasarlos por el denominado ‘Tapón del Darién’ a Panamá.

El otro trayecto, denominado VIP, era ofrecido exclusivamente a ciudadanos de China, que eran recogidos en Tulcán (Ecuador) y llevados por vía terrestre a Medellín (Antioquia), donde les proporcionaban tiquetes aéreos para que volaran a San Andrés Islas. Allí, los embarcaban para llegar a países de Centroamérica.

En procedimientos realizados simultáneamente en Bello, Sabaneta y Envigado (Antioquia) fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de ‘Los Andariegos’, entre ellos, el señalado cabecilla, identificado como Cristian Camilo Rivera Pérez. Este hombre tendría a su cargo la coordinación de lo relacionado con el alojamiento y traslado de los extranjeros.

También fueron detenidos Jesús Nolberto González Bedoya, Reina Marisol Quiceno Aguirre, Nelson Flórez y Francia Elena Ortiz Gaviria, quienes serían los responsables del brindar hospedaje y alojamiento en Cartago (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia); Paula Andrea Serna Pérez y Jorge Alexander Cañarte Arcila, empleados de una empresa de transporte intermunicipal; y David Jesé Rodríguez Suescún, taxista que movilizaba a los migrantes en Medellín.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas ocho personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Adicionalmente, al cabecilla le fue imputado el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Seis de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Cañarte Arcila y Rodríguez Suescún seguirán vinculados a la investigación.

  • Esta información la publica la Fiscalía General de la Nación por razones de interés general.
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Colombia Mayor: Más de 1.000 adultos mayores en San Andrés reciben el subsidio

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La directora regional de Prosperidad Social en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Khaterine Rhenals Trespalacio (@KhateRhenals), informó que desde este 19 de julio hasta el 1° de agosto se realizará el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor.

“Colombia Mayor avanza para proteger a nuestros adultos mayores. Para los beneficiarios menores de 80 años, la transferencia será de 80 mil pesos, y dignificamos la renta para mayores de 80 años, aumentando el valor a 225 mil pesos, conforme lo estableció el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro”, afirmó Rhenals Trespalacio.

1.115 adultos mayores del departamento, que se benefician del programa, recibirán la transferencia a través del operador de pagos SuperGIROS. Para este ciclo, Prosperidad social invirtió más de 139 millones de pesos.

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor – “Colombia Mayor” busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Para reclamar estos recursos los beneficiarios deben tener en cuenta que:

  • Prosperidad Social no cobra dinero alguno por hacer parte del programa Colombia Mayor.
  • No debe pagar ni adquirir productos al momento de realizar el cobro.
  • Acercarse al punto de pago con su documento de identidad original.
  • Al teléfono celular registrado en el sistema de información, llegará la notificación de pago y el monto.
  • Antes de retirarse de la ventanilla de pago, cuente el dinero, solicite la tirilla y verifique que corresponda con la suma señalada en el mensaje de notificación de pago.
  • Las personas mayores de 90 años o con dificultades de salud, que les impida moverse, pueden solicitar el pago a domicilio, para lo cual SuperGIROS se encarga de coordinar la entrega.
  • Además, que si ha cambiado sus datos de contacto (teléfono y dirección) puede actualizarlos con el enlace del programa en las alcaldías municipales y locales, o a través de la línea telefónica nacional 018000951100.
  • Consulte los puntos de pago en todo el país, aquí:
    https://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2024/SGPP/TM/ColombiaMayor/DirectorioNacionalSG_SRCiclo6-2024.pdf
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Ante posible inicio del fenómeno La Niña, Gobierno Nacional lanza plan de alistamiento y respuesta que asciende a $7 billones

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Ante la probabilidad de llegada del fenómeno de La Niña para el trimestre agosto-octubre de este año, el Gobierno lanzó la estrategia nacional y el plan de preparación para la respuesta ante los posibles eventos asociados a este fenómeno que puedan presentarse en las regiones, de acuerdo con las proyecciones de lluvias en el país.

El plan nacional de alistamiento, respuesta y seguimiento para afrontar La Niña se estima en $7 billones.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, indicó que el sistema ya cuenta con un plan operativo para responder a la fase de alistamiento.

“Tenemos una fase de alistamiento que, pues es la que ya pasó, en donde se recopilan los insumos de los sectores y pues aquí quiero destacar la participación activa de todos los sectores del Gobierno nacional y también los aportes de los sistemas departamentales de gestión del riesgo», dijo Carrillo.

Agregó que “en esa fase de alistamiento hay convenios con las fuerzas operativas, con las Fuerzas Armadas y con los organismos de socorro».

Destacó que en este plan trabajan de manera articulada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Carrillo advirtió que, según los históricos nacionales del fenómeno de La Niña, el país debe prepararse para 2.624 posibles eventos, en promedio 15 eventos diarios, la mayoría asociados a inundaciones, movimientos en masa y vendavales.

“Desde la Unidad proyectamos afectaciones en 550.000 familias, 16.000 viviendas destruidas, 224.000 viviendas averiadas, 2.201.423 hectáreas de cultivos comprometidas y 6.184.771 animales afectados», aseguró Carrillo.

Ante posible inicio del fenómeno La Niña, Gobierno Nacional lanza plan de alistamiento y respuesta que asciende a $7 billones

Hizo énfasis en que a la fecha nueve departamentos aún no han presentado sus informes de gestión del riesgo para enfrentar el fenómeno naturala pesar de que se extendió el plazo hasta el 30 de junio.

Estos entes territoriales, a los cuales pidió presentar los informes, son Córdoba, Caquetá, Guainía, La Guajira, Santander, San Andrés Isla, Risaralda, Vaupés y Vichada.

Por su parte, la directora general del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, dio a conocer las regiones que podrían ser las más afectadas por el fenómeno.

“Las regiones donde esperamos que fuera mayor el impacto de este fenómeno son la región Pacífica, Caribe y Andina.  La región Orinoquía y la región Amazonía históricamente —muestran nuestros análisis es​tadísticos y los datos que tenemos de monitoreo— es que estas dos regiones no se ven afectadas por el fenómeno», manifestó.

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