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Procuraduría imputó cargos a título de ‘culpa grave’ contra Marcela Sjogreen

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Antonio Colmenares Martínez

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Marcela Adita Sjogreen Velasco, en su calidad de secretaría de Agricultura y Pesca durante las vigencias 2012 y 22013, por el presunto pago de subsidios de pesca a empresarios, abogados, contratistas, profesionales, comerciantes y pensionados, que aparecieron en la base de datos como pescadores artesanales.

La investigación comenzó con fundamento en el oficio firmado por la gerente departamental de la Contraloría, Lilia Palomino López, enviado a la Procuraduría y en que se ponen en conocimiento los hallazgos disciplinarios tras comparar la base de datos entregada por el Banco Agrario de Colombia, entidad pagadora de los subsidios, con la información entregada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- que relacionaba el componente pesquero del Plan Archipiélago, creado por motivo de los efectos del fallo de Corte Internacional de Justicia con sede La Haya.

Pliego de cargos

En el pliego de cargos se establece que, con los soportes recaudados se determinó un detrimento al patrimonio del Estado de mil 209 millones 600 mil pesos, que equivale al 18,35 por ciento del total pagado a beneficiarios que figuran como excluidos, verificándose que se hicieron 295 pagos por 531 millones de pesos, a personas que aparecen suspendidas de las bases de datos.

El cierre de la investigación disciplinaria se cerró según documento del 11 de noviembre de 2018, tan pronto como se agotó el término probatorio.

La conducta que se investigó para determinar la responsabilidad disciplinaria de Marcela Adita Sjogreen Velasco, se fundamenta en que, como secretaria de Agricultura y Pesca omitió la verificación de las personas que fueron incluidas como beneficiarias del subsidio de pescadores artesanales, permitiendo que resultaran favorecidos “reconocidos funcionarios públicos, contratistas, abogados y profesionales de otras áreas y además personas suspendidas o excluidas de las listas del DPS. 

Finalidad del subsidio

De acuerdo con lo establecido por el Coordinador de Sostenibilidad Estratégica del Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, Enrique Camargo Cortés, “la finalidad del subsidio es para que llegue a los pescadores nacionales colombianos que tengan como actividad principal, habitual y regular la pesca artesanal comercial en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que con ocasión del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, hayan afectado su actividad pesquera y consecuentemente sus ingresos.

La identificación de potenciales beneficiarios la realizan las asociaciones y cooperativas de pescadores legalmente constituidas e inscritas en la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago, quienes certifican ante el Comité de Apoyo y Acompañamiento para la inclusión en el listado censal de pescadores comerciales artesanales.

La Secretaría de Agricultura y Pesca envía en papelería oficial de la gobernación, el listado de los pescadores que según su criterio se encuentran aptos para el pago”, indica el documento.

DPS y el subsidio

El DPS en la resolución 2117 del 21 de diciembre de 2012 determinó que se otorgará subsidio a los pescadores que hacen parte del componente pesquero artesanal del Plan Archipiélago y explica que se dará subsidio mensual de un millón 800 mil pesos por un periodo de seis meses.

Pero había condiciones como pertenecer a una cooperativa, capacitarse, mantener la actividad, no se tenían en cuenta funcionarios de planta de entidades públicas o privadas, los pescadores judicializados o condenados penalmente no eran candidatos para el subsidio, entre otras.

Excluidos y suspendidos 

El DPS detectó que, a pesar de repetir las condiciones hubo contravención de los lineamientos porque evidenció registro de excluidos y suspendidos como los abogados Carlos Arturo Cantero Quintana, quien figura como suspendido del programa, Charlie Alfonso Ritchie Mcnish y otros profesionales como Dido Dixon Williams Nelson, Erlid Rafael Arroyo Newball, Fabio Palacio Howard, Antonio Sjogreen Pablo.

Servidores públicos

Según los documentos del DPS, estaban en la lista y fueron excluidos, Andrés Avelino Meza Villareal, quien laboraba en el Infotep; Gionjossy Villa Davis, servidor público de la Rama Judicial; Eleuterio Archbold Hawkins, quien se encontraba vinculado con la alcaldía de Providencia; Eldita Florisa Petterson Mosquito, funcionaria de la Aerocivil.

Aparecen otros nombres con una fecha de pago como Randolph Duke Bush, Santiago Mattos Ruiz, Diana Sjogreen Smith, Warren Areiza Villa, Rafael Fernando Atephens Bowie, Rafael Enrique Acosta Webster, Abraham Lincon Bent Manrique, Carlos Antonio Thyme James, Daya Jay Robinson, Ilmo Francisco Archbold Archbold, Eligio Escobar Alcalá, Ching Sang Jay Robinson, Norvel París Smith Bent, Elarico James Smith, Orlando James Bernard, 

A otros no les pagaban

Dentro de las quejas se encuentra que, por el contrario, hubo a quienes, siendo legítimos beneficiarios, no les pagaban como es el caso de Álvaro Ovalle Rendón, a quien, a pesar de estar inscrito.

La Procuraduría destacó que es fácil colegir que, mientras que no cumplían requisitos eran beneficiados y les pagaban el subsidio, “a otros, como el señor Ovalle Rendón le han efectuado un solo pago, pese a que efectivamente si cumple con los requisitos legales exigidos”.

“Soy inocente”: Marcela Sjogreen

La exsecretaria de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago, Marcela Adita Sjogreen Velasco, sobre estas acusaciones dijo: “De acuerdo con lo decidido por la Contraloría, no existió detrimento patrimonial alguno porque quienes adujeron su condición de pescadores artesanales acreditaron esa condición y fue el Departamento de Prosperidad Social quien efectuó la verificación, razones por las cuales en mi condición de secretaria de Agricultura y Pesca, en aquella época, hice lo que legalmente me correspondía, cumplí cabalmente con mis deberes, realicé las actividades que correspondían, razones por las cuales mi conducta ya fue juzgada y considerada acorde con el ordenamiento jurídico”.

Defensa

El 20 de noviembre de 2020 la firma de abogados Alberto Morales Támara Morales Asociados, envió, dentro de los términos establecidos, una carta a la Procuradora Regional y a la Procuraduría General de la Nación, con referencia a las acusaciones contra Marcela Adita Sjogreen Velasco, documento en el que rinde descargos y solicita la práctica de pruebas en el término legal previsto.

Manifiesta la defensa que se debe absolver a Marcela Adita Sjogreen Velasco porque los elementos estructurales de la falta disciplinaria que se le imputa “no se configuran desde el punto de vista objetivo”.

En otro aparte del documento la defensa reclama la inocencia de Marcela Adita Sjogreen Velasco porque “no tenía el deber funcional de verificar la genuidad (sic) de la información pues esta labor correspondía única y exclusivamente al Departamento para la Prosperidad Social con fundamento en la información que suministraban las cooperativas pesqueras”.

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Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

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A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

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Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

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Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

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Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

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Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

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